Bolívia

Aa
Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
$.-

La democracia atraviesa un momento crítico por el interés de ampliar el mandato del presidente Evo Morales de manera indefinida.

El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó a Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera a postularse a un nuevo período de cinco años, cuando el Artículo 168 de la Constitución señala que sólo pueden ser "reelectos de manera continua por una sola vez". Morales y García cumplen tres gestiones de gobierno.

En este contexto los medios de información sufren permanente acoso, asfixia financiera y amenazas.

El ataque más frecuente es la calificación de "opositores" a periodistas y medios independientes y ese mensaje hostil se traduce en una incitación a sectores afines al gobierno para golpear, despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales.

Desde 2016, una campaña organizada desde el gobierno y ejecutada por funcionarios, legisladores del oficialismo y organizaciones sociales intenta desvirtuar el trabajo de investigación periodística al calificar como "cártel de la mentira" a comunicadores, diarios y radioemisoras independientes.

El presidente Morales ha declarado a la prensa como su "enemigo número uno", además de calificar a los periodistas como "terroristas mediáticos".

Entre 2010 y 2017, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) reportó un total de 291 agresiones físicas, verbales y amenazas contra periodistas y medios.

Desde el año 2010 el gobierno promulgó normas contra los medios como la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. El Artículo 16 sanciona con la suspensión de hasta un año al medio que autorice la publicación de ideas que, en opinión de la autoridad sean consideradas racistas.

Ante el riesgo de cierre, las empresas periodísticas optaron por autocensurarse suprimiendo espacios de comentarios de los lectores en los portales de internet y reemplazándolos con un lenguaje de signos de aprobación, reprobación o emoticones.

El vicepresidente García Liner, pidió enjuiciar a una mujer por actitudes racistas, pero cuando los periodistas preguntaron si se sancionará también la agresión de un viceministro encargado de luchar contra el racismo a una mujer, ignoró la consulta y se retiró de la conferencia de prensa.

Desde octubre de 2010 se obliga a radios, canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias a difundir de manera gratuita campañas de gobierno con enormes costos.

Suman 12 leyes y decretos que obligan a los medios a convertirse en portavoces de promoción de políticas gubernamentales, sin retribución alguna. Cada una de las leyes impone la obligación de publicar en los diarios los avisos gratuitos en espacios de mayor valor comercial y el control está dirigido solo a medios con una posición editorial crítica respecto del gobierno.

Todo esto pese a que el Artículo 46 de la Carta Magna expresa que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y sin justa retribución.

Para algunos diarios pequeños esta obligación equivale hasta un 30 por ciento de los espacios publicitarios.

La asignación de publicidad estatal excluye a medios que cuestionan las actuaciones de los gobernantes, al extremo de que hubo medios que despidieron a varios periodistas de investigación y análisis por el temor de perder los anuncios oficiales.

"Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades", expresó el presidente Morales en 2017.

Entidades gubernamentales como el Servicio de Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Reparto, la Autoridad de Empresas, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la Autoridad de Fiscalización del Juego, las direcciones departamentales de Trabajo y el Viceministerio de Políticas Comunicacionales encargado de fiscalizar la difusión de avisos gratuitos, realizan inspecciones y aplican multas inexplicables a los medios.

Un grupo de dirigentes sindicales afín al gobierno impulsa un seguro de vida para periodistas financiado por los medios privados con el uno por ciento del ingreso real y efectivo de los medios, el que estará administrado por el gobierno y sindicalistas cercanos al presidente Morales.

Los diarios medianos y pequeños tendrían que renunciar a un 40 por ciento de sus utilidades anuales, mientras los diarios grandes hasta a un 20 por ciento. En caso de aplicarse la medida, los medios deben pagar aportes retroactivos a más de tres años.

Un diagnóstico de la ANP señala que muchos medios corren el riesgo de quiebra o se prevé un despido masivo de trabajadores.

Otros hechos sobresalientes:

En noviembre el gerente general de la estatal Empresa Azucarera de San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo Vargas, anunció la "próxima desaparición" del periódico El Diario y lanzó amenazas contra la prensa que cuestionó la inversión y los resultados de la industria financiada con recursos públicos.

Bajo el título "A la prensa canalla", Lizondo escribió una columna en un diario gubernamental en la que acusa a periodistas y medios de "mentir y difamar".

En diciembre la ANP consideró al proyecto de ley de "información responsable", que presentaron cuatro legisladores del oficialismo, como un intento de censura al penalizar el trabajo periodístico con el propósito de encarcelar a periodistas y ejecutivos de medios de información.

Posteriormente en enero la ANP lamentó haber sido excluida del diálogo entre los presidentes de las cámaras legislativas con un sector del gremio periodístico en relación al Código del Sistema Penal.

El 28 de febrero, el presidente de la ANP, Marcelo Miralles Iporre, denunció ante la CIDH reunida en Bogotá, la asfixia financiera contra medios de parte del gobierno, así como la censura manipulada a través de la publicidad estatal y la autocensura promovida por leyes.

En marzo durante una transmisión en cadena pagada y difundida por ocho radioemisoras, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, acusó a las radios Global, Antena 2000, La Plata y al periódico Correo del Sur de desinformar y minimizar la noticia sobre la apertura del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO) en Sucre.

En marzo la ANP denunció que la tentativa de homicidio contra el periodista de Villa Montes (Tarija), Adolfo Yavarí, terminó con una sanción simple por lesiones graves o leves que benefició al agresor con un proceso abreviado y su liberación.

El 20 de marzo el camarógrafo de Abya Yala Televisión, Freddy Ticona, sufrió heridas en el muslo izquierdo y en el brazo, mientras la periodista Helen San Román, fue agredida y despojada de su equipo de trabajo. La acción fue atribuida a cultivadores de hoja de coca de la zona de los Yungas del departamento de La Paz.

A fines de marzo la periodista María Luz Sacari y su camarógrafo Adrián Toro, ambos de la Red de Televisión PAT - Oruro, fueron amenazados de muerte tras ser agredidos por familiares de una acusada por presunta coautoría intelectual del asesinato de dos militares.

Compartí

0