Guatemala

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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En este período se ha intensificado la polarización entre quienes apoyan y no el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como al Comisionado Iván Velásquez.

Los ataques a los medios informativos independientes se han intensificado desde las altas esferas del gobierno, que ha buscado apoyo en otros actores políticos como el alcalde de la Ciudad de Guatemala y ex presidente Alvaro Arzú, un enemigo declarado de la libertad de prensa. El alcalde ha sobrevivido a dos solicitudes de antejuicio (proceso que quita inmunidad y permite ser investigado) solicitadas por CICIG (peculado y financiamiento electoral ilícito) y un ex empleado municipal (por incitación a la violencia). En ambos casos, las pruebas en su contra se consideraban suficientes para realizar la investigación pero no fueron validadas por las cortes.

También se ha incrementado la presión económica sobre medios independientes. Los anunciantes son coaccionados para no colocar pauta en ellos por su posición en contra de la corrupción. También hay anunciantes que consideran que denunciar la corrupción genera un mal ambiente para los negocios.

Existen estrategias legales para limitar la libertad de expresión en el país mediante la Ley Electoral y de Partidos Políticos (vigente) y la iniciativa 5239 contra actos terroristas, actualmente en el Congreso.

Se ha avanzado en las investigaciones y acusaciones relacionadas con el asesinato de Danilo López, reportero de Prensa Libre y Marvin Túnchez, reportero de una radio local en Mazatenango. Se encuentran enfrentando juicio el diputado oficialista Julio Juárez, así como otros miembros de esta banda, incluyendo el autor material de los hechos. Asimismo, el gobierno de EE.UU. sancionó con la Ley Global Magnitsky al diputado Juárez el 21 de diciembre de 2017.

Lamentablemente, dos periodistas fueron asesinados en este período. Se trata de Laurent Ángel Castillo, de 28 años, colaborador de Nuestro Diario y su acompañante, Luis Alfredo de León Miranda, ex colaborador de la radio "Coaltepec", quienes fueron asesinados el 1 de febrero en Santo Domingo Suchitepéquez. Se desconoce el móvil del asesinato.

Luego que el presidente Jimmy Morales quiso expulsar en agosto de 2017 a Velásquez, el titular de la CICIG, pero fue bloqueado por la Corte Constitucional, este insistió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que retiren al Comisionado.

La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, visitó a varios funcionarios guatemaltecos y al presidente Morales, y respaldó a la CICIG, al comisionado Velásquez, pero sugirió que los casos que lleva la CICIG y el Ministerio Público (MP) no fueran "mediatizados".

Thelma Aldana, titular del MP, indicó que continuarán las conferencias de prensa para informar sobre casos relevantes y los involucrados.

Esto ha generado ataques sistemáticos contra medios y periodistas. Estos ataques se realizan en redes sociales, por medio de "netcenters" del gobierno que tienen cientos de cuentas inexistentes, así como de "influencers" contratados para el efecto y ataques directos contra periodistas. El 6 de noviembre 2017, varios periodistas acompañados de la representante para Guatemala del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que pidieron al MP investigar los ataques.

Tanto el presidente Morales como el alcalde Arzú, han sido involucrados por la CICIG y el MP en actos de corrupción. Los procesos de antejuicio no prosperan, pero han acercado a otros.

En un acto conjunto y ante las fuerzas de reserva del Ejército, el alcalde Arzú dijo que: "Guatemala es un pueblo hoy difamado [...], pero es difamado por nosotros mismos, por nuestros medios informativos [...]" y "[...] por eso es que tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas, vamos a tener la suficiente pasión, definición y fuerza para recomponer y hacer renacer nuestra patria".

El 10 de enero en un acto público, el presidente Morales acusó a Mario Antonio Sandoval, presidente del canal Guatevisión y vicepresidente de Prensa Libre, atribuyéndole la frase "las noticias malas se venden solas y por las buenas noticias hay que pagar". Este tipo de ataques se han repetido hacia otros medios y periodistas, tanto por autoridades como por los "netcenters".

En el Congreso se encuentra la propuesta 5239, Ley Contra Actos Terroristas, que establece "una pena de entre 10 y 20 años de prisión contra quienes "con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y cualquier otro utilicen medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de generar temor, causar alarma, intimidar o compeler al Estado o Gobierno".

Esta propuesta aún no ha sido llevada al pleno, pero cuenta con la aprobación de la comisión de gobernación.

La nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que la propaganda será pagada con recursos del Estado por medio del Tribunal Supremo Electoral y tendrá una tarifa equivalente al 20% del promedio efectivo de la publcidad comercial y no podrá tener ningún tipo de limitación para ser publicada o transmitida.

Incluye a todos los medios tradicionales o alternativos. Los que deseen tener pauta política deberán registrarse en el TSE. También prohibe la publicación de resultados de encuestas electorales 15 días antes de las elecciones, lo cual viola el derecho de la población a ser informados; por la forma en que está redactada esta ley, existe el riesgo que las noticias, columnas de opinión, u opiniones en programas radiales y televisivos sean considerados propaganda electoral lo cual generaría acciones legales en contra de los medios, sus gerentes, directores y socios.

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