Honduras

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Informe de la Reunión de Medio Año 2018
Medellín, Colombia
13-15 de abril
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La libertad de prensa sufrió graves retrocesos en este período debido a la crisis política tras las elecciones generales de noviembre registrándose numerosas amenazas y agresiones contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos e instalaciones de medios de comunicación, perpetradas por manifestantes y fuerzas de seguridad.

Las agresiones afectaron a periodistas de medios nacionales e internacionales, como UneTV, Canal 6, Canal 11, Cholusat, Televicentro, HCH, Radio Progreso, Radio Globo, Univisión, Telesur, HispanTV, diarios El Heraldo, La Tribuna, y La Prensa, entre otros.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó que "Honduras continúa siendo unos de los países más peligrosos en la región para ejercer el periodismo." Su informe detalla gran cantidad de asesinatos, atentados, agresiones y amenazas contra periodistas y resalta que la alta impunidad genera autocensura.

Entre noviembre y diciembre el gobierno declaró un estado de excepción con la consecuente suspensión de las libertades de asociación, reunión, circulación y libertad de expresión. Se produjeron dentro de ese período ataques y amenazas a medios, asesinatos y lesiones a manifestantes debido al uso excesivo de la fuerza policial. Algunos manifestantes fueron detenidos, imputados por terrorismo y se prohibió el ingreso de periodistas extranjeros.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) reveló que un promedio del 64% de la propaganda electoral (84% en diarios) fue pagada por el candidato oficialista y actual Presidente. La Misión observó la desigualdad entre el "la campaña del Partido Nacional (PNH), a gran distancia del Partido Liberal (PLH) y la Alianza de Oposición" y una frecuente confusión entre Gobierno y Partido Nacional en la distribución de bienes o beneficios en el marco de programas sociales del Estado, lo que generó críticas sobre la discriminación de los recursos por parte del Gobierno.

La discrecionalidad que existe en el manejo de la publicidad oficial y las restricciones a la información pública, componen un mecanismo perverso de censura indirecta. Se mantienen vigentes leyes que restringen el acceso como la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia Nacional.

Una propuesta de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), para reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos sigue siendo ignorada por el Poder Legislativo.

Siguen en vigencia la criminalización de críticas a funcionarios públicos sobre asuntos de interés público. Incluyen la calumnia, injuria y difamación, figuras agravadas por la reforma Código Penal.

El Colegio de Periodistas, entre otras organizaciones, denunció campañas sistemáticas de odio contra medios y periodistas difundidas a través de redes sociales y portales de internet, en su mayoría relacionadas a la crisis poselectoral. Varios periodistas denunciaron ante el Ministerio Público estas campañas acusando a organizamos del propio Estado. Las investigaciones todavía no arrojaron resultados.

Un proyecto de ley ante el Congreso sobre la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y las Redes Sociales establece obligaciones a los administradores de sitios web y sanciones de hasta $42,000 para intermediarios, así como la suspensión y el bloqueo del sitio digital. La SIP y otras organizaciones expresaron que cualquier legislación sobre la materia debe cumplir con estándares internacionales.

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han advertido sobre la existencia de campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos y periodistas impulsadas por funcionarios jerárquicos. Una fue en contra del sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, Director de Radio Progreso, medio que también fue objeto de atentados.

Otros hechos sobresalientes:

El 23 de octubre fue asesinado Carlos Oveniel Lara Domínguez, quien se desempeñaba como camarógrafo del Canal 12 Telemaya en la localidad La Entrada, del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

En diciembre Los periodistas estadounidenses Jihan Hafiz y Reed Lindsay, y el británico Ed Augustin, fueron retenidos durante 24 horas en el Aeropuerto de Tegucigalpa sin que las autoridades migratorias explicaran la razón de su deportación del país al día siguiente.

El 1 de diciembre agentes de la Policía Militar agredieron al camarógrafo David Matute, de Marte TV en el municipio de Comayagua en la zona central del país.

El 2 de diciembre el periodista Bladimir Rivera del canal Prensa fue agredido por agentes de la Policía durante su cobertura informativa al sur de Honduras.

La periodista Sarah Kinosian, quien escribe para el diario británico The Guardian y labora para la BBC y el noticiero Democracy Now, denuncio que fue golpeada por un policía mientras cubría una protesta.

El 11 de diciembre se denunció el sabotaje de la antena y torre de transmisión de Radio Progreso en la ciudad de Tegucigalpa, las cuales fueron derribadas impidiendo sus transmisiones en la zona.

El 11 de diciembre un vehículo de Canal 11 en la ciudad de Choluteca recibió varios disparos mientras cubría protestas en la zona resultando ilesa la corresponsal Nilda Sosa y su camarógrafo.

El 18 de diciembre, desconocidos atacaron e incendiaron las instalaciones del canal Choluvisión en la ciudad de Choluteca.

El 23 de diciembre fue asesinado de varios disparos el locutor de radio Osmin Omar Solís Ortiz en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro.

El 12 de enero, durante la cobertura de protestas cerca de Casa Presidencial, los periodistas Cesar Silva y Rony Martínez de UneTV, así como el camarógrafo Pedro Amador, fueron agredidos por la Seguridad del Estado, que además les destruyeron sus equipos. En el incidente también fue agredida la periodista Claudia Mendoza, corresponsal de Univisión.

El 20 de enero se reportó la agresión por parte de autoridades policiales del periodista Dassaev Aguilar, corresponsal de HispanTV. El periodista sufrió heridas y fractura en una de sus piernas.

El 13 de febrero el periodista Cesar Silva de UNETV fue objeto de un atentado durante una transmisión en vivo. Silva fue atacado por un individuo portando un cuchillo. El agresor huyó del lugar a pesar de que al momento del ataque estaban presentes miembros de la Policía Nacional que omitieron su arresto.

El 22 de febrero la agencia Associated Press presentó un recurso legal contra un intento de funcionarios policiales de obtener el registro de llamadas telefónicas de uno de sus periodistas para identificar las fuentes de un reportaje sobre presunta corrupción policial. La AP denunció que además de romper la reserva de la fuente, se pretendió intimidar al periodista.

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