Nicaragua: la libertad de prensa y el contexto política se han agravado

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La cultura oficial del secreto que frena la entrega de información a los medios, la ausencia de conferencias de prensa por parte del Presidente, así como el uso discriminatorio de las licencias y frecuencias de operación y de la publicidad estatal, son algunas de las violaciones denunciadas.
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Informe sobre Nicaragua de la Reunión de Medio Año
Medellín, Colombia
13-15 de abril de 2018

La situación de la libertad de prensa y el contexto política se han agravado en este período.

La Fundación Alemana Bertelsmann colocó al país entre los cinco donde ya no hay democracia. Entre las razones menciona que las últimas elecciones presidenciales se realizaron sin competencia, en las que el presidente Daniel Ortega alcanzó el 72.4% de los votos y obtuvo 70 diputados de los 90 que tiene la Asamblea.

Se firmó un convenio con la OEA para mejorar el sistema electoral y las instituciones del país, pero en tres años no se ha sabido sobre sus avances. En diciembre el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, firmante de ese Convenio, fue sancionado por EE.UU. con la ley Global Magnitsky. Como respuesta, el gobierno de Ortega lo dejó en su cargo, pero le quitó todas las funciones propias de la Presidencia y se las pasó al vicepresidente del organismo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH puntualizó su preocupación por la libertad de prensa lo que coincide con estos informes, por las siguientes violaciones: La cultura del secreto que impide entregar toda clase de información oficial a los medios independientes, la falta de conferencias de prensa por parte de Ortega en 10 años en el poder y las represalias contra funcionarios cuando ofrecen declaraciones a un medio independiente. Además, los medios televisados están controlados por un duopolio compuesto por la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González y se hace uso discriminatorio de las licencias y frecuencias de operación, así como de la publicidad estatal.

El 13 de marzo la esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, anunció que se deberán regular las redes sociales para prevenir la violencia y las noticias falsas. Insistió en que se debe modificar el marco jurídico porque hay que "proteger a la niñez, a los jóvenes, del mundo de las noticias falsas" ya que las redes sociales representan "amenazas" para la familia.

Aunque los funcionarios hablan de un amplio debate con diferentes sectores sobre la regulación de las redes sociales, los únicos invitados a dar su opinión fueron instituciones oficiales como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Policía Nacional, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). También participaron del debate en la Asamblea grupos empresariales y organizaciones religiosas afines al gobierno. Todavía no se ha presentado un anteproyecto de ley.

Después del anuncio hubo un rechazo generalizado a la censura de las redes sociales tanto de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil como de abogados independientes.

La organización Amcham (Cámara de Comercio Nicaragüense Americana) expresó que el control de redes sociales sería un golpe para el libre comercio. Mientras tanto, el obispo Abelardo Mate, portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, rechazaron cualquier regulación.

Ante el rechazo generalizado, la vicepresidenta Murillo negó que trate de imponer la censura en las redes sociales: "En ningún momento nadie ha planteado un debate para limitar ese intercambio que se da entre las personas a través de los distintos mecanismos de información".

La Policía, Fiscalía y Procuraduría callaron sobre la consulta de si se debe regular el ciberacoso y las noticias falsas en las redes sociales.

Desde hace un tiempo una página web y una cuenta en Facebook llamada "Nicaleaks" apoyada por el oficialismo, se dedican a acosar e injuriar a los opositores al gobierno. Luego apareció otra cuenta en Facebook llamada Política 505, en la que además de injuriar a personeros de los poderes del Estado, se denuncian los actos de corrupción. Las publicaciones de esta página habrían motivado la reacción del gobierno.

En las elecciones municipales de noviembre de 2017 en las que hubo un gran abstencionismo por falta de credibilidad del sistema electoral, de las 153 alcaldías, el FSLN ganó 135, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 11, Ciudadanos por la Libertad 6 y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) ganó una.

El FSLN perdió la Alcaldía de El Cúa, propietaria de Radio Bosawas, una emisora manejada con fines propagandísticos sobre las gestiones y obras de la misma Alcaldía. El ente regulador TELCOR canceló el 7 de diciembre la licencia de operación de la radiodifusora y confiscó todos sus equipos alegando que la radio había cambiado sus equipos a mil kilowatts cuando solo tenía licencia para 250. El artículo 70 de la ley 200 que controla esta materia dice que solo se puede cancelar la licencia cuando se ha sancionado al medio en tres ocasiones. La resolución es de septiembre, pero fue publicada después que el FSLN perdió la elección en ese municipio.

Todas las alcaldías que perdió el FSLN fueron saqueadas y el gobierno central les redujo la transferencia de dinero en un 50%, sin explicación.

La periodista de La Prensa, Martha Vásquez Larios, ha sido víctima de represalias del Poder Judicial después de publicar información sobre los incrementos de gastos en la Corte Suprema de Justicia, basados en el Presupuesto General de la República para gastos de mantenimiento de vehículos. A la periodista le fue negado el acceso a dependencias del Poder Judicial.

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