Diosdado Cabello obliga a pagar a 'El Nacional' una demanda por daño moral

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Un tribunal de Caracas rechazó la apelación del diario y lo multó al pago de unos 12.500 dólares.
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FLORANTONIA SINGER
Caracas 5 JUN 2018 - 21:48 EDT
5 JUN 2018 - 21:48 EDT
El País

Un tribunal de Caracas ha declarado improcedente una apelación interpuesta por El Nacional para defenderse de la demanda iniciada en 2015 por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv. El número dos de Nicolás Maduro había llevado a los tribunales al único diario de circulación nacional independiente por haber hecho eco de un reportaje del periódico español ABC en el que se le vinculó al narcotráfico y se exhibieron algunos negocios ilícitos.

La sentencia confirma el daño moral y obliga al periódico a pagar una multa de 1.000 millones de bolívares (12.500 dólares a la tasa controlada por el Gobierno). Aunque la decisión puede ser apelada por los directivos de la empresa, la decisión judicial pone fin a la querella entre uno de los hombres más poderosos del país y el único diario de circulación nacional crítico con el régimen de Maduro.

Pedro Carreño, uno de los integrantes de la Asamblea Constituyente, el parlamento paralelo creado por Maduro, ha dicho, sin haber notificado a las partes la decisión, que durante el juicio se solicitó una medida que implica que el diario pasaría a manos de Cabello en caso de que El Nacional no pague la multa.

"El daño moral se causó en 2015 y se va a determinar la cuantía de este monto para que la derecha reaccionaria no ande satanizando, criminalizando y estigmatizando a los ciudadanos. Lo único que se les pidió es que presentaran pruebas de que Diosdado Cabello es narcotraficante. No las tienen", dijo Carreño este martes en un programa de televisión, la vía por la cual se supo de la sentencia dictada el 30 de mayo.

Para los directivos del medio las declaraciones del constituyente son una muestra más de las violaciones que ha habido en el proceso judicial. "Es una total irregularidad que antes de ser notificados nosotros de una supuesta sentencia, se la entreguen a Pedro Carreño para que él la lea en un programa de televisión. A nosotros no nos han entregado una sentencia ni hemos sido notificados. Es un hecho que no ocurre en ningún país del mundo", aseveró Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario.

"Es un claro atentado contra la libertad de expresión. El Nacional siempre ha sido un periódico que dice la verdad, un periódico crítico, que publica las cosas que suceden en el país y seguiremos escribiendo acerca de las cosas que suceden en el país, que podemos ver lo catastróficas que son en este gobierno", agregó Otero.

Otros dos medios, el semanario Tal Cual -que ya dejó de circular por falta de papel y ahora solo mantiene la versión digital- y el portal La Patilla también fueron demandados por publicar el reportaje de ABC basado en declaraciones del exjefe de escoltas de Cabello. Por esta demanda los directivos tienen medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales y algunos de ellos están en el exilio por la amenaza de encarcelamiento tras esta acción judicial, como es el caso de Otero.

Dos medidas de restricción que afectan a El Nacional han sido dictadas en el último mes. Conatel, el organismo que regula las telecomunicaciones, emitió una medida sancionatoria contra la página web del medio por supuestos mensajes que "desconocen a las autoridades legítimamente constituidas e incitan al odio". La decisión se hizo después de las polémicas presidenciales del 20 de mayo.

Cabello emprendió una batalla similar contra el Wall Street Journal por un reportaje que también lo vincula al narcotráfico y al llamado Cartel de los Soles que fue desarmado en abril. El poderoso hombre del chavismo perdió en los juzgados estadounidenses.

Hace dos semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, finalmente incluyó a Cabello en su lista de sancionados y congeló los bienes de su supuesto testaferro en Florida y Nueva York. Según el Gobierno estadounidense, el funcionario venezolano está involucrado en una extensa y poderosa red de extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas a través de empresas estatales, que también ha penetrado la Fuerza Armada al punto de bloquear radares militares para facilitar la movilización aérea de cocaína.

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