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E
n s a y o p
o r J
a c k F u l l e r
En
1997, fue nombrado Presidente de la compañía
Tribune Publishing. Empezó como mensajero en el Chicago
Tribune a los 16 años. Posteriormente trabajó
como reportero del Tribune en Chicago y Washington, D.C.
Ganó el Premio Pulitzer por sus notas editoriales
en 1986. En 1989, fue nombrado director del Chicago Tribune,
y luego editor y principal ejecutivo. Se graduó en
periodismo en Northwestern University y de doctor en derecho
en la Universidad de Yale. Es miembro del directorio de
la Fundación Robert R. McCormick, de la Junta de
Directores de la SIP; de la junta directiva de los Premios
Pulitzer, y de la Academia Norte-americana de Artes y Ciencias.
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Un
director o editor estadounidense no tiene que asistir a muchas reuniones
de la Sociedad Interamericana de Prensa para reconocer con humildad
que los periodistas de otros países a menudo toman más riesgos que
nosotros en defensa de la libertad de prensa. Lo más que nos ha
tocado a quienes ejercemos en Estados Unidos, es correr el riesgo
de ser encarcelados breve y simbólicamente hasta que algún tribunal
declare ese castigo improcedente de acuerdo con la Constitución.
Posiblemente hemos tenido una batalla legal sobre algún pleito de
calumnia o de abuso del derecho de intimidad. Pero en estos casos,
aunque las consecuencias puedan ser graves, solo se trata de dinero
y las leyes nos rodean con muchas defensas.
El
cuadro es diferente en muchos lugares de Latinoamérica. Los periodistas
y directores de periódicos con frecuencia tienen que convertirse
en héroes (literalmente)-si desean publicar la verdad. Pueden enfrentar
amenazas del gobierno; o no tener amparo legal. O bien pueden sentir
la violencia desatada por personas anónimas, que actúan por encargo
de algún poderoso, a quienes jamás se les aplica la ley. A veces
hasta las familias de los periodistas están en peligro.
Vivimos
un momento histórico en la escala del potencial humano, presenciando
el desarrollo en tantos lugares de las instituciones democráticas.
No obstante, cada país es diferente como también lo es cada sistema
legal. Como lo demuestra esta obra extraordinaria, es difícil generalizar
sobre el estado de la libertad de prensa en el hemisferio. Cada
sistema individual lleva la huella de su historia única. Cada institución
democrática ha surgido de circunstancias sociales, culturales y
políticas únicas. Pero es absolutamente vital que toda persona interesada
en la libertad de prensa tenga acceso a la información sobre la
variada naturaleza de las amenazas y sobre las protecciones legales
que son esenciales para su defensa.
Aunque
la batalla por la libertad de prensa en los Estados Unidos le parezca
relativamente dócil a nuestros colegas latinoamericanos, sí existen
algunos retos serios.
Ante
todo, el gobierno persiste en imponer a los medios electrónicos
restricciones que sin duda se calificarían de inconstitucionales
si se aplicaran a los medios impresos. El derecho a la propiedad,
por ejemplo, se regula mediante reglas estrictas y complicadas más
bien que por los principios antimonopolio. Inclusive existe una
norma que prohibe a un periódico adquirir un medio electrónico en
su zona de distribución y a la inversa. El resultado es que los
preocupantes elementos del control gubernamental en los medios electrónicos
también se extienden a la prensa escrita.
La
razón actual para justificar semejante restricción es un anacronismo.
Se pensaba que el espectro radio-magnético que permite la difusión
de señales radiales era tan limitado que a quienes se les autorizaba
su uso tenía, en efecto, un monopolio aprobado por el gobierno y,
por lo tanto, debía estar sujeto al control del mismo. Es absurdo
pensar que en la actualidad la difusión por televisión y radio está
limitada de alguna manera por las leyes físicas del espectro radial.
Por ejemplo, a través de la televisión por cable el público recibe
señales y decenas de opciones cada minuto. Las señales le llegan
a la gente mediante líneas telefónicas o por el Internet. La señal
puede también recibirse directamente vía satélite. Jamás han existido
tantas alternativas para permitir a la gente comunicarse entre sí.
Sin embargo, el gobierno no deja de insistir en que la transmisión
electrónica es un monopolio que precisa de un control. Lo cual lleva
a la ineludible conclusión que el móvil real del gobierno, cómo
occurre en tantas sociedades, es sencillamente no querer ceder el
poder que ejerce sobre los medios.
Otro
gran problema es más bien social que legal. Muchos observadores
palpan en el público norteamericano actual un compromiso menor con
el ideal de la libertad de prensa que en décadas pasadas. Este sentimiento
se detecta en la acción de jurados que conceden grandes sumas compensatorias
en fallos contra los medios, o en una hostilidad generalizada hacia
el comportamiento de la prensa. Finalmente, la actitud del público
se convierte en un sostén de las medidas que limitarían legalmente
la libertad de prensa. La prensa debe examinar y de hecho lo está
haciendo su propio comportamiento para determinar cómo ha logrado
enajenar a grandes segmentos del público. También es probable que
se necesite de un amplio programa para instruir al público. De lo
contrario, las protecciones legales vigentes en los Estados Unidos,
que tanto merecen el agradecimiento de los periodistas, podrían
comenzar a desaparecer por falta de un amplio apoyo del público.
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