E n s a y o  p o r J a c k  F u l l e r

En 1997, fue nombrado Presidente de la compañía Tribune Publishing. Empezó como mensajero en el Chicago Tribune a los 16 años. Posteriormente trabajó como reportero del Tribune en Chicago y Washington, D.C. Ganó el Premio Pulitzer por sus notas editoriales en 1986. En 1989, fue nombrado director del Chicago Tribune, y luego editor y principal ejecutivo. Se graduó en periodismo en Northwestern University y de doctor en derecho en la Universidad de Yale. Es miembro del directorio de la Fundación Robert R. McCormick, de la Junta de Directores de la SIP; de la junta directiva de los Premios Pulitzer, y de la Academia Norte-americana de Artes y Ciencias.

Un director o editor estadounidense no tiene que asistir a muchas reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa para reconocer con humildad que los periodistas de otros países a menudo toman más riesgos que nosotros en defensa de la libertad de prensa. Lo más que nos ha tocado a quienes ejercemos en Estados Unidos, es correr el riesgo de ser encarcelados breve y simbólicamente hasta que algún tribunal declare ese castigo improcedente de acuerdo con la Constitución. Posiblemente hemos tenido una batalla legal sobre algún pleito de calumnia o de abuso del derecho de intimidad. Pero en estos casos, aunque las consecuencias puedan ser graves, solo se trata de dinero y las leyes nos rodean con muchas defensas.

El cuadro es diferente en muchos lugares de Latinoamérica. Los periodistas y directores de periódicos con frecuencia tienen que convertirse en héroes (literalmente)-si desean publicar la verdad. Pueden enfrentar amenazas del gobierno; o no tener amparo legal. O bien pueden sentir la violencia desatada por personas anónimas, que actúan por encargo de algún poderoso, a quienes jamás se les aplica la ley. A veces hasta las familias de los periodistas están en peligro.

Vivimos un momento histórico en la escala del potencial humano, presenciando el desarrollo en tantos lugares de las instituciones democráticas. No obstante, cada país es diferente como también lo es cada sistema legal. Como lo demuestra esta obra extraordinaria, es difícil generalizar sobre el estado de la libertad de prensa en el hemisferio. Cada sistema individual lleva la huella de su historia única. Cada institución democrática ha surgido de circunstancias sociales, culturales y políticas únicas. Pero es absolutamente vital que toda persona interesada en la libertad de prensa tenga acceso a la información sobre la variada naturaleza de las amenazas y sobre las protecciones legales que son esenciales para su defensa.

Aunque la batalla por la libertad de prensa en los Estados Unidos le parezca relativamente dócil a nuestros colegas latinoamericanos, sí existen algunos retos serios.

Ante todo, el gobierno persiste en imponer a los medios electrónicos restricciones que sin duda se calificarían de inconstitucionales si se aplicaran a los medios impresos. El derecho a la propiedad, por ejemplo, se regula mediante reglas estrictas y complicadas más bien que por los principios antimonopolio. Inclusive existe una norma que prohibe a un periódico adquirir un medio electrónico en su zona de distribución y a la inversa. El resultado es que los preocupantes elementos del control gubernamental en los medios electrónicos también se extienden a la prensa escrita.

La razón actual para justificar semejante restricción es un anacronismo. Se pensaba que el espectro radio-magnético que permite la difusión de señales radiales era tan limitado que a quienes se les autorizaba su uso tenía, en efecto, un monopolio aprobado por el gobierno y, por lo tanto, debía estar sujeto al control del mismo. Es absurdo pensar que en la actualidad la difusión por televisión y radio está limitada de alguna manera por las leyes físicas del espectro radial. Por ejemplo, a través de la televisión por cable el público recibe señales y decenas de opciones cada minuto. Las señales le llegan a la gente mediante líneas telefónicas o por el Internet. La señal puede también recibirse directamente vía satélite. Jamás han existido tantas alternativas para permitir a la gente comunicarse entre sí. Sin embargo, el gobierno no deja de insistir en que la transmisión electrónica es un monopolio que precisa de un control. Lo cual lleva a la ineludible conclusión que el móvil real del gobierno, cómo occurre en tantas sociedades, es sencillamente no querer ceder el poder que ejerce sobre los medios.

Otro gran problema es más bien social que legal. Muchos observadores palpan en el público norteamericano actual un compromiso menor con el ideal de la libertad de prensa que en décadas pasadas. Este sentimiento se detecta en la acción de jurados que conceden grandes sumas compensatorias en fallos contra los medios, o en una hostilidad generalizada hacia el comportamiento de la prensa. Finalmente, la actitud del público se convierte en un sostén de las medidas que limitarían legalmente la libertad de prensa. La prensa debe examinar y de hecho lo está haciendo su propio comportamiento para determinar cómo ha logrado enajenar a grandes segmentos del público. También es probable que se necesite de un amplio programa para instruir al público. De lo contrario, las protecciones legales vigentes en los Estados Unidos, que tanto merecen el agradecimiento de los periodistas, podrían comenzar a desaparecer por falta de un amplio apoyo del público.


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