Miami (23 de diciembre de 2011). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por un fallo judicial en Ecuador que condena a tres meses de prisión al director del diario Hoy, el cual “remarca el constante deterioro que sufre la libertad de prensa” en ese país.

El director de diario Hoy, Jaime Mantilla Anderson, fue sentenciado a tres meses de prisión y al pago de una multa de 25 dólares estadounidenses, por el delito de injurias tras una querella interpuesta en 2010 por Pedro Delgado, actual presidente del directorio del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa. El fallo fue dictado el 21 de diciembre de 2011 por el juez décimo de Garantías Penales de Pichincha, Leonardo Tipán Valencia.

La demanda de Delgado fue motivada por una serie de notas publicadas en 2009 en el suplemento "Blanco y Negro" de Hoy, que consideró injuriosas, mientras fungía como presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN, entidad estatal encargada del cierre de 11 entidades financieras. La demanda también incluía que Mantilla revelara los nombres de los periodistas y de sus fuentes, lo que persistentemente se negó a hacer, amparándose en garantías constitucionales sobre secreto profesional.

El presidente de la SIP, Milton Coleman, dijo que “tememos que este fallo que favorece a un pariente del Presidente y que castiga a un propietario de un diario  no parece un hecho aislado, sino parte de una estrategia con la que se busca castigar y desalentar a los medios en su función investigativa y de perros guardianes, anteponiendo siempre la excusa del derecho a la honra y la fama de los funcionarios”.

Coleman hizo así referencia a otros juicios motivados desde el poder público, como el del presidente Rafael Correa contra los directores y un columnista del diario El Universo y, entre otros, contra los autores del libro El Gran Hermano, en el que se relatan hechos de corrupción entre el Estado y Fabricio, hermano mayor del primer mandatario.

Agregó que “más allá del derecho de los ciudadanos de acudir a la justicia, nos preocupa que todavía se condene a periodistas a la cárcel, especialmente por litigios que involucran a funcionarios públicos, quienes deben estar más abiertos a la crítica y el escrutinio público”.

“Una vez más – dijo Coleman, editor senior del diario estadounidense The Washington Post  – esta sentencia nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para que los legisladores y el gobierno de Ecuador entiendan la necesidad de que se despenalicen los delitos de difamación, por ser contrarios a la libertad de prensa como lo especifica la doctrina interamericana”.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, consigna que “… La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.

Mantilla, vicepresidente de la SIP, anunció que apelará la sentencia por considerar que tiene anomalías, entre ellas, que el juez que la dictó se inhibió de la causa un día antes. De quedar en firme, Mantilla sería recluido en el Centro de Detención Provisional de Varones en la ciudad de Pichincha.

Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que en Ecuador los funcionarios públicos, incluido el presidente Correa, han demandado a numerosos periodistas y escritores en los últimos años, por denuncias y críticas sobre irregularidades en la función pública.

Mohme, director del diario peruano La República, agregó que “observamos con mucha atención este caso, en el que creemos que se están manipulando los procedimientos legales con el fin de amordazar la libertad de prensa en Ecuador”.

La demanda por injurias de Delgado incluye varias noticias publicadas en el suplemente Blanco y Negro, entre ellas, las tituladas con “La buena espalda del primo del presidente” y “Delgado a juicio por un memo”, en la que se relatan irregularidades y privilegios en el manejo y alcances de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN. Delgado alega que se trató de “desinformar a la opinión pública, dañar mi imagen… con el único afán y deseo de causarme daño… y perjudicar mi fama, mi crédito, mis intereses”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor visite http://www.sipiapa.org