Miami (28 de
julio del 2000).- El Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana
de Prensa reunido hoy en Miami revisó durante una reunión
en la nueva sede de la institución, los atentados contra
la libertad de prensa en el hemisferio occidental registrados en
el último trimestre. A continuación reproducimos el
texto del documento.
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Los crímenes contra periodistas en el continente han continuado en los últimos meses. Desde nuestro último recuento, en abril pasado, hasta ahora, ocho nuevos casos se han producido en los que han perdido la vida otros tantos colegas, por el sólo hecho de ejercer su profesión de informar a la ciudadanía. Según los informes recibidos de nuestros vicepresidentes regionales, cuatro de esos crímenes han ocurrido en México, y otros cuatro en Haití, Paraguay, Guatemala y Colombia.
A estos asesinatos, que de por sí solos serían suficientes razones de preocupación, se unen otras violaciones y amenazas al derecho de la libre expresión del pensamiento, ocurridas en el período indicado en la mayoría de nuestros países. Para ello se utilizan los más diversos medios de ataque, desde el atropello físico violento hasta las acusaciones maliciosas de tipo personal contra periodistas que se caracterizan por la firmeza y valentía de su práctica profesional. Especial mención merecen los ataques y ofensas personales que se han lanzado en su país contra el primer vicepresidente de la SIP, Danilo Arbilla. Como ha dicho nuestro presidente Tony Pederson, "Danilo ha sido un distinguido periodista y un vigoroso defensor de la libertad de prensa, confiable entre sus amigos y colegas, y continuará su rol de líder cuando se convierta en un excelente presidente de la SIP a principios de octubre."
Es preciso, por otra parte, mantenernos vigilantes en lo que respecta a las demás situaciones que ponen en peligro la libertad de expresión del pensamiento. Estamos frente a una Argentina en la cual el periódico de la provincia Santiago de Estero, El Liberal, sufre con inusitada frecuencia el acoso del gobierno local; una Cuba que no presenta mejoría alguna en materia de libertad de prensa, donde dos periodistas fueron golpeados y los que siguen en prisión no reciben atención médica; un Ecuador sometido al estudio y discusión de varias disposiciones legales que constituirían verdaderas trabas para el libre ejercicio de la prensa; una Panamá donde permanecen sin derogar algunas leyes restrictivas del derecho a la información, a pesar de la promesa presidencial de que para esta fecha ya estarían derogadas; un Perú donde los medios de prensa independiente viven bajo serias amenazas injustificadas que vulneran la libertad de expresión; una Venezuela que continúa entre la espada y la pared, donde los medios de comunicación independientes son blanco de reiteradas amenazas e invectivas provenientes de las más altas autoridades del país; una Colombia agobiada por el terrorismo, que sigue cobrando víctimas entre los hombres y mujeres de la prensa; y así por el estilo en prácticamente todas las latitudes.
Nos permitimos anexar una relación de los diferentes países del continente, en la cual, con mayores detalles, se señalan las principales situaciones ocurridas en el último trimestre.
Hechos sobresalientes
que afectaron la libertad de prensa
en las Américas desde abril del 2000 a la fecha
Argentina:
El diario El Liberal, de Santiago del Estero, denunció que
al menos en dos oportunidades, fueron interferidas sus líneas
telefónicas. La última, el 5 de julio, coincidió
con publicaciones sobre irregularidades en la licitación
y posterior entrega de viviendas a través de planes oficiales.
A raíz de sus publicaciones, el gobierno tomó represalias
contra este y otros medios críticos, discriminándoles
con la distribución de publicidad oficial.
Distribuidores del diario La Voz del Interior, de Córdoba,
fueron amenazados por partidarios del gobierno de Santiago del Estero,
debido a críticas contra el gobernador. En otro hecho, en
mayo, grupos organizados quemaron gran parte de la edición
del diario La Gaceta, de Tucumán, en el norte del país,
y destruyeron varios de sus locales de distribución.
Bolivia:
En Santa Cruz, el 18 de junio fue herido con una arma de fuego por
un desconocido el periodista Ronald Méndez Alpire, autor
de varias investigaciones sobre corrupción y narcotráfico.
En abril, en el marco del estado de sitio, el Ejército dejó
fuera del aire durante tres horas a emisoras de radio y de televisión.
Varios periodistas y trabajadores de medios recibieron amenazas
anónimas.
Brasil:
La Cámara de Diputados eliminó en marzo la disposición
de la Propuesta de Enmienda Constitucional de reforma del Poder
Judicial del proyecto de ley de prensa que prohibía a los
funcionarios públicos, agentes de policía, procuradores,
fiscales, jueces y miembros de los tribunales de cuentas, suministrar
información a la prensa. El proyecto conocido como "ley
mordaza" debe ir al Senado.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado
Federal aprobó el 7 de junio un proyecto de ley que prohíbe
la publicidad de cigarrillos y de bebidas alcohólicas en
todos los medios de comunicación. Falta la aprobación
del Senado y la Cámara de Diputados.
Chile:
La legislatura rechazó el 16 de mayo un proyecto de ley de
prensa que buscaba anular la protección de la que gozan los
políticos y funcionarios públicos ante posible hechos
de difamación. El proyecto de ley incluye una disposición
sobre el derecho de rectificación y aclaración, mayor
acceso a la información y la eliminación de privilegios
otorgados a las autoridades bajo a Ley de Seguridad del Estado.
Colombia:
Continúa la espiral de violencia contra periodistas y medios.
Asesinatos, secuestros y exilios apañaron la labor de la
prensa.
El 4 de julio fue asesinada la periodista Marisol Revelo Barón,
en Tumaco, departamento de Nariño. La periodista Jineth Bedoya
Lima de El Espectador, fue secuestrada el 25 de mayo, y severamente
maltratada antes de ser liberada. También fue secuestrado
Guillermo Cortés, del noticiero Hora Cero. Varios periodistas
se marcharon al exilio, entre ellos, Ignacio Gómez, El Espectador,
Francisco Santos, El Tiempo, María Alejandra González
Mosquera y Mario Parra.
Cuba:
El mes de julio se ha caracterizado por arrestos y hechos violentos
contra periodistas independientes. Marilyn Lahera y José
Antonio Reinier, de Santiago Press, fueron golpeados por la policía
en Santiago de Cuba, durante un acto de conmemoración de
las víctimas del Remolcador 13 de marzo, un navío
hundido por las fuerzas cubanas hace seis años frente a La
Habana.
El 15 de julio, oficiales del Ministerio del Interior condujeron
al periodista Ricardo González Alfonso a una residencia en
las afueras de la ciudad y durante seis horas le interrogaron con
el propósito de convertirlo en un agente secreto del gobierno
dentro del periodismo alternativo. El comunicador denunció
públicamente la propuesta.
Como hecho positivo, fue liberado el periodista Víctor Rolando
Arroyo, que cumplió seis meses de cárcel en el penal
Kilo Cinco y Medio de la provincia occidental de Pinar del Río.
Otros tres periodistas siguen en prisión, dos de ellos, Joel
de Jesús Díaz, Manuel González Castellanos,
enfermos y sin asistencia médica. Bernardo Arévalo
Padrón, que cumple seis años en la cárcel de
Ariza en la provincia sureña de Cienfuegos, está sometido
a un régimen de trabajo forzado en el campo.
Ecuador:
Existen tres proyectos de ley que amenazan la libertad de prensa
son: el proyecto de ley de Transformación Económica
del Ecuador (conocida como Trole II) que prohíbe a quienes
dirigen o son propietarios de empresas que prestan servicios públicos
a ser propietarios de bancos o medios de comunicación; el
proyecto de ley del Código de la Niñez y Adolescencia
que a través del cual se impone a los medios la obligación
de difundir diariamente información relacionada con los niños
y adolescentes y exige la presentación de noticias en idioma
quechua. También el proyecto de ley del Fondo de Solidaridad
del Periodista Profesional que crea un organismo de derecho privado
para la asistencia y ayuda de los periodistas que sufran percances.
Para financiarlo se impone una tasa de 0,2 por ciento sobre los
anuncios contratados en todos los medios.
Estados Unidos:
En mayo la Corte Suprema de Estados Unidos tomó dos importantes
decisiones:
Primero, reiteró la regla de que los proveedores de servicios
de Internet no son legal ni financieramente responsables de las
difamaciones en las que se incurran a través de los comunicaciones
de correos electrónicos o mensajes de "bulletin board".
Segundo, declaró como inconstitucional y una violación
a la Primera Enmienda la iniciativa del Congreso que intentaba que
los operadores de televisión por cable usaran un mecanismo
de bloqueo de la señal de transmisión de programas
de contenido sexual explícito (indecente y obsceno) o que
fuesen mostrados en horarios restringidos, de 10 p.m. a 6 a.m.
Guatemala:
El reportero gráfico Roberto Martínez Castañeda
del diario Prensa Libre fue asesinado el 27 de abril por un agente
de un servicio privado de protección durante los disturbios
provocados por el aumento al precio del transporte urbano. Otros
tres reporteros y camarógrafos de televisión resultaron
heridos.
El personal y la directora del Centro de Reportes Informativos (Cerigua),
Ileana Alamilla, fueron víctimas de amenazas contra sus vidas
en reiteradas ocasiones.
Haití:
El asesinato del periodista Jean Leopold Dominique, propietario
de Radio Haití Inter, el 3 de abril, constituyó el
golpe más duro asestado a la prensa. Antes de su muerte,
criticó a los "sectores políticos que impiden
el avance de la democracia en su país". Desde entonces,
su esposa, la periodista Michel Montas, directora de la radio, denunció
constantes amenazas contra su vida.
El 4 de abril, Radio Unidad fue saboteada por individuos enmascarados
y fuertemente armados que sustrajeron los transmisor y destruyeron
gran parte de las instalaciones eléctricas y los estudios
de grabación. Un atentado similar sufrió el pasado
3 de mayo, la estación de radio comunitaria Vwa Peyizan Sid,
dirigida por el sacerdote católico Yves Edmon.
México:
Durante estos tres meses fueron asesinados cuatro periodistas y
sus crímenes no han sido resueltos. El 19 de julio fue hallado
el cadáver del editor del periódico La Verdad de Atizapán
de Zaragoza, Hugo Sánchez Eustaquio quien había sido
secuestrado tres meses antes. Varios reporteros gráficos
sufrieron agresiones y amenazas, entre ellos la periodista de TV
Azteca, Lilly Téllez, quien fue víctima de un atentado
del que salió ilesa.
El 17 de junio fue asesinado William Uicab, camarógrafo del
Canal 8 de TV por cable de Chetumal, Quintana Roo.
El 15 de junio fue secuestrado, torturado, hostigado y amenazado
por presuntos agentes judiciales en la Ciudad de México,
Freddy Secundino Sánchez, colaborador de la revista Epoca.
El 28 de abril fue asesinado el periodista y locutor de noticias
de Radio Net, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el 9 de abril
fue asesinado el periodista Pablo Pineda Gaucín, reportero
del diario La Opinión de Matamoros, Tamaulipas.
Nicaragua:
El diario La Prensa recibió un reparo de impuestos de casi
medio millón de dólares, como resultado de una auditoría
efectuada por la Dirección General de Ingresos, considerada
una represalia por las investigaciones periodísticas sobre
corrupción gubernamental. La Prensa y Canal 2 fueron objeto
de una campaña de desprestigio público de parte de
medios partidarios del gobierno, en las que se les instaba a pagar
sus impuestos. El gobierno continúa discriminando a medios
críticos en el otorgamiento de publicidad oficial.
Panamá:
Una orden de allanamiento contra el diario El Siglo y el arresto
de su director, Carlos Singares, fue emitida a finales de junio
por el Procurador General de la Nación José Antonio
Sossa, en aparente represalia por una nota periodística que
Singares firmó en su diario el 22 de junio en la que se refiere
a la conducta impropia del funcionario.
La SIP calificó de contradicción la decisión
del Procurador General de ordenar una pena de prisión de
ocho días contra el director del diario El Siglo, después
que la presidenta Mireya Moscoso derogara el 20 de diciembre de
1999 la Ley 11 de 1978 que permitía el encarcelamiento de
periodistas.
Paraguay:
El estado de excepción adoptado tras el intento de golpe
de Estado limitó la libertad de prensa. Fueron detenidos
varios periodistas. Varias instalaciones de radio, críticas
al gobierno, fueron destruidas; mientras que en otras se registraron
cortes de líneas telefónicas y amenazas de clausura.
Tras el levantamiento de las medidas de emergencia continuaron las
amenazas verbales contra la prensa independiente y se intensificaron
las acciones judiciales contra los periodistas.
El 14 de abril fue asesinado el periodista Benito Ramón Jara
Guzmán, corresponsal de la radio Iby Yaú, en la ciudad
Bernardino Caballero, al norte de Asunción.
Perú:
Varios medios y periodistas sufrieron presiones, amenazas y agravios
en forma sistemática desde algunos sectores del gobierno
y de los servicios de inteligencia. Los problemas financieros, tributarios,
publicitarios y laborales de periódicos, revistas y canales
de televisión se han convertido en herramientas de autocensura
o alineamiento con el gobierno.
Continuó la campaña contra El Comercio, en la que
se han manipulado asuntos judiciales carentes de sentido jurídico.
El hecho coincidió con la denuncia del diario sobre una supuesta
falsificación masiva de firmas de grupos afines a la alianza
oficialista, de cara a las elecciones presidenciales.
El Canal N, filial de Global Televisión Canal 13 de Huaraz
y El Comercio de Cusco fueron multados por transmitir encuestas
electorales en el período de restricción legal.
Fue ordenado el embargo de la maquinaria de impresión de
dos diarios opositores al gobierno. Se denunció que debido
a presiones del gobierno varios informativos radiales tuvieron que
cesar su programación y un diario en la municipalidad de
San Borja fue clausurado.
Puerto Rico:
Nueve periodistas fueron detenidos durante la cobertura del caso
controversial entre la Marina de los Estados Unidos y civiles que
favorecen el cese del uso de la isla de Vieques para las maniobras
militares.
Comenzó un proceso legal para derogar la difamación
criminal de los estatutos vigentes.
República Dominicana:
Una comisión especial designada por el presidente Leonel
Fernández ha concluido un estudio para reformar y modernizar
la Ley de Prensa del país, la cual data de 1962. El nuevo
proyecto de ley está inspirado en los diez principios de
la Declaración de Chapultepec, y será el Presidente
quien lo someterá estudio del Congreso.
Uruguay:
La continua denuncia sobre la discriminación en el otorgamiento
de publicidad oficial de parte de la SIP y de su vicepresidente
primero, Danilo Arbilla, director del semanario Búsqueda,
originó una campaña de desprestigio contra el periodista,
quien fue involucrado en el lavado de dinero del narcotráfico,
sin ningún tipo de pruebas por parte del director de la Policía,
apoyado por medios de izquierda y sensacionalistas que casualmente
han sido los más beneficiados con la publicidad y créditos
oficiales. El director de Policía además amenazó
a Arbilla por lo cual fue cesado de su cargo y pasó luego
a retiro. Mientras tanto, el Ministerio del Interior dispuso una
custodia para Arbilla a raíz de esa amenaza. La Justicia
archivó el caso y las investigaciones.
La Asociación de la Prensa Uruguaya denunció la intervención
de las líneas telefónicas del semanario Búsqueda.
El 2 de mayo el comentarista deportivo Julio César Sánchez
Padilla, director del programa "Estado Uno" del Canal
5 del estado, fue víctima de un atentado en el que resultó
herido después de que desconocidos le dispararan en varias
ocasiones.
Venezuela:
Continúan los actos de amenazas y ataques verbales a los
medios, editores y periodistas desde los más altos niveles
del gobierno.
El 9 de julio fue expedida una orden de arresto domiciliario contra
el editor del semanario La Razón, Pablo López Ulacio,
en tanto el juez que dictó la medida, suspendida el 14 de
julio, fue separado de su cargo. La nueva juez nombrada al caso,
Graudi Villegas, ratificó el 18 de julio la medida cautelar
que prohibió a López Ulacio publicar información
que aluda al demandante Tobías Carrero de una multinacional
de seguros, o refiera hechos vinculados con ese proceso.
Impunidad:
En los últimos 12 años fueron asesinados 226 periodistas,
16 de ellos desde la última asamblea general de la SIP en
Houston en octubre de 1999 (seis en Colombia, cinco en México,
dos en Guatemala, y uno en Haití, Paraguay y Uruguay, respectivamente).
FUENTE: nota.texto7
