Un juez de una corte de distrito del estado de Virginia solicitó a la periodista la entrega de 23 documentos, entre los que se encuentra correspondencia electrónica, correspondencia y apuntes recopilados para la redacción de reportajes. Artículos sobre el mismo tema incluso fueron publicados por The Washington Post, The Dallas Morning News y la revista Insight Magazine, a cuyos reporteros también se les requirió documentos similares.
Los abogados de la periodista Estévez presentaron un recurso ante el juez para anular la orden, pero hasta la fecha no ha habido resolución. El magistrado actuó a solicitud de los abogados del banco Laredo National Bank, en Texas, propiedad del mexicano Carlos Hank Rhon, mencionado en las investigaciones periodísticas.
Robert J. Cox, presidente de la SIP, dijo que "esta acción en una intervención directa en la actividad periodística que afecta gravemente el libre flujo informativo y es una violación al derecho de los periodistas a mantener la reserva de las fuentes informativas."
Cox, subdirector del The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur, expresó que la entrega de material exclusivo reunido en el transcurso de una investigación periodística es información confidencial, y agregó que los ciudadanos deben sentirse seguros que cuando den una información a un periodista sobre la base de la reserva de la fuente ésta se va a respetar, de lo contrario, violar esta garantía de reserva afectará la información pública, el derecho a la información de los restantes ciudadanos y constituye una amenaza para el propio ejercicio de la profesión.
La SIP contempla la garantía para los periodistas de mantener la reserva de las fuentes en el artículo 3 de la Declaración de Chapultepec, derecho que también está resguardado en la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión.
FUENTE: nota.texto7
