Miami (18 de julio de 2008) -- La Sociedad Interamericana de Prensa remarcó la necesidad de que los gobiernos respeten la libertad de prensa y de expresión como valores esenciales de la democracia, y criticó declaraciones de numerosos funcionarios de gobierno de la región que hostigan a los periodistas y los califican de desestabilizadores del sistema democrático.
En su reunión celebrada hoy en esta ciudad, las máximas autoridades de la SIP que componen su Comité Ejecutivo, pasaron revista a las denuncias sobre libertad de prensa del último trimestre. Manifestaron su preocupación por el incremento de manifestaciones hostiles contra periodistas y medios de comunicación, particularmente hechos por miembros de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, lo que en muchos casos ha motivado agresiones físicas y amenazas contra los comunicadores.
El presidente de la SIP, Earl Maucker, expresó que es necesario profundizar la democracia y para ello instó a los congresos de Guatemala, Brasil y Chile a que aprueben leyes de acceso a la información pública. El editor y vicepresidente del diario Sun-Sentinel del sur de la Florida, añadió de que tenemos la esperanza de que el Congreso guatemalteco aprobará la legislación esta próxima semana, demostrando que la transparencia gubernamental es un valor altamente democrático.
Asimismo, Maucker hizo votos para que se reanuden los debates en Argentina y Paraguay en torno a la apertura y transparencia estatal; mientras que solicitó a los países que ya cuentan con esas leyes - Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana a que las perfeccionen y a que eduquen a los ciudadanos sobre cómo utilizarlas.
Después de analizar los cambios políticos y la mayor apertura económica emprendida por el gobierno de Cuba, la SIP concluyó que son insuficientes.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, indicó que si el gobierno de Cuba quiere ser tomado en serio, debe empezar por liberar a los 25 periodistas independientes que mantiene presos, así como al resto de los presos de conciencia, y permitir el libre desplazamiento de los periodistas por todo el territorio nacional.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, reclamó que este pedido debe ser una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos del mundo. Es intolerable que en nuestras Américas haya periodistas encarcelados, muchos de ellos en delicado estado de salud.
La SIP tiene identificados a los siguientes periodistas presos en Cuba: Ricardo González Alfonso, Víctor Rolando Arroyo, Normando Hernández González, Julio César Gálvez, Adolfo Fernández Sainz, Omar Rodríguez Saludes, Héctor Maseda Gutiérrez, Mijaíl Barzaga Lugo, Pedro Argüelles Morán, Pablo Pacheco Ávila, Alfredo Pulido López, Fabio Prieto Llorente, Iván Hernández Carrillo, José Luis García Paneque, Juan Carlos Herrera, Miguel Galván Gutiérrez, José Ubaldo Izquierdo, Omar Ruiz Hernández, Léster Luis González Pentón, Alfredo Felipe, Alberto Gil Triay, Guillermo Espinosa Rodríguez, Raymundo Perdigón Brito, Ramón Velázquez Toranso y Oscar Sánchez Madan.
El Comité Ejecutivo remarcó el peligro que significa para la democracia el incremento de medios de comunicación en manos del poder del Estado. En ese sentido, mostró su preocupación por los nuevos creados en Bolivia y Venezuela y por la toma de posesión de otros en Ecuador sin que hasta el momento se haya dado a conocer la intención del gobierno sobre la propiedad de los mismos.
En la reunión de esta tarde, se reclamó por la violencia en contra del periodismo y se pidió mayores esfuerzos para investigar los crímenes en este período y que se castigue a sus responsables. Fueron asesinados en este trimestre, los siguientes periodistas: César Raúl Rodríguez Coronel, Ecuador; Pierre Fould Gerges y Javier García, Venezuela; Jorge Mérida Pérez, Guatemala; Eliecer Iván Santa María Ríos, Panamá; Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez, México y Carlos Quispe Quispe, Bolivia.
Como aspecto positivo, la SIP señaló el trabajo de las fuerzas investigativas de Ecuador que capturaron a los presuntos asesinos de César Raúl Rodríguez Coronel y Carlos Navarrete, casos que se cree no estarían vinculados a la actividad periodística. Asimismo, destacó la acción de la Justicia de Perú por la eficiencia en los procesos judiciales de los casos de los crímenes en 2004 de los periodistas Alberto Rivera Fernández y Antonio de la Torre Echeandía, y el de Miguel Pérez Julca cometido en 2007.
La SIP también acentuó como positivo la disposición del presidente de México, Felipe Calderón, de enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que contemple la federalización de los delitos contra periodistas. De la misma forma, respaldó las conclusiones de más de 50 directores de periódicos mexicanos convocados al Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana en junio pasado, quienes plantearon reformas legales para combatir la violencia y la impunidad. Entre esas iniciativas, pidieron al Poder Ejecutivo reorientar el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a la que calificaron de inoperante, y solicitaron al Congreso modificaciones a los códigos penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para agravar las penas aumentando el plazo de prescripción para quienes cometen delitos contra la libertad de expresión y de prensa.
Las autoridades de la SIP reclamaron a los gobiernos centrales y locales en varios países de la región a que no sigan utilizando a la publicidad oficial para premiar y castigar a los medios de comunicación. Se puso énfasis en el caso de Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega otorga el 80% de la publicidad oficial al Canal 4 y a una empresa de vallado en la vía pública, ambas manejadas por miembros de su familia. En ese sentido, la SIP denunció comportamientos discriminatorios de parte de los gobiernos de Bermudas, Guyana, México, Uruguay y Venezuela, insistiendo en que es necesario que se establezcan criterios técnicos, objetivos y transparentes para el otorgamiento de los anuncios.
Frente a los numerosos procesos electorales en marcha, la SIP mostró su preocupación por las restricciones informativas ordenadas por los jueces, particularmente en Brasil, donde varios medios fueron censurados y multados por interpretaciones judiciales que no distinguen la información por sobre la propaganda electoral.
Por último, la organización hemisférica manifestó su satisfacción sobre que el Poder Ejecutivo de Uruguay haya enviado al Congreso un proyecto de ley para la derogación de la figura de desacato y la modificación de los delitos de difamación e injurias. Las leyes de desacato han sido eliminadas en Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú.
FUENTE: nota.texto7
