Quito (19 de julio de 2011).- El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, convocó a los ciudadanos ecuatorianos a sumarse a la defensa de la libertad de expresión y de prensa en el país, ante el “deterioro que estos derechos humanos fundamentales están sufriendo en los últimos años”, a raíz de la aplicación de un sistema legal restrictivo.
Durante una conferencia de prensa realizada ayer, al final de una misión de dos días en Quito, Marroquín, del diario guatemalteco Siglo21, dijo que “ese clima de acelerado deterioro” se profundizará aún más con la aprobación de una futura Ley de Comunicación, a la calificó de “nefasta y mordaza”, y que estimó “coadyuvará a aumentar la autocensura más allá de la actividad periodística”.
Marroquín y los demás miembros de la delegación, expresaron su preocupación por la “creciente concentración” de medios en manos del gobierno; el acoso permanente al que es sometida la prensa independiente ecuatoriana, mediante procesos legales desmedidos y desproporcionados por parte del presidente Rafael Correa; y por la manipulación de la publicidad oficial para castigar o premiar a los medios según su línea editorial, entre otros temas.
“No estamos a favor de que se sancione ninguna ley que regule a la prensa, pero en vista del mandato constitucional y la consulta popular por lo que el Poder Legislativo debe aprobarla – dijo Marroquín – creemos que el único camino correcto y constitucional, es que se respeten los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Ecuador, para que la libertad no se restrinja sino que se garantice”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información,
Robert Rivard, del periódico texano San Antonio Express-News, dijo que “en nuestra experiencia, en todos los países que se han dictado leyes de prensa, solo sirvieron para restringir la labor de los periodistas y el derecho del público a la información”. Agregó que los gobiernos “no tienen derecho ni pueden ni deben gobernar a la prensa, porque desnaturalizan la democracia”.
En ese sentido, Edward Seaton, ex presidente de la SIP y de Periódicos Seaton de Kansas, sostuvo que “lo sorprendente y novedoso, es que este tipo de legislación como está planteada, permitirá al Estado, a través de un órgano supranacional, no solo aplicarse contra los medios electrónicos como la radio y la TV, sino también contra la prensa escrita, la internet y las redes sociales, lo que la hace única entre los países democráticos del mundo o al menos de las Américas”.
Por otra parte, Claudio Paolillo, co presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del semanario Búsqueda de Uruguay, expresó que la nueva ley “está concebida bajo un andamiaje legal y jurídico restrictivo, que se inicia con la Constitución del 2007, prosigue con la Consulta Popular de este año y desemboca en el nuevo proyecto de Ley de Comunicación, que no es más que una ley contra los medios”.
La visita de la SIP a Quito no estuvo libre de incidentes. La delegación no fue recibida por el presidente Rafael Correa ni por funcionarios del Poder Ejecutivo como se había prometido desde la Presidencia. Mientras que la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación que preside el asambleísta Mauro Andino, del oficialista partido Alianza País, canceló la reunión poco antes de realizarse y después de cambiar los horarios, lo que ya había aceptado la SIP y por lo que se tuvieron que cancelar otras entrevistas.
La misión de la SIP expresó que son varios apartados de la futura ley los que restringirán la libertad de prensa, al estar fundamentados en un artículo de la Constitución que la institución había predicho acarrearía graves consecuencias, al establecer que la “información debe ser veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural”.
La SIP criticó que será el gobierno principalmente, a través de la creación del Consejo de Comunicación e Información, con fuerte presencia del Poder Ejecutivo entre sus siete miembros, el que tendrá la tarea de vigilar y sancionar a aquellos medios que incumplan pautas sobre violencia e información que pudieran considerarse discriminatorias, conceptos ambos muy vagos en el texto legal.
La futura ley obligará a los medios a tener códigos de ética, arrogándose el Estado la potestad de discernir sobre asuntos que conciernen a temas profesionales; devuelve la colegiación obligatoria de periodistas, figura que había sido declarada inconstitucional en el país y regula en materia de deberes sobre derecho de respuesta y de réplica, aspectos que conciernen a la ética o son dirimidos en la práctica por tribunales ordinarios. Establece además que los medios deben diferenciar la información y las opiniones, lo que contraviene aspectos sobre criterios editoriales e independencia de los medios.
Las autoridades de la SIP temen que las restricciones legales y todos los demás elementos que perturban la libre expresión, acrecentará el clima de autocensura que ya está sobrepasando los límites del periodismo. Recordaron que en una visita anterior, en octubre de 2009, ya se había señalado que la Ley de Comunicación “generará autocensura y limitará al periodismo investigativo y sus denuncias sobre corrupción, desnaturalizando la función que le cabe a la prensa en una democracia”.
Los representantes de la SIP se entrevistaron con el presidente de la Corte Constituyente, Patricio Pazmiño Freire; con el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez Vera y funcionarios de esa repartición; con asambleístas nacionales de la Comisión Especializada, entre ellos César Montúfar, Paco Moncayo y Jimmy Pinoagorte; periodistas, editores, y representantes de organizaciones no gubernamentales, periodísticas, de cámaras empresariales y de la academia.
Junto a Marroquín, Seaton, Rivard y Paolillo, también formaron parte de la delegación, Julio E. Muñoz, director ejecutivo y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
FUENTE: nota.texto7
