Miami (23 de marzo de 2012).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “censura y desnaturalización del debate público y del periodismo investigativo”, la decisión judicial que obliga a los medios de comunicación en Venezuela a acompañar con informes técnicos de organismos gubernamentales, cualquier información que divulguen sobre la contaminación del agua para consumo humano.
El Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas, basado en una orden de la Fiscalía General, dispuso el miércoles 21 de marzo una medida cautelar que exige a todo tipo de medios de comunicación, nacionales y regionales, actuar con “extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, expresó que “rechazamos la exigencia del tribunal ya que se trata, ni más ni menos, de un acto de censura contra los medios, una medida que desnaturaliza la función periodística y coarta el debate sobre temas de profundo interés público”.
La disposición fue tomada luego que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, abrió una investigación sobre publicaciones referentes a denuncias de gobernadores y ambientalistas sobre la contaminación del agua potable. La fiscal considera que esas informaciones crean zozobra, por lo que considera que los medios deben informar “de manera veraz”.
En octubre de 2011, con las mismas justificaciones sobre información que genera caos en la población, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), sancionó a la televisora Globovisión por su cobertura periodística de un amotinamiento carcelario que dejó unos 30 muertos. El organismo oficial multó a Globovisión al pago de unos 2.162.790 dólares al estimar que a través de la información difundida el canal incurrió en “intolerancia política”, “apología del delito” y en generar “zozobra en la ciudadanía”.
Mohme, director del diario peruano La República, expresó que “con esta censura indirecta, se les impide a los medios ser el foro natural de discusión de la sociedad, en los que la ciudadanía canaliza sus denuncias, frustraciones, críticas, opiniones y exige cambios a las autoridades”. Agregó que la medida judicial también coarta el derecho de los medios a investigar, “un beneficio fundamental para la ciudadanía, si se considera que las investigaciones periodísticas y las denuncias públicas que de ellas emergen, no siempre son coincidentes con los informes técnicos que elaboran los entes gubernamentales”.
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FUENTE: nota.texto7
