Venezuela

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Los periodistas y medios de comunicación no escaparon a un sombrío panorama de violencia e impunidad que se increment en este período y que pone en riesgo un trascendente proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales de octubre. El asesinato de Karen Berendique en Maracaibo, hija del Cónsul Honorario de Chile, de 19 años y estudiante de periodismo, es un hecho hondamente repudiado y calificado de “atípico” por las autoridades, muestra la cruenta realidad de inseguridad, confrontación y violencia que se vive en el país. A ello hay que sumarle el clima de impunidad. Asesinatos, secuestros, sicariatos, robos, hurtos y violaciones rara vez esclarecidos y castigados. El informe de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 9 de abril calificó de insuficientes las respuestas del gobierno frente a la enorme criminalidad existente. Venezuela fue incluida en el llamado Capítulo V, de su informe annual, en la lista de países donde existen situaciones que afectan “seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentals”. El acoso contra los periodistas ha existido siempre durante este gobierno. Agresiones físicas, cárcel, cierres de empresas periodísticas, desprestigio, persecuciones y hasta la muerte; es una parte de la gama de cercos disuasivos con los que se pudiera incidir en algún modo en el trabajo informative. El gobierno también usa armas sutiles, pero más certeras como las leyes, el reparto de la publicidad estatal y las restricciones a la economía de las empresas. La libertad de prensa sigue seriamente amenazada. “Con la Ley de Responsabilidad Social y la Reforma del Código Penal, se inició una dinámica que llevó al cierre de RCTV y 34 estaciones (32 de radio y 2 de television), se asedia a televisoras como Globovisión con una multa superior a los dos millones de dólares y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios independientes obligándolos al exilio, entre ellos, Rafael Poleo, su hija Patricia y al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga”, según denunció ante la CIDH el director del Espacio Público, ONG venezolana. Sobre El Nacional sigue la prohibición impuesta en agosto de 2010 para que publique fotos relacionadas con violencia. Similar medida fue impuesta al diario La Prensa de Barinas en diciembre. Otra arma que se emplea contra la prensa es el insulto y la descalificación. Al periodista crítico se le trata de enemigo, traidor, muchas veces se tilda de delincuente, que en un ambiente de tanta confrontación, violencia e inseguridad, se deja la puerta abierta para peligrosos ataques. Se reportan cada año unas 150 agresiones a periodistas y medios, mil 200 en los últimos 13 años. Los más vulnerables son reporteros de calle, fotógrafos y camarógrafos de TV a quienes se les despoja de sus equipos, grabaciones y vídeo, tal como sucedió contra un equipo de Globovisión, amenazado con armas de fuego por grupos oficialistas en Chacao. La denuncia reposa ante el CICPC. El 7 de febrero, efectivos de la Milicia Bolivariana, que custodian instalaciones del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, mantuvieron retenidos por casi cuatro horas a los periodistas de la Cadena Capriles: Abrahán Carvajal y Jesús García, a quienes incluso obligaron a desnudarse. El 3 de febrero, hombres armados intentaron golpear a reporteros de los diario Qué Pasa, Noti Zulia y Versión Final de Maracaibo que cubrían el entierro de una joven asesinada. Uno de los carros que los trasladaba fue retenido y le rompieron sus vidrios. Dos policías presenciaron el hecho y nada hicieron. El gobierno cuenta con unas 500 estaciones de radio, tres diarios financiados con fondos públicos, seis canales de televisión y una red de medios comunitarios compuesta por emisoras, televisoras y periódicos. La Fiscalía General de la República exigió a los medios la presentación de informes técnicos cuando se refieran a la presunta contaminación del agua, lo que establece mecanismos de censura previa y sanción a quienes no se adecúen a la información veraz. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, pidió a los jueces que exijan que las publicaciones deban estar sustentadas por estudios científicos o ser oficiales. El gobierno continúa usurpando cuentas y correos electrónicos a literatos, y periodistas y pese a las respectivas denuncias el panorama sigue igual. También continúa el abuso de cadenas y el problema con el acceso a la información pública. Hechos más relevantes en este período: El 18 de octubre Conatel multó a Globovisión por 9 millones 300 mil bolívares, 2.1 millones de dólares. El proceso administrativo no incluyó suspensión de las transmisiones. Fue sancionado debido al tratamiento editorial del medio de comunicación a los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de El Rodeo entre el 16 y 19 de junio de 2011. Globovisión acusó al gobierno ante instancias internacionales. Pidieron además la anulación de la sanción por considerar que la misma viola la Constitución y la legislación venezolana. El 25 de octubre, representantes de emisoras AM y FM de todo el país, denunciaron que Conatel está en mora con 250 estaciones radiales que no han podido renovar concesiones y a las cuales se les mantiene un silencio El 1 de noviembre, Conatel suspendió transmisiones de Radio Cosmopolitan 107.9 FM, ubicada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, así como también a cinco emisoras de radio en Falcón y Zulia, al parecer por explotar de manera ilegal el espectro radioeléctrico. (Enamórate 95.3 y Viajera 101.7 en Coro-estado Falcón) y (Machiques Stereo 106.7, Romance 104.3 y K`lor 92.1, todas en el Zulia) En total, durante 2011, Conatel cerró 27 radios FM en 10 estados. El 7 de noviembre fue agredido el periodista de Noti Tarde Jimmy Bohórquez, cuando cubría pauta informativa, en enfrentamiento suscitado en la alcaldía de Morón. Sufrió traumatismos en el tórax al ser golpeado por un funcionario no identificado. El 10 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto para la Ley de comunicaciones, el cual, según diputados oficialistas, busca neutralizar “conductas incorrectas” de medios privados. El 27 de noviembre, la oposición venezolana denunció ser víctima de escuchas telefónicas ilegales que luego son trasmitidas por el canal del Estado VTV. Pese a las denuncias ante órganos competentes no hubo investigación. El 1 de diciembre, la Jueza Yosmar González, del Tribunal 15 de Caracas, desestimó la demanda que por difamación agravada introdujo el presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, contra el conductor de un programa de VTV, a quien acusó de emitir comentarios ofensivos contra su madre. El 2 de noviembre Conatel sacó del espectro a Soberana 92.5 FM por prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones. Directivos de la emisora afirmaron que apelarán la medida de cierre. El 8 de diciembre la Corte Administrativa de lo Contencioso Administrativo desestimó la intervención de 59 periodistas de Globovisión que pedían la anulación de la multa impuesta por Conatel. El 11 de diciembre, el Círculo de Reporteros Gráficos protestó en comunicado público, las agresiones físicas cometidas contra Andrés Jiménez del diario Meridiano, golpeado por agentes de seguridad del equipo Magallanes. Asimismo de los reporteros Jesús Urea y María Fernanda Soledad, quienes recibieron salvaje golpiza de parte de funcionarios de Poli Caracas. El 6 de enero del 2012, secuestraron en Caracas a periodista José Hernández, de 75 años y exigieron 200 mil bolívares por su liberación. El 21 de enero, el Ministro del Interior, Tarek El Aissami, anunció un nuevo Código Penal que prevé vigilar a los medios de comunicación. El 26 de enero, la Asamblea Nacional trabajaba un proyecto de Ley para regular Televisión por Cable. La TV paga será normada este año, según el diputado oficialista Elio Serrano. El 17 de febrero, Conatel suspendió dos emisoras en el Zulia e incautaron sus equipos. La medida administrativa recayó sobre las emisoras comerciales Xtrema y Cosmo, por la presunta prestación clandestina del servicio.. El 24 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia anuló fallo de un juzgado que prohibía al diario Mundo Oriental de Anzoátegui de publicar informaciones de tipo personal, que atentaran contra los derechos fundamentales del gobernador Tarek William Saab. El 2 de marzo, Conatel cerró otra emisora en Maturín y le incautó los equipos. La emisora Ritmo supuestamente trabajaba ilegalmente. El 5 de marzo grupos irregulares intentaron sabotear una actividad del candidato opositor Capriles Radonsky. Estuvieron armados y amenazaron al equipo de Globovisión y los obligaron a entregar cámara, micrófono y discos que contenían el material grabado del tiroteo que se originó y donde resultó herido el hijo de un diputado de oposición. El 6 de marzo el periodista Nelson Bocaranda denunció en su columna Runrunes en El Universal un plan para desprestigiarlo a través de la red de medios públicos, así como la posibilidad de un secuestro.. El 7 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la multa de 9.3 millones contra Globovisión. El 9 de marzo “hackearon” mensajería de texto del programa Aló Ciudadano que dirige Leopoldo Castillo y enviaron correos inapropiados sobre la salud del Presidente. El 13 de marzo, un equipo periodístico de Catatumbo Televisión fue agredido por grupos que apoyan al candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky, cuando hacía un recorrido por el municipio Cabimas, estado Zulia, Fidel Madroñero, junto a su camarógrafo que fue amenazado por un grupo de simpatizantes. El 16 de marzo, la directora de información de Ávila TV, Llafrancis Colina, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, por agresiones físicas sufridas por parte del candidato de la MUD a la Gobernación de Aragua. El 21 de marzo, desconocidos dispararon contra sede del diario Nuevo Día de Coro estado Falcón. Ese día la caricaturista de El Universal Rayma Suprani decidió llevar a los tribunales y el ministerio Público, al conductor de un programa nocturno de Venezolana de Televisión, por difamarla y exponerla al escarnio público. También la periodista y corresponsal de Venezolana de Televisión Carolina Zapata denunció que fue agredida por seguidores del candidato Henrique Capriles Radonsky en un acto al que daba cobertura periodística. El hecho ocurrió en el estado Táchira. El 30 de marzo, el gobernador del estado Monagas Luis Enrique Briceño, denunció el cierre de cuatro emisoras de radio y la incautación de equipos por órdenes de un general. Las emisoras son: Caicareña 100.5 FM, Venezuela Olímpica 97.9 FM, Única 104.9 FM y Líder 100.7 FM. Esta semana, denunció “Periodistas por la Verdad” a agresión a un periodista de la estación privada Televen y la agresión al conductor de un programa de la televisora estatal VTV.

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