El asesinato de dos periodistas dentro de un marco de violencia contra la prensa, los atentados contra medios y la impunidad sobre casos de crímenes ocurrido en períodos anteriores, representan la mayor agresión a la libertad de prensa en este semestre.
Ni las diversas fiscalías creadas en los estados, ni la Fiscalía Especial a nivel federal, están dando resultados, menos aún el Mecanismo para la Defensa de los Periodistas, que hasta la fecha sigue sin dar un informe satisfactorio sobre los avances en protección a reporteros y la aplicación de sus recursos.
A las agresiones se le suman intimidaciones físicas o legales, también ataques cibernéticos. Invasión a las páginas de internet de medios, difamaciones vía electrónica y de forma anónima, redes sociales hackeadas, intimidaciones por medio de mensajes, y hasta robo de información.
Cada vez más, interesados en coartar la libertad de expresión acuden al ciberespacio para ocultar sus rostros utilizando todas las herramientas tecnológicas posibles para atacar a medios.
En ese terreno también han incursionado los ciudadanos que se suman a la labor informativa y que han corrido la misma suerte que los periodistas, como el caso de María del Rosario Fuentes, desaparecida desde octubre pasado por las denuncias públicas de hechos violentos desde la dirección en Facebook “Valor por Tamaulipas”.
A esto se les suma la falta de protección de los comunicadores durante coberturas, donde la autoridad permite que reporteros o fotógrafos sean agredidos por manifestantes, e incluso, las mismas fuerzas policiales se convierten en agresores de los periodistas por medio de golpes o detenciones, incautándoles cámaras o destrozando celulares.
Hechos destacados en este período
El 22 de octubre, el cuerpo de Jesús Antonio Gambóa Urías, director de la revista Nueva Prensa, en Ahome, Sinalóa, fue encontrado sin vida, luego de haber desaparecido desde el 10 de octubre, lo cual fue denunciado desde el 14 ante la Subprocuraduría Regional de Justicia en Sinaloa. El periodista había denunciado problemas de la administración estatal y su sistema de salud para enfrentar la epidemia de dengue.
El 27 de octubre los canales de televisión Tv Azteca, 10 y 12, y de la radiodifusora “La Tremenda” en la ciudad de Durango, permanecieron sin transmitir durante cinco horas debido a que estudiantes de la Escuela Normal Rural “José Guadalupe Aguilera” bloquearon los accesos principales a sus instalaciones, con protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A principios de noviembre un grupo de seis periodistas españoles decidió abandonar el país, luego de recibir amenazas de secuestro y extorsión, cuando se encontraban en Tapachula, Chiapas, grabando un documental sobre migrantes titulado “En la Tierra de Nadie”.
El 5 de noviembre, agentes federales decomisaron trasmisores, antenas y equipo de cómputo de estaciones de radio comunitarias “Radio Bola Lari” y “Estéreo Ranche Gubiña” en el municipio de Unión Hidalgo, en Oaxaca. También lo hicieron en Santo Domingo Zanatepec con la “Radio Más 107.1” y “Sonito 106”, y al día siguiente, en Juchitán, con la radio comunitaria, “Órbita Digital”.
Los operativos forman parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permite decomisar los equipos de las radios que transmitan sin concesión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
El 11 de noviembre Carlos Navarrete Romero, reportero del diario El Sur; Sebastián Luna, fotógrafo del diario Vértice; Anwar Delgado Ramírez, fotógrafo del diario El Universal, Rosario García, de periódico El Financiero, José Antonio Belmont y Alejandro Cardona, del periódico Milenio; y Jesús Eduardo Guerrero Ramírez, fotógrafo del periódico La Jornada de Guerrero; fueron agredidos por agentes antimotines de la policía estatal, mientras cubrían las manifestaciones de maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en Chilpancingo.
El diario digital Sin Embargo, de Ciudad de México, sufrió un nuevo ataque cibernético que impidió el acceso a usuarios a su portal de Internet durante todo el día. Se trató del segundo ataque digital en un mes.
El 13 de noviembre, el diario Presencia del municipio Las Choapas, Veracruz, denunció que dos sujetos intentaron ingresar por la fuerza a las instalaciones del periódico, pero el guardia los repelió con su arma y logró que se retiraran, aunque amenazaron con regresar. Presencia recibió mensajes en redes sociales donde se acusó a cinco periodistas de estar asociados con el crimen organizado y los amenazaron de muerte.
Cinco días después el portal de noticias Puebla e-consulta también denunció sufrir sabotaje de su página de internet, dañando su base de datos e impidiendo el acceso a usuarios. Se responsabilizó del ataque cibernético al Gobierno del estado de Puebla.
En diciembre Verónica Galicia, integrante de una estación de radio en el Distrito Federal, fue agredida por dos policías vestidos de civil intentaron impedir que documentara una protesta el día primero de ese mes en Paseo de la Reforma. Los oficiales la golpearon al igual que a sus compañeros Erick García y Eduardo Celestino.
El 2 de enero un grupo de personas armadas a bordo de tres camionetas secuestraron a Moisés Sánchez, reportero del semanario La Unión, en Medellín, municipio conurbado de Veracruz. El 25 de enero, luego de la denuncia y diversos actos de protesta de compañeros reporteros, la Procuraduría de Justicia de Veracruz reportó el hallazgo del cuerpo del periodista, quien había publicado información relacionada con los grupos delictivos que operan en la zona de Tejar, en Medellín de Bravo.
Otra detención ilegal se llevó a cabo el 7 de enero, cuando César Hernández Paredes, director del sitio de internet de noticias Revolución 3.0, y Gustavo Aguado, de la filial en Michoacán, cuando granaderos del Distrito Federal obstaculizaron la labor informativa de los periodistas, mientras documentaban una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Ambos fueron golpeados y luego encarcelados, para luego ser liberados sin ninguna disculpa pública.
El 26 de enero, reporteros del diario El Debate denunciaron que agentes de la Marina Armada de México, amenazaron a varios reporteros mientras cubrían operativos en Guasave, Sinaloa. Los marinos les apuntaron con armas y les pidieron que se fueran del lugar bajo amenaza de ser detenidos.
En Oaxaca, al sur de la república, ese mismo día Alberto Méndez Cruz, fotógrafo de Diario Rotativo Tribuna de Oaxaca, y Rolando Jiménez López, fotógrafo del portal Paralelo20 Radio y TV, fueron golpeados por pobladores de San Baltazar Chichicápam.
El 29 de enero cuando desconocidos lanzaron explosivos a la fachada del Heraldo de Córdoba, en Veracruz.
El 1 de febrero Verónica Rocío Huerta Aburto, reportera de AVC Noticias, en Veracruz, denunció amenazas de muerte a través de mensajes de texto a su celular, donde se le decía que después del asesinato del reportero Moisés Sánchez seguía ella. La periodista presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para Atención a Delitos contra Periodistas. Aún está en espera de medidas cautelares.
Tres días después, Enrique Juárez, director del periódico El Mañana, en Matamoros, fue sacado por la fuerza de su oficina y subido a un vehículo. Fue golpeado y amenazarlo por parte de sujetos armados. El mensaje fue que dejara de publicar noticias sobre la violencia en Tamaulipas.
El 5 de febrero la organización Artículo 19 denunció que los sitios para defensa de periodistas Cobertura Segura, Derecho a la Verdad y Observatorio FEADLE, fueron atacados, siendo reemplazados por páginas “espejo”, es decir réplica de los sitios, por lo que permanecieron fuera de línea varios días.
El fotógrafo Daniel García, de El Heraldo de Chihuahua, fue obstaculizado para realizar su trabajo y luego detenido por la Policía Estatal, cuando tomaba imágenes en el sitio donde se había realizado un asesinato. El policía esposó al fotógrafo argumentando proteger la escena del crimen, la cual no estaba acordonada. Fue liberado 20 minutos más tarde.
El 6 de febrero las instalaciones de Televisa, en Matamoros, Tamaulipas, fueron atacadas con una granada arrojada desde un vehículo en movimiento, por sujetos que no han sido identificados. Dos guardias de seguridad resultaron heridos. Esta es la quinta ocasión en que dicho edificio es atacado, la primera fue en el 2010, tres más entre marzo y octubre del 2012.
El 7 de febrero, policías estatales de Morelos golpearon a los reporteros Pedro Oseguera, Fely Carnalla, de TV Azteca-Morelos; Máximo Cerdio, del semanario Conurbados, y Pedro Tonantzin Sánchez, corresponsal de Excélsior y Cadena 3, quienes cubrían una manifestación de comerciantes en el Centro de Cuernavaca.
También ese día comenzaron los ataques contra el diario Reforma, en la Ciudad de México. Primero fue la detención de una reportera y un fotógrafo, quienes se negaron a entregar su material luego de haber tomado fotografías de patrullas de la Policía de Naucalpan. Ocho agentes del GERI, los llevaron ante al juzgado calificador, pero una jueza determinó que no hubo falta y los reporteros fueron liberados.
El 8 de febrero, cuando Daniel Orozco, reportero del periódico La Red de Coatzacoalcos, en Veracruz, denunció un intento de secuestro, el cual se dio luego de recibir mensajes intimidatorios en su celular, justo días después de que realizó la cobertura del hallazgo de fosas clandestinas en esa ciudad. Orozco presentó una denuncia ante la Subfiscalía General del Estado. Se desconoce si ya recibió medidas cautelares.
El 10 de febrero la periodista Lydia Cacho denunció una campaña de desprestigio en su contra, por medio del uso de redes sociales, donde se le difama acusándola desde diversas cuentas, de recibir dinero por parte de gobiernos perredistas. Acusó al gobernador de Quintana Roo.
El 15 de febrero fue baleado un camión de distribución del diario Reforma, en Tlalnepantla, Estado de México, donde resultó herido de bala en la cabeza un vendedor. Esta situación ocurre luego de una serie de investigaciones del diario sobre el uso de patrullas municipales de Naucalpan y Tlalnepantla sin placas, carecer de placas oficiales y posible clonación.
