CONSIDERANDO que desde hace siete años se vive una escalada de hostigamiento gubernamental y de sectores afines contra la prensa no alineada con el poder político
CONSIDERANDO que se utiliza corrientemente el poder y los recursos del Estado para estigmatizar y acosar a los medios críticos y, en general, a todo actor o institución social que exprese públicamente opiniones disidentes
CONSIDERANDO que prominentes funcionarios, lejos de plantear debates razonados sobre la información periodística, suelen agraviar e intimidar en público a aquellos medios y periodistas que publican datos u opiniones que les molestan
CONSIDERANDO que esta actitud cruzó un nuevo límite el mes pasado, cuando el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación rompió en público dos páginas del diario Clarín para intentar desmentir su contenido
CONSIDERANDO que la Presidenta de la Nación llegó a aludir, con peligrosas construcciones dialécticas, a medios periodísticos para intentar vincularlos de algún modo con un caso de altísima gravedad institucional como la muerte del fiscal federal Alberto Nisman
CONSIDERANDO que medios y periodistas no alineados con el gobierno son blanco constante de acusaciones por supuestas actitudes destituyentes y antidemocráticas, lo que genera un clima de intimidación para el trabajo periodístico y de peligro cierto para la integridad de profesionales y medios de comunicación
CONSIDERANDO que el oficialismo busca reavivar causas penales contra editores críticos, como en el caso Papel Prensa, presionando a la Justicia a través de declaraciones públicas, de la utilización de medios estatales o de la injerencia del Poder Ejecutivo en el ministerio público
CONSIDERANDO que estas actitudes constituyen una amenaza a la libertad de expresión
CONSIDERANDO que el Principio 5 de la Declaración de Chapultepec establece: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.
LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Rechazar la intimidación y estigmatización oficial contra periodistas y medios por implicar un caso de censura en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Rechazar las presiones al Poder Judicial y las interferencias al ministerio público, por parte del Poder Ejecutivo, con el objeto de perseguir penalmente a editores y medios críticos
Instar a las autoridades argentinas a no alimentar un clima de violencia contra el periodismo y, en general, contra quien exprese opiniones diferentes.
Solicitar a los tres poderes del Estado que arbitren las medidas necesarias para proteger la labor de la prensa y garantizar la seguridad de los periodistas y de los medios para los cuales trabajan.
