Un periodista-activista asesinado

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(Foto: México desconocido) Por María Idalia Gómez, URR-México Abel Manuel Martínez Raymundo tenía 46 años, vivía en la comunidad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, donde dirigía una organización civil y una radio comunitaria, un lugar inmerso en conflictos comunitarios, agrarios, religiosos, políticos y con presencia del crimen organizado. Allí un comando lo asesinó la tarde del pasado 16 de abril. Los reportes médicos señalan que el crimen ocurrió de las 17 horas en el barrio de San Pedro El Alto, y dos balas impactaron en el informador, al momento que estaban abordando su automóvil Tsuru, que al parecer también funcionaba como taxi, porque portaba los logos del sitio Dorado de la organización política-social Frente Popular Revolucionario (FPR). Martínez Raymundo también era presidente de la Asociación de Radios Comunitarias “Vara 7”, a través de la cual impulsaba la creación y funcionamiento de esas radios que cuentan con poca infraestructura, recursos económicos y capacidad de transmisión, generalmente acosadas y presionadas por caciques, grupos políticos o criminales, sirven para la difusión de información entre las regiones. Por ejemplo, el año pasado, la asociación “Vara 7” apoyó la creación de la radio comunitaria Yucuucoo, que funciona en una de las comunidades del municipio de Santiago Juxtlahuaca, estación que estaba a cargo de integrantes de la Sección 22, dependiente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), organización de maestros disidentes que ha sido cuestionada por los métodos y formas violentas de sus protestas en Oaxaca. Al consultar a personas de la región, explicaron que el crimen del informador y activista no es muy claro en cuanto a sus motivos, y por ahora existen pocos datos que lo vinculen con el tema de libertad de expresión. Aunque se da en el contexto de mucha violencia en la zona, por las condiciones sociales que se viven y por ser una zona de trasiego y siembra de drogas, además de ser frontera con Guerrero, una entidad que también sufre una gran  descomposición política y social, además de la presencia de integrantes del crimen organizado muy violentos. Las autoridades aseguraron a la SIP que investigan el caso en sus diferentes líneas de investigación que abarcan lo profesional, su activismo, lo personal y el contexto de la zona, por lo que no descartan alguna hipótesis.

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