Colombia

Aa
72 Asamblea General
13 al 17 de octubre de 2016
Ciudad de Mexico, Mexico
$.-

El secuestro por parte del ELN de la periodista de El Tiempo y El Mundo de España Salud Hernández Mora, así como de los comunicadores Diego D'Pablos y Carlos Melo, del canal RCN en la región del Catatumbo constituyó el hecho más relevante de este período. Los tres, por fortuna, fueron liberados pocos días después tras el revuelo que causó el hecho en distintos sectores de la opinión.


En este lapso, 157 periodistas denunciaron haber sido víctimas de algún tipo de conducta violatoria de la libertad de información consagrada en la Constitución.


Preocupa que las agresiones de miembros de la Policía Nacional contra periodistas, las cuales venían en descenso desde 2013, hayan aumentado, hasta el punto que en lo corrido del año se han reportado 13 casos. Especial gravedad tuvo la agresión contra un equipo periodístico del canal CityTV de Bogotá, el cual posteriormente recibió intimidaciones por integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes luego fueron destituidos.


Durante las negociaciones de los Acuerdos entre el Gobierno y las Farc se generaron inquietudes respecto a aquellos puntos que podrían implicar una regulación de la actividad periodística. Es el caso del que pedía "abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales", que generó dudas sobre su alcance.


Conocido el Acuerdo Final, aunque mermó la preocupación, medios y periodistas consideran fundamental mantener la vigilancia para que la interpretación del alcance de los Acuerdos y su desarrollo legislativo no vulnere la libertad de prensa y de información.


Varias normas relacionadas con el Plebiscito celebrado el 2 de octubre para aprobar o desaprobar el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc generaron reclamos de medios y organizaciones, por vulnerar la libertad de prensa.


Mediante resolución, el Consejo Nacional Electoral, para "garantizar el pluralismo, equilibro informativo e imparcialidad", obligó a los medios a enviar un reporte semanal con los tiempos y espacios dedicados a las campañas del Sí y del No. La misma resolución facultaba al CNE para ordenar rectificaciones de carácter administrativo y para suspender o retirar propaganda "utilizada con fines antidemocráticos, violencia o cualquier otra que busque desinformar al elector".


Dicha norma también extendía a los medios de comunicación la responsabilidad por inconsistencias en encuestas y arbitrariamente establecía una restricción que impedía publicar encuestas cinco días antes del Plebiscito.


Tras los reclamos de distintos medios y de entidades que los representan, una nueva resolución modificó algunos aspectos de lo dispuesto. Suprimió para los medios impresos el requisito del informe sobre los espacios otorgados a cada campaña y restringió la responsabilidad de inconsistencias en encuestas a las que se pudieran presentar en las fichas técnicas, dejando intactos todos los demás aspectos motivo de controversia.


Otro decreto del Gobierno Nacional estableció que toda la información relacionada con orden público debía basarse en fuentes oficiales y restringió la divulgación de entrevistas el día de la votación.


El director del diario El Heraldo de Barranquilla, Marco Schwartz, publicó un comunicado de la Fiscalía General de la Nación en el que se anunciaba la apertura de una indagación preliminar contra dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla por posible prevaricato, lo que motivó a los involucrados a solicitar una rectificación. Aún sin estar obligado, el periódico les dio espacio a los magistrados para que expusieran su punto de vista. Sin embargo, estos recurrieron a la justicia para lograr una rectificación a la medida de sus pretensiones y Schwartz estuvo cerca de tener que pagar pena de prisión por desacato. Esto finalmente no ocurrió luego de que el mismo tribunal de Barranquilla revocara la decisión, tras el rechazo que generó el hecho.


Debe destacarse la iniciativa "Proyecto Pitalito sin censura", que surgió a raíz del asesinato en Pitalito, Huila, de la periodista Flor Alba Núñez Vargas el 10 de septiembre de 2015. El proyecto fue iniciativa de Colprensa, Andiarios y la Fundación para la Libertad de Prensa y periodistas de El Espectador, El Tiempo, La Patria y Colprensa. Un año después del asesinato, una serie de informes llamó la atención sobre la situación de abandono de la prensa en Pitalito y el alto grado de autocensura. Se advirtió que si bien fue detenido el autor material del crimen, la justicia todavía no identificó a los autores intelectuales.


Se cumplen treinta años del asesinato de Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, caso que, a pesar de su importancia y significado, sigue en la impunidad y que se suma a los más de cien homicidios contra periodistas aun sin resolver.


Existe preocupación por los riesgos derivados de los esquemas de protección. Hay registro de dos casos en los que las personas asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para custodiar a periodistas amenazados tenían relación con quienes los amenazaron.


Esta misma entidad ha sustituido el apoyo para el transporte de comunicadores en riesgo con un botón de pánico, dispositivo que al ser activado envía una señal a la UNP, instancia donde se toman decisiones para brindar atención inmediata. Tal desarrollo tecnológico ha generado dudas no solo sobre su efectividad sino también en relación con el hecho de que su tecnología permite la geo localización de quien lo porta, lo que abre una ventana de riesgo.


El presidente Juan Manuel Santos se comprometió ante la FLIP a disminuir los tiempos de los protocolos y trámites en el sistema de protección.


El relevo en el cargo de Fiscal General de la Nación genera expectativa toda vez que Eduardo Montealegre, quien ocupó el cargo hasta julio, se había comprometido a priorizar casos de agresiones contra periodistas, algo que no ocurrió. Hubo avances, en cambio, sobre la directiva de citación a periodistas que expidió dicha entidad y que contiene pautas más claras para los fiscales.


Por su participación en el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, los paramilitares Alejandro Cárdenas alias JJ y Mario Jaimes alias "el Panadero" fueron excluidos de los beneficios a los que tenían derecho por haberse acogido a la ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares.


Asimismo, Bedoya se negó a conciliar con el Estado colombiano a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Devolvió la suma correspondiente a la indemnización que le entregó la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.


El secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, habría obstruido el trabajo de una estudiante de periodismo solicitándole las fotografías que había tomado con su cámara. Ella afirma que un equipo de seguridad la retuvo y le fijó como condición para permitirle su salida del Capitolio el facilitarles dichas imágenes, las cuales le fueron devueltas salvo aquellas en las que aparecía Eljach y que generaron el incidente.


Cuatro ex funcionarios del desparecido DAS fueron vinculados al caso por tortura sicológica a la periodista Claudia Julieta Duque.


Aumentan las acciones legales y los derechos de petición dirigidos a los medios, que apelando al derecho al olvido solicitan actualizar o eliminar contenidos, algo que sin lugar a dudas restringe la actividad periodística. Teniendo en cuenta decisiones confusas y a veces contradictorias por parte de los jueces, es de esperarse que la Corte Constitucional unifique la jurisprudencia y precise el alcance del mal llamado "derecho al olvido".


Un proyecto de ley crea el registro nacional de ofensores sexuales, y plantea que "todas las personas que han sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada tienen derecho al olvido". Tal alusión preocupa, en la medida que se consagra de manera expresa dicho derecho, que es el que se está utilizando con más frecuencia para pedir a los medios borrar información de sus archivos digitales.


Continúa la tendencia a restringir contenidos publicitarios, como es el caso del Proyecto de Ley que regula los productos con azúcar y que incluye restricciones y prohibiciones relacionadas con la publicidad de los mismos.


Sigue en discusión el proyecto de ley que regula la publicidad oficial y que incluye restringirla seis meses antes de cualquier elección, sin considerar la recurrencia de las mismas en la vida política del país. El proyecto ordena privilegiar los medios oficiales, restringiendo procesos de contratación.


Otro proyecto que preocupa es el que obliga a los medios de comunicación a publicar todas las normas que se expidan a nivel nacional y regional (leyes, ordenanzas y acuerdos). Esta imposición de contenidos constituye una modalidad de censura.


RCN Televisión dejó constancia en esta asamblea de que ha sido objeto de "bullying político" por parte de distintos actores de la sociedad. En medio de la controversia política y de la creciente polarización vivida en torno al plebiscito, se ha pretendido estigmatizar a RCN Televisión, etiquetándolo como medio "guerrerista", contrario en su línea editorial a la construcción de la paz, por haber sido un medio crítico a ciertos aspectos de los acuerdos de paz y por haber abierto espacios a la voces del No.

Compartí

0