Colombia

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 a 11 de abril de 2016
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Varios hechos ocurridos en este semestre volvieron a ubicar la libertad de prensa en el centro del debate.


El que más revuelo causó fue el de las denuncias que hicieron varios comunicadores sobre serias anomalías en la Policía Nacional que incluyen la existencia de una red de prostitución masculina con tentáculos en el Congreso y, sobre todo, seguimientos de esta institución a los periodistas que revelaron esos hechos.


Esto se inserta en una cadena de indicios sobre posible espionaje de la inteligencia estatal, particularmente policial, a periodistas.


En ese marco otro hecho escandaloso fue publicado por la emisora La FM, que dirige Vicky Dávila. Se trata de un video en el que un senador y un oficial de la Policía sostenían una conversación con alto contenido sexual, cosa que implicó un debate sobre la libertad de información y el límite entre la esfera privada y las actuaciones públicas de los involucrados.


Pocos días después, Dávila renunció, y aunque lo hizo en términos respetuosos con RCN Radio, en entrevista concedida a Daniel Coronell y publicada en la revista Semana, afirmó que en su salida mediaron presiones de la Presidencia de la República.


El presidente Juan Manuel Santos negó la presión, pero fue desafortunado que haya planteado la pregunta retórica de si la decisión de Dávila de sacar a la luz pública la pieza audiovisual era o no un ejemplo de buen periodismo.


En otro hecho, miembros de las Farc impidieron a periodistas el cubrimiento de uno de los eventos en los que sus líderes, provenientes de Cuba, iban a socializar los acuerdos en el departamento del Cauca. Esto generó confusión pues el Gobierno había hecho un fuerte pronunciamiento en contra de la difusión de tales espacios, luego de que uno de ellos, que tuvo lugar en la Guajira, motivara fuertes críticas de la oposición debido a su carácter público cuando se suponía que debía ser privado.


Esto hizo recordar a la fallida negociación que tuvo como epicentro al municipio de San Vicente de Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Rápidamente el Ejecutivo aclaró que tales restricciones solo pesan sobre las Farc así como hubo consenso respecto a la necesidad de afinar protocolos que garanticen la libertad de prensa sin poner en riesgo el buen avance del proceso.


Continúa la impunidad en varios casos de asesinatos de periodistas. En este período prescribieron dos, los casos de Ernesto Acero y Alfredo Antonio Matiz. Y aunque hay que resaltar el importante avance que representaron las condenas de dos agresores de Jineth Bedoya (víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en 2000 cuando investigaba la existencia de una red de tráfico de armas en la principal cárcel del país), el caso no ha sido plenamente resuelto. Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, sentenciado a 28 años de cárcel, aceptó los cargos de secuestro y abuso sexual. Por esos mismos hechos también fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, quien aceptó los cargos de secuestro y tortura, pero negó su responsabilidad en el delito de violación.


Solo en 19 casos de los 145 homicidios que se han presentado desde 1977 ha habido condenas. Además, no existe registro, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de una sola condena contra alguien que haya amenazado a un periodista.


En este periodo tuvo lugar la iniciativa "Pitalito sin censura" con motivo del primer aniversario de la muerte de la periodista Flor Alba Núñez. Impulsada por Andiarios, Colprensa y la FLIP, la campaña unió a 14 periódicos que divulgaron tres informes fruto del trabajo de ocho periodistas que acudieron a este municipio del departamento del Huila con el objetivo de dar un mensaje contundente a quienes ordenaron la muerte de Núñez. Los periodistas indagaron mafias de distinta índole presuntamente vinculadas con círculos de poder locales que estarían relacionados al crimen. Ya fue capturado el autor material, nada se sabe sobre los responsables intelectuales.


El Derecho al Olvido es un tema que genera cada vez más preocupación dado que aumentan las solicitudes a los medios, con la intención de que se borren los nombres de personas en noticias que permanecen en sus archivos digitales. Un reciente fallo de la Corte Suprema abrió una inquietante ventana al plantear que los periódicos deben llevar un control en tiempo real sobre sus repositorios, lo que implicaría que una vez que varíe la situación legal de una persona mencionada en un trabajo periodístico, se debe reflejar de inmediato en el artículo, algo que resulta prácticamente inviable.


Otros hechos relevantes.


En Caucasia, Antioquia, fue asesinado el 23 de noviembre el periodista Dorance Herrera. No hay evidencia de que las causas de su asesinato guarden relación con su oficio como comunicador.


El periodista de El Espectador, Édinson Bolaños fue objeto de serias amenazas luego de publicar un trabajo con graves denuncias sobre los intereses que estarían detrás de firmas mineras en apariencia legales actualmente en conflicto con mineros tradicionales en Buenos Aires, Cauca. Los amedrentamientos lo obligaron a abandonar la zona y a radicarse en Bogotá.


Ha generado preocupación un proyecto de ley de reforma al Código de Procedimiento Penal promovido por la Fiscalía General de la Nación que pretende ampliar la discrecionalidad de los jueces a la hora de establecer los límites del trabajo de los medios de comunicación en el cubrimiento de procesos penales. La motivación de esta iniciativa han sido los llamados "juicios mediáticos", es decir, aquellas causas que en el último tiempo han generado enorme interés en la opinión pública y sobre los que se busca disminuir su cobertura periodística.


Mediante un fallo del Consejo de Estado se responsabilizó y condenó al Estado colombiano por la muerte del periodista Efraín Varela ocurrida en Arauca el 28 de junio de 2002. El alto tribunal reconoció la complicidad de miembros del Ejército que facilitaron el accionar del grupo paramilitar "Vencedores", responsable del crimen.


Preocupa la actitud hostil frente a la prensa local del alcalde de Yopal, Casanare. El funcionario está involucrado en un proceso penal, quien ya aceptó cargos por urbanización ilegal y fue detenido a comienzos de marzo. Fueron denunciados sus funcionarios por obstaculizar el trabajo de la prensa.

Generó inquietud la tutela con la que la directora de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, pretendió que fuera cerrada la cuenta de Twitter del periodista Gonzalo Guillén desde la cual le había lanzado fuertes críticas.


El periodista de Caracol Radio, Pascual Gaviria fue objeto de amenazas de muerte en octubre. Mensajes intimidantes llegaron a la sede de la emisora luego de que Gaviria expresara opiniones sobre el proceso de paz y denunciara prácticas cuestionables para asegurar electores de la campaña del entonces candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez.


En diciembre, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó, "La palabra y el silencio. La violencia contra los periodistas en Colombia 1977-2014", de Germán Rey. Fue considerado el trabajo más completo sobre violencia contra el periodismo durante el conflicto armado.


Se cumplen 30 años del asesinato de Guillermo Cano. Si bien el caso ha sido declarado de lesa humanidad, no hubo avances en su investigación.

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