México

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 a 11 de abril de 2016
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Este fue uno de los períodos con mayor cantidad de agresiones contra medios de comunicación y periodistas y en el que cuatro de ellos fueron asesinados: Moisés Dagdug Lutzow, Anabel Flores Salazar, Reinel Martínez Cerqueda y Marcos Hernández Bautista.


De acuerdo a registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas, 20 han desaparecido desde 2005 y se han registrado 48 atentados contra medios desde 2006.


Cada 22 horas un periodista o medio fue agredido y esto es solo de lo que se ha podido documentar, ya que muchas agresiones no son denunciadas por temor a represalias.


Entre agresiones físicas, detenciones arbitrarias y amenazas, 165 fueron perpetradas por funcionarios estatales, municipales y, en menor medida, federales.


La Ciudad de México encabeza las agresiones junto al estado de Veracruz con 67 agresiones cada una, 56 en Guerrero, 38 en Puebla y 35 en Oaxaca. En cinco entidades del país se concentra el 66% de las agresiones.


La CNDH estima que 251 reporteros se encuentran desplazados de su lugar de origen como consecuencia de las amenazas de muerte que han recibido. La mayoría de esos comunicadores se movilizan sin el apoyo del Gobierno federal, a veces son ayudados por otros periodistas, porque no existe credibilidad en el mecanismo de protección.


En un ambiente de guerra como el que se vive en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y en la mayor parte de los estados, la tarea de la prensa resulta sumamente molesta para los gobiernos estatales y municipales –que ejercen el poder como verdaderos virreyes- y para los capos de las drogas que necesitan corromper y transar a esas mismas autoridades.


De ahí, el crecimiento de las cifras de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas, sobre todo en los estados con fuerte presencia del narcotráfico.


Salta a la vista que casi todos fueron sometidos a un ritual de mortificación de los cuerpos: mutilados, torturados. Es decir, no solo se trata de eliminar a quien es molesto, sino de enviar mensajes, sembrar el terror, disciplinar y silenciar a la prensa.


Una tendencia que preocupa es la de la violencia contra mujeres periodistas. Se registraron 84 casos durante 2015, según un informe de Artículo 19. Un hecho reciente ocurrió hace pocas semanas cuando fueron detenidos el ex alcalde y el ex jefe de la Policía del municipio de Silao, en el estado de Guanajuato, acusados como los autores intelectuales de la violenta agresión contra la periodista Karla Silva Guerrero de El Heraldo en 2014.


Internet se ha convertido en una nueva arma para amenazar a las mujeres que ejercen el periodismo. A través de este medio se han realizado acciones de hostigamiento, acoso sexual, amenazas, campañas de desprestigio con fuerte connotación sexual, fotomontajes difundidos con la intención de estigmatizar a la víctima y la publicación de fotografías y material privado sin consentimiento.


De los 30 ataques cibernéticos documentados en 2015 por Artículo 19, 15 ocurrieron en el estado de Puebla; de éstos, 14 contra las versiones digitales de dos medios impresos: Centro, con 10 y La Jornada de Oriente con cuatro.


En Puebla, el Gobierno ha adquirido programas y software malicioso, específicamente desarrollado para el espionaje y la vigilancia ilegal de políticos, periodistas y opositores, señalado como uno de los principales clientes de Hackig Team, empresa desarrolladora de este tipo de equipo.


Todos los casos detallados tienen algo en común: la ausencia de protección y respuesta del Estado, ya sea por el desempeño inexistente u opaco de las instituciones, sumado a que son servidores públicos quienes componen la mayor proporción de perpetradores, con 165 en comparación con 35 del crimen organizado o 34 de partidos políticos en 2015.


A nivel internacional el Gobierno presume de sus instancias para combatir las agresiones a periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, esta entidad no arrojó resultados positivos en 6 años.


Principales agresiones en este período:


El 22 de enero Reinel Martínez Cerqueda, locutor de varios programas de la radio comunitaria El Manantial, fue asesinado a balazos en la ciudad de Santiago Laollaga, Oaxaca.


Un día antes, el reportero Marcos Hernández Bautista fue asesinado en San Andrés Huaxpaltepec, también en Oaxaca.


El 8 de febrero fue hallado el cadáver de la reportera Anabel Flores Salazar, secuestrada en Veracruz. Con Flores suman ya 17 reporteros veracruzanos asesinados en lo que va del actual sexenio de Javier Duarte de Ochoa.


Pocas horas después de conocer sobre el asesinato de Flores, el reportero de la semanario Proceso, Álvaro Delgado, denunció a través de su cuenta de Twitter que recibió mensajes e imágenes intimidatorias en las que le advertían que estaba sentenciado y que ya había órdenes de proceder en contra suya.


Un día después el corresponsal del mismo semanario en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, denunció que fue amenazado de muerte por parte del ex diputado del PRD, Roger Arellano Sotelo, durante una manifestación frente al Congreso estatal por el asesinato de Anabel Flores.


En tanto, la reportera del medio digital Lado B de Puebla, Aranzazú Ayala, recibió mensajes acompañados con el hashtag #AniquilaUnPeriodistaPor, en los que la acusaban de estar relacionada con el narcotráfico. La cuenta @SoloSoykike desde donde fueron enviados los tuits, fue dada de baja. El medio apoyó incondicional a su reportera.


El 11 de febrero sujetos armados irrumpieron en el domicilio del periodista del diario Tabasco Hoy, Pedro Sala García, para amenazarlo con una pistola y golpearlo con un tubo.


El corresponsal del diario sobrevivió al asalto y posteriormente fue internado en el hospital regional en donde es mantenido bajo observación.


El 21 de febrero, el periodista y dueño de la estación de radio XEVX en Tabasco, Moisés Dagdug Lutzow, fue encontrado apuñalado muerto en su domicilio, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones para dar con los responsables de este asesinato.

El empresario era considerado como uno de los locutores con voces más críticas en los últimos meses en temas sociales. En la última emisión de su programa, De Frente a Tabasco, transmitido en radio y televisión digital. Dagdug Lutzow habló sobre linchamientos y la inseguridad en la región.


El 11 marzo fue detenido Enrique Benjamín Solís Arzola, el ex alcalde del de Silao, en Guanajuato, señalado como autor intelectual de la agresión contra la periodista de El Heraldo, Karla Silva Guerrero, y su compañera Adriana Palacios, en las oficinas del periódico el 4 de septiembre de 2014.


El 30 de marzo fue detenido Nicasio Aguirre Guerrero, ex jefe de la Policía de Silao, también señalado como autor intelectual de la golpiza contra Silva Guerrero.


Ha habido denuncias de que en algunos casos de desaparición de periodistas las fiscalías estatales y la propia PGR se han negado a proporcionar a las víctimas los datos que han solicitado, tales son los casos del periodista Ramón Ángeles Zalpa, del periódico Cambio de Michoacán, desaparecido desde el 6 de abril de 2010 y el de Sergio Landa Rosado, del Diario Cardel de Veracruz, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de enero de 2013.


Entre otras fallas identificadas en las investigaciones oficiales por la desaparición de periodistas se observa lentitud para poner en marcha los protocolos de búsqueda, falta de coordinación ente autoridades, apertura de averiguaciones repetidas, negativa a proporcionar información precisa, dudas de las actividades y criminalización de las víctimas.


En febrero de 2016, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación de oficio después de que cuatros periodistas de TV Azteca y Televisa hicieron comentarios "negativos" sobre la necesidad de romper las transmisiones en vivo de la visita del Papa Francisco para trasmitir "spots" del mismo INE, a pesar de no estar en tiempos electorales. El INE pretendió obligar a las televisoras a silenciar a sus comunicadores, a la par de aplicarles una censura previa.



Los cambios legislativos electorales de 2007 y 2014 obligan a los concesionarios de radio y televisión donar tiempo aire para promoción electoral, tiempo que está administrado por el INE y prohíbe la compra o venta de publicidad en radio o televisión para fines electorales por parte de partidos o
ciudadanos. La ley también faculta al INE sancionar opiniones emitidas por periodistas de radio y televisión.



El caso llegó al la Sala Especializada de la Tribuna Especializada del Poder Judicial Federal (TEPJF) con un fallo a favor de las televisores y la investigación no procedió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también emitió un "Amicus Curiae" sobre el caso a favor del
derecho a la libertad de expresión de los periodistas.

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