Honduras

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 a 11 de abril de 2016
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El ejercicio del periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo en virtud de las agresiones, atentados, y asesinatos de periodistas o personas ligadas a medios de comunicación. Según cifras oficiales casi la totalidad de estos casos se mantiene en la impunidad.


Esta situación ha quedado expuesta en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La CIDH expresa que "no solo los asesinatos presentan altos índices de impunidad, las agresiones físicas, los ataques y las amenazas contra periodistas y trabajadores de medios tampoco son investigados efectivamente. Ante estos escenarios, muchos periodistas optan por no denunciar las amenazas y ataques cometidos en su contra, perpetuando el ciclo de impunidad."


La CIDH advirtió al Gobierno que "las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación".


Han continuado acciones judiciales contra medios de comunicación en el ámbito civil y penal. Se destaca el caso del periodista David Romero Ellner que fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de injurias y calumnias. Asimismo, se presentó el caso de una demanda civil promovida contra la Corporación Televicentro y el periodista Ulises Aguirre por la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, por un reportaje sobre su gestión.


El informe de la CIDH en su informe reportó que "estas figuras penales son utilizadas para criminalizar y castigar las expresiones críticas referidas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, lo que ha afectado de manera desproporcionada la labor de periodistas y defensores de derechos humanos".


Se mantienen vigentes una serie de leyes y disposiciones oficiales que limitan el acceso a la información pública, denunciándose infinidad de situaciones en que la información es negada argumentando "seguridad nacional", tal el caso de Radio Progreso durante su cobertura en el Congreso Nacional.


Las excusas para negar información se basan en la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.


Otros casos relevantes:


En octubre, las empresas Cable Color y Canal 11 denunciaron ser víctimas de una "asfixia financiera" de parte del Estado de Honduras. Estas empresas pertenecen al Grupo Continental que fue sancionada por actividades vinculadas al lavado de activos, aunque posteriormente ambas han sido excluidas de esas situaciones.


En noviembre fue atacado a balazos en el sector de Sabá, Colón, el periodista Mario Martínez, quien resultó con varias heridas pero sobrevivió el ataque.


En diciembre la periodista Elsa Oseguera denunció amenazas a muerte.


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