Periodismo en Honduras enfrenta impunidad

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La Prensa San Pedro Sula, Honduras A diez meses de que el Gobierno de Honduras se comprometió a establecer mecanismos para garantizar la vida y seguridad de los periodistas, así como el ejercicio profesional sin restricciones de ninguna naturaleza, muy poco o nada se ha avanzado en materializar estas promesas, coincidieron representantes de diversos sectores del país. Delegados de la SIP: Alejandro Miró Quesada, Claudio Paolillo, Fernán Molinos y Jaime Mantilla (Foto La Prensa) En agosto del año pasado se celebró en Tegucigalpa la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a fin de alcanzar acuerdos entre los representantes de los medios de comunicación, periodistas y Gobierno para elaborar políticas públicas que permitiesen revertir la grave situación de inseguridad e impunidad que enfrenta el periodismo en Honduras. En esa oportunidad, el gobierno del presidente Porfirio Lobo formuló cuatro propuestas que consistían en la creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, la implementación de un mecanismo institucional para protección de periodistas y estos grupos, la creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar, entre otros, aquellos casos en los que los periodistas sean víctimas y la elaboración de una reforma para despenalizar los delitos de injurias, calumnias y difamación. Para cotejar esta situación y dar seguimiento a los compromisos, una misión de SIP estará desde hoy hasta el 29 de mayo en Honduras cumpliendo una agenda.  La comisión de la SIP es encabezada por el presidente del organismo, el ecuatoriano Jaime Mantilla, y lo acompañan el uruguayo Claudio Paolillo, el peruano Alejandro Miró Quesada, Fernán Molinos en representación de La Prensa de Panamá, Héctor Peña de El Nuevo Día de Puerto Rico, Miguel Franjul del Listín Diario de República Dominicana, Ed McCullough de Asociated Press de Estados Unidos y el director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz.  A juicio de diputados y expertos en libertad de expresión, ninguno de esos compromisos se han materializado a esta fecha, de modo que las amenazas, agresiones y atentados contra periodistas siguen registrándose sin que el Estado garantice su seguridad. Una muestra es que en los primeros meses del presente año un periodista deportivo fue asesinado en el departamento de Olancho y dos profesionales de la comunicación más sufrieron atentados en Tegucigalpa y la La Ceiba, en los que afortunadamente los sicarios no lograron su cometido. Los últimos casos El 31 de enero de 2013 fue asesinado en Juticalpa, Olancho, el cronista deportivo Celín Orlando Acosta Zelaya, después, en abril sufrió un atentado la joven periodista de Globo TV F idelina Sandoval. Y en mayo, el periodista Ramón Maldonado, corresponsal del canal de televisión Hable como Habla en La Ceiba, denunció haber sido objeto de un intento de asesinato. El último informe de 2012 sobre libertad de expresión del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos estableció de forma contundente que “en la actualidad, los periodistas hondureños y los medios de comunicación ejercen la libertad de pensamiento y de expresión bajo condiciones de alto riesgo”. En 2012 ocurrió la muerte, en circunstancias violentas, de nueve comunicadores sociales, el secuestro de uno de ellos, y muchos sufrieron amenazas de muerte, atentados, agresiones, persecuciones, donde ha imperado la impunidad en cada uno de los casos. El organismo de derechos humanos expresó su preocupación por “la negligencia de los obligados a investigar, requerir y juzgar”, ya que a la fecha solo un hechor, de los 35 casos de periodistas y comunicadores sociales muertos violentamente  desde el 2003 a la fecha,  ha sido condenado; entretanto, el manto de la impunidad cubre al  resto de los culpables. No se avanzó nada Rodolfo Dumas, representante de la SIP en Honduras , fue tajante en el sentido de que el Gobierno no ha hecho nada en garantizar la seguridad de los periodistas hondureños y mucho menos cumplir los compromisos adquiridos el año anterior; de modo que sigue primando un estado de indefensión para los profesionales de la comunicación. “Uno de los propósitos de la misión de la SIP precisamente es darle seguimiento y platicar con el Gobierno de la República sobre esos temas en los que el presidente Lobo se comprometió”, dijo. Dumas lamentó que los cuatros puntos que el Gobierno prometió cumplir en agosto del año pasado, entre ellos la creación de una unidad especial para crímenes contra periodistas, los mecanismos de protección y la reforma de ley para despenalizar la calumnia, injurias y difamación, no han tenido avances significativos. “Todo ha quedado ahí en un segundo plano y a lo que se le ha dado relevancia en los últimos cinco meses es a las reformas de la Ley Marco de Telecomunicaciones, eso es lo que ha acaparado la atención del sector oficial, mientras esos otros temas han quedado en un segundo plano; de modo que hasta donde nosotros sabemos no ha habido avances significativos en ninguno de ellos”, apuntó. Señaló que el argumento del Gobierno para no echar a andar estas iniciativas es que no cuenta con el presupuesto; de manera que la aprobación de una ley de protección para los periodistas u otra medida serían ineficaces si no existen los recursos para implementarlas. “Eso me parece irónico porque vemos que sí hay recursos para muchas otras cosas que tienen menos importancia”, deploró. Por lo anterior, Dumas ironizó que para defender a los periodistas, comunicadores y medios no existen recursos, voluntad, iniciativa de ley y no hay nada; pero para atacar a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa sí hay dinero, tiempo, crimen organizado, narcotráfico y hasta hubo una iniciativa como la ley mordaza. Recordó que en el foro celebrado en agosto del año pasado se propusieron con amplitud diversas propuestas sobre la protección de los periodistas y la autorregulación de los medios, entre ellas la creación de la figura del ombudsman o protector del lector. “Lastimosamente lo que más pesa en todo esto es la voluntad política, y ahorita sentimos que la voluntad política no está y de remate no sentimos que sea un tema prioritario para el aparato oficial”, acotó. Dumas dijo que los periodistas celebraron su día el 25 de mayo bajo un panorama difícil y dramático, donde la censura es la más violenta y la peor que puedan enfrentar porque juegan con la muerte. Ley de protección engavetada El diputado democristiano Augusto Cruz Ascensio -participante en el foro convocado por la SIP en agosto pasado y que fue testigo de los compromisos- también dijo que a estas alturas no se ha hecho nada para garantizar la protección y la vida de los periodistas y mucho menos investigar los asesinatos de comunicadores. “Después de la reunión de agosto en la que el Gobierno asumió un compromiso de impulsar ideas y leyes sobre estos aspectos, a esta fecha no vemos que ha habido ningún tipo de avances, esa es la realidad”, enfatizó. El parlamentario agregó que a este tiempo del año a nivel institucional no se ve una acción sistematizada de protección a comunicadores sociales ni a personas vinculadas a temas de defensa derechos humanos y abogados. “No se ha visto una estrategia real del Estado”. Ascensio, quien desde el Congreso Nacional y en diversos espacios ha venido exigiendo esclarecer los asesinatos de periodistas, señaló que una investigación realizada con diversas organizaciones concluyó que la mayoría de los 35 periodistas ultimados en Honduras perecieron por el ejercicio de su profesión. En ese sentido, recordó que en varias oportunidades solicitó la interpelación del Fiscal General y del secretario de Seguridad; pero los informes que estos ofrecieron fueron contradictorios y no eran  concluyentes sobre los hechos que motivaron la muerte violenta de todos estos periodistas y comunicadores sociales. Pineda: ya está la propuesta para despenalizar calumnia La secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, señaló que algunos de los compromisos adquiridos en agosto pasado a instancias de la SIP no ha sido posible materializarlos por falta de recursos. Tras varias solicitudes por medio de sus colaboradoras, un encuentro personal y varios correos electrónicos enviados a su cuenta, la ministra accedió a responder de forma escueta a solo tres de las interrogantes formuladas por este diario sobre el tema aduciendo que son las que hacen relación a los puntos que el Gobierno se comprometió a cumplir para garantizar la protección de los periodistas. En lo relacionado con la creación de juzgados especiales para la seguridad de los comunicadores, dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, le comunicó que no era posible en este momento, pero no explicó las razones. En cuanto a la despenalización de los delitos de calumnia, injurias y difamación, la funcionaria señaló que ya se concluyó con una propuesta de ley, pero que en este momento está en análisis de expertos antes de enviarla al Congreso Nacional. “Ya está elaborada la propuesta de reforma para la despenalización de la calumnia, injuria y difamación. La Comisión Jurídica Nacional ha hecho una contrapropuesta, por lo que ambas versiones se encuentran en consulta con expertos, para posteriormente ser remitida al Congreso Nacional”.  Sobre los otros dos compromisos guardó silencio. La ministra Pineda fue panelista en la conferencia de la SIP de agosto de 2012, donde se asumieron los acuerdos.  

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