Observa con preocupación su aplicación arbitraria y juicio penal contra periodista
Observa con preocupación su aplicación arbitraria y juicio penal contra periodista
Miami (26 de enero de 2014).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su confianza en que la demanda por inconstitucionalidad que la Corte Constitucional de Ecuador admitió este jueves contra la Ley Orgánica de Comunicación, reabra el debate en el país sobre una legislación que sirve al gobierno para censurar las voces independientes y críticas.
La demanda fue presentada en septiembre de 2013 por 60 personas, entre políticos, ex jueces, diputados, periodistas y escritores, sobre la base que la Ley contraviene disposiciones de la Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de libertad de expresión.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que “esta medida abre esperanzas de que en Ecuador se recapacite sobre una legislación que se ha erigido como un bozal para la prensa y periodistas independientes y críticos y que, en el mejor de los casos, incentiva la autocensura por temor a las represalias económicas y penales”.
La demanda actual contiene 23 impugnaciones. Reclama irregularidades en el proceso de aprobación de la ley en el Congreso, que se defina a la información como “servicio público” lo que no contempla la Constitución y acusa al gobierno de arrogarse el poder inexistente de regular “el ejercicio de los derechos de la comunicación”.
El miércoles 21 de enero el presidente de Rafael Correa firmó el reglamento de la ley, promulgada el 25 de junio de 2013. Ayer la Sala Constitucional si bien aceptó la demanda, rechazó suspender su aplicación mientras dure este proceso. En julio de 2013, la Corte había admitido otra demanda de inconstitucionalidad en la que se impugnaron 52 artículos de la ley.
Nueva preocupación
Por otra parte, Paolillo indicó que la SIP sigue de cerca el proceso contra el periodista Fernando Villavicencio, cuya condena a 18 meses de prisión fue ratificada la semana pasada por el delito de injuria judicial contra el presidente Rafael Correa. Por la misma infracción, también fue condenado el legislador de oposición Cléver Jiménez.
En 2011, ambos denunciaron al Presidente por presuntos delitos de lesa humanidad durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
La sentencia los obliga a indemnizar económicamente y cubrir los gastos legales del presidente Correa, pedir disculpas y publicar la resolución de la sentencia en cuatro medios de comunicación.
Relacionado a este caso, esta semana, el caricaturista Xavier Bonilla del diario El Universo fue citado por la Superintendencia de Información y Comunicación – entidad creada por la nueva Ley de Comunicación – por una caricatura alusiva a este caso, y después de ser calificado por el presidente Correa como un “sicario de tinta y enfermo”.
La mayoría de casos procesados por esta Superintendencia, desde que fue creada el 8 de octubre pasado, han sido presentados desde el gobierno y sus allegados, o motivados por el presidente Correa, como el caso de Bonilla.
Esto confirma el argumento de la SIP y otras instituciones afines, sobre que esta ley fue concebida para coartar la libertad de prensa y blindar al gobierno de las críticas.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
FUENTE: nota.texto7
