La SIP reclama y exhorta a las autoridades ejecutivas y del Ministerio Público mayor esfuerzo, diligencia y celeridad para la creación definitiva del Programa de Protección al Periodista, el que deberá contar con los procedimientos y recursos necesarios para proteger y prevenir acciones violentas contra periodistas, mediante acciones mancomunadas entre el Ministerio Público y asociaciones civiles y periodísticas. También reclama por mayores recursos y un papel más decisivo para la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, creada en 2001 por petición directa de la SIP, tras un acuerdo amistoso con el Estado por el caso de Irma Flaquer, secuestrada y desaparecida desde 1980.
En ese sentido, la delegación solicitó información sobre el estado de las investigaciones de los asesinatos ocurridos en 2013, de Carlos Orellana Chávez, Luis de Jesús Lima, Luis Alberto Lemus Ruano y José Napoleón Jarquín Duarte, así como el atentado reciente que sufrió el periodista Nery Morales.
2. Sobre el conflicto que es de conocimiento público entre el presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti con elPeriódico y su director, José Rubén Zamora, la delegación mostró su preocupación por varias acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo que afectan a este medio de comunicación.
La SIP reconoce como hecho positivo que el Presidente y la Vicepresidente hayan desistido de las querellas penales contra Zamora. Desalentó sin embargo, la decisión de los dos gobernantes manifestada a la delegación de que recurrirán a la vía que establece la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, cuya pertinencia es indiscutible en cuanto a la dilucidación de conflictos sobre el honor. Ello no quita, y así lo entienden los miembros de la misión, de que esas decisiones puedan convertirse en un mensaje, dado de quienes se origina, que puede tener efectos indeseables para el ejercicio de la profesión, teniendo en cuenta y recordando además, el tenor de fallos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que los funcionarios públicos, por su función, están más expuestos al escrutinio y la fiscalización de sus acciones por parte del público, medios y periodistas.
La SIP también exhorta al gobierno a profundizar mecanismos de transparencia y de acceso a la información pública como se estableció por ley, incluso con campañas de educación para que cada guatemalteco tenga el derecho a exigir rendición de cuentas, en beneficio del Estado democrático.
En esa materia, la SIP insistió ante el gobierno en la necesidad de crear, o en todo caso garantizar, autonomía a mecanismos transparentes y técnicos para la distribución de publicidad oficial, para impedir que esta sea utilizada para discriminar, premiar o castigar a los medios. En esa línea la delegación planteó al gobierno su inquietud por el corte abrupto de publicidad oficial experimentado por elPeriódico.
También la SIP observa con preocupación que en momento en que el Poder Ejecutivo está adoptando acciones judiciales y administrativas contra elPeriódico, se proceda a una auditoria tributaria, que puede enmarcarse como una presión adicional para callar una voz crítica. En este aspecto, sorprenden las declaraciones del Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, que el pasado 28 de enero exhortó desde un programa radial a “todos los entes fiscalizadores” a que actúen contra Zamora, en una velada amenaza que la SIP censura y rechaza. Rodríguez dijo: “hay rutas alternas, rutas penales, rutas tributarias, rutas administrativas y la de los juicios civiles por daños. Ahí hay que encaminar todas nuestras denuncias para que no cualquiera venga y pisotee nuestro honor y nuestra honorabilidad”. Pocos días después inspectores fiscales se instalaron en la sede de elPeriódico.
Y en materia de amenazas a quienes no complacen a las autoridades y de la administración improcedente de los recursos públicos sobre lo que ya se hizo referencia anteriormente en relación a la publicidad oficial, inquietan a la SIP denuncias recibidas, avaladas con la documentación probatoria, sobre el uso de dineros del Estado para financiar un monitoreo de medios y redes sociales a través del Instituto Guatemalteco de Turismo, con el que al tiempo de hacer propaganda al gobierno se agrede a opositores y periodistas .
La SIP manifestó ante el gobierno que reclama respeto a los principios de libertad de prensa expresados en su Declaración de Chapultepec, que estipula que “esta no es una concesión de las autoridades sino un derecho inalienable del pueblo” y que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
Al mismo tiempo la SIP expresa que si bien no está entre sus competencias inmiscuirse en el trabajo y reglas que siguen los medios y periodistas en el ejercicio de la profesión, advierte que la condición de periodistas no implica, sino todo lo contrario, contar con una especie de patente de corso, por lo que recuerda que promueve los principios de su Carta de Aspiraciones entre los que establece que “la prensa, dada la tarea que desempeña, no puede renunciar a la difusión de asuntos que hacen al interés público y al bien común, pero debe cuidarse de no lesionar innecesariamente a personas e instituciones, asegurando siempre el supremo derecho de los ciudadanos a recibir información”.
3. La delegación mostró especial preocupación por el monopolio de televisoras de aire que afecta al país, renovando su reclamo de años sobre el papel más decisivo que debe tener el gobierno para incentivar un clima de mayor diversidad y pluralidad de voces, esencial para el mayor respeto y goce de los derechos de los ciudadanos en una democracia.
La delegación remarcó que los gobiernos no pueden tener excusas en el manejo inapropiado de la distribución de licencias de operación de medios electrónicos, en consideración de ser recursos finitos, que pertenecen a la sociedad. Razón por la cual, además, sorprendió ingratamente a la delegación el hecho de que se haya aprobado un régimen de prórroga de licencias por 25 años.
Sobre estos puntos, la delegación de la SIP mantuvo reuniones con la fiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz; el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León y la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala. Otras reuniones involucraron al presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Hugo Rolando López y sus directivos; al presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Pedro Trujillo, y a los representantes de las organizaciones Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín; del Centro de Defensa de la Constitución, Marta Altolaguirre y de Cerigua, Ileana Alamilla, quienes entregaron informes sobre la situación de la libertad de prensa en el país.
La SIP también sostuvo encuentros con varios periodistas y representantes de medios, entre ellos el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora; con la presidente de Prensa Libre, María Mercedes de Blank y directivos de ese diario, y con el presidente de Crónica, Gonzalo Marroquín, quien a su vez, como ex titular de la SIP, participó de varias reuniones.
Además de Paolillo, de Búsqueda, Montevideo, Uruguay, integraron la misión de la SIP Edward Seaton, ex presidente de la SIP, Seaton Newspapers, Manhattan, Kansas, Estados Unidos; Danilo Arbilla, ex presidente de la SIP, Uruguay; Fernán Molinos, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá; José Roberto Dutriz, vicepresidente para El Salvador de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador y Ricardo Trotti, coordinador Libertad de Prensa.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite
FUENTE: nota.texto7
