01 octubre 2015

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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154º período ordinario de sesiones
Diversidad, pluralismo y concentración de medios de comunicación en las Américas. Presentación de la Sociedad Interamericana de Prensa
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1) La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se opone a la existencia de monopolios u oligopolios, tanto públicos como privados, en los exactos términos que establece el Artículo 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión (en lo sucesivo, "la Declaración") aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 108º período ordinario de sesiones, en octubre del año 2000.

2) La SIP fue la organización de la sociedad civil que más trabajó, junto con la CIDH, para que este documento se hiciera realidad. Así lo destacaron sin dejar lugar a dudas las principales autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la CIDH y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en una sesión solemne realizada en Washington DC, el día 2 de marzo de 2001.

3) A esa reunión asistió la plana mayor de la SIP de aquélla época: Danilo Arbilla (Presidente), Rafael Molina (Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información), Horacio Aguirre (ex Presidente), Diana Daniels (Presidenta del Comité Ejecutivo), Andrés García Gamboa (Segundo Vicepresidente), Alejandro Miró Quesada (Presidente de la Comisión de Chapultepec), Jaime Sirotsky (Presidente de la Comisión Interamericana), Juan Ealy Ortiz (Vicepresidente para México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información), Julio Muñoz (Director Ejecutivo) y Ricardo Trotti (Coordinador de Libertad de Prensa).

4) En esa ocasión, el entonces Secretario General de la OEA, César Gaviria, valoró especialmente el trabajo de la Relatoría y de la CIDH, destacó la relevancia que los Estados Miembros de la OEA habían acordado asignar a la libertad de expresión y resaltó la importancia de la Declaración. Gaviria dijo que "desde su creación, la Relatoría ha centrado su labor particularmente en el fortalecimiento de la libertad de expresión como un derecho fundamental garantizado en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos". Precisó que "esa oficina se ha convertido en fuerte propulsora de la reforma legislativa en materia de libertad de expresión, y ha puesto en marcha iniciativas para promover la modificación de leyes que limitan el derecho a la libertad de expresión como así también para la inclusión de leyes que amplíen el derecho de los ciudadanos a participar activamente en el proceso democrático a través del acceso a la información". El Secretario General concluyó que "la Declaración que nos reúne es un aporte significativo al establecimiento de un marco jurídico para interpretar estos temas, y ciertamente será objeto de interés y estudio de los países miembros de la OEA".

5) A su vez, el Embajador Jorge Taiana, a la sazón Secretario Ejecutivo de la CIDH, manifestó que la Declaración "es un punto muy destacado de una relación muy estrecha y muy fructífera que hemos tenido con la Sociedad Interamericana de Prensa (...). Hemos demostrado que la Comisión y la SIP estaban en lo cierto cuando denunciaban algunos problemas y de alguna manera la Declaración es un resumen o una culminación de ese proceso". Taiana agradeció en particular la tarea desplegada por Santiago Cantón en la Relatoría y por Danilo Arbilla en la SIP, "que ha colaborado mucho, nos ha alentado mucho y ha sido un apoyo fundamental para que esta Declaración pueda realizarse".

6) Precisamente, Cantón recordó durante aquella sesión en Washington DC que "la SIP (...) fue clave también en la creación de la Relatoría, porque fue la primera organización de la sociedad civil que la promovió en su reunión de Guatemala sobre Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas". "Luego —añadió Cantón— (la SIP) continuó cooperando constantemente y se inició todo un proceso de acercamiento y de mucha fluidez y comunicación, que culmina, gracias a la tarea que se realizó en varias reuniones que tuvimos, en esta Declaración, en donde toda la SIP tuvo un papel fundamental con sus opiniones y sugerencias sobre esta declaración".

7) A su turno, en la sesión del 2 de marzo de 2001, el entonces Presidente de la CIDH, Claudio Grossman, auguró que la Declaración sería "señera" y contribuiría "a crear patrias mejores y una región mucho más sólida bajo el imperio del derecho". Y agregó: "es también un momento histórico porque es el resultado de la voluntad y de la imaginación de muchos, pero en primer lugar, quisiera decirlo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que incansablemente se acercó a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales y personalidades de la región, para impulsar esta declaración. Yo reconozco aquí el liderazgo de Danilo Arbilla y de otros luchadores de la libertad de expresión que están aquí y lo acompañan en este momento histórico. Le damos las gracias a nombre de la Comisión y los pueblos de la región. Sin su contribución hoy no estaríamos aquí celebrando este importante evento".

8) Finalmente, durante aquella sesión en Washington DC, el Presidente Arbilla manifestó, en nombre de la SIP, que "los americanos tenemos con el Pacto de San José de Costa Rica, un documento fenomenal" y "con este nuevo documento completamos una dupla sin igual" que pone al continente "a la vanguardia en todo el planeta en materia de defensa de la libertad de expresión".

9) De manera que no queda el menor atisbo de dudas en cuanto a que, desde su misma aprobación, la SIP ha respaldado completamente los 13 artículos de la Declaración, incluido el Artículo 12, que es el aplicable para esta audiencia.

10) Más allá de los documentos que así lo evidencian, la SIP entiende que el problema de los monopolios u oligopolios es uno de los mayores riesgos para la vigencia plena de la libertad de expresión. Y nos referimos a monopolios, oligopolios y control de los medios, sean quienes sean aquéllos que lo detentan: actores privados o actores públicos.

11) La SIP considera, compartiendo lo preceptuado en el Artículo 12, que debe haber normas anti monopólicas en los países y que esas normas no deben ser específicas para los medios de comunicación, sino genéricas para cualquier tipo de actividad.

12) La SIP advierte en toda su dimensión la importancia del inciso 3º del Artículo 12: "Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos". Con el paso del tiempo, esta disposición ha adquirido cada vez mayor peso puesto que tiene que ver con el problema de las propiedades cruzadas. La SIP acepta que, en esta materia, indefectiblemente debe haber una intervención del Estado y, de hecho, del poder político. Aunque la SIP alerta que en algunos países de América Latina, desgraciadamente el poder político es el mayor factor de distorsión en la materia.

13) Es evidente que cualquiera puede fundar un medio de comunicación impreso o digital por lo que, en este plano, se hace muy difícil hablar de riesgos de monopolios. Sin embargo, la doctrina —incluso la más radical (ver Ludwig Von Misses)— admite que aun en una sociedad abierta y libre, sin interferencias estatales, puede producirse una situación de monopolio cuando el producto que se maneja no es sustituible por otro similar o no tiene alternativa (ejemplo: no se puede importar). Ese es precisamente el caso de la información y de la libertad de expresión en todos sus alcances: un derecho inherente al ser humano y único, que no se puede intercambiar.

14) No obstante, por fuera de la doctrina —que indudablemente es importante— es un hecho de la vida real que no cualquiera puede tener una radio o un canal o una compañía telefónica o una empresa de Internet. El Estado y el poder político están presentes y muchas veces, en la administración de esos instrumentos, han distorsionado y han pervertido el sistema. En algunos casos, han asignado un tremendo poder mediático a operadores privados; en otros, han creado verdaderas redes progubernamentales mediante testaferros y amanuenses, a veces aliados a medios estatales; y en los más extremos, han pasado todo a propiedad del Estado.

15) La SIP cree que el uso y abuso del poder ha sido la causa de todo este tipo de situaciones. Lamentablemente, muchos empresarios privados se han plegado a estas prácticas, esencialmente corruptas, sin advertir que los instrumentos que un día les entregaban, podían serles quitados al día siguiente.

16) En opinión de la SIP, los monopolios y oligopolios de origen privado son un problema y es preciso combatirlos. Pero el mayor problema en relación a monopolios y oligopolios de medios de comunicación es en no pocos países de la región, antes que nada, los monopolios y oligopolios que están, directa o indirectamente, en manos del Estado y, en los hechos, en las del mandamás de turno (que cada vez procura que su turno sea lo más extenso posible). En esos casos, no corremos simplemente el riesgo de arrojar a la ciudadanía a un estado de desinformación, sino otro mucho más grave: corremos el riesgo de que regímenes con legitimidad de origen (porque, al comienzo, fueron electos de acuerdo con las reglas del sistema democrático republicano) se transformen en totalitarios, como consecuencia de un control casi absoluto del flujo de informaciones y opiniones en la sociedad.

17) Por cierto, hay quienes no hablan de monopolios del Estado y, sin embargo, se manifiestan muy preocupados por la concentración, la diversidad y la pluralidad. Sobre esto, la SIP desea formular una consideración previa que importa mucho a la hora de evaluar su conducta y su posición. En las "Contribuciones a la Declaración de Chapultepec", documento de la SIP en cuya estructuración también participaron expertos y defensores de la libertad de expresión que no integran la SIP, repetidamente se reclama y se establece que la pluralidad y diversidad informativa es parte de la libertad, y que eso es lo que asegura a los ciudadanos el pleno ejercicio de su libertad de expresión, lo cual es, en los hechos, la garantía fundamental para la existencia de una democracia genuina.

18) Nos preguntamos, además: ¿por qué se habla de "concentración" y no de "monopolios" u "oligopolios", como reza textualmente el Artículo 12 de la Declaración adoptada por la CIDH? Porque, entendemos nosotros, más allá de la defensa de la libertad de expresión, con esa carátula o pancarta hay quienes persiguen una finalidad ideológica y un objetivo político. Nadie dice, por ejemplo respecto a Cuba, que el régimen allí imperante hace 56 años "concentra" a todos los medios; es difícil leer o escuchar que los hermanos Fidel y Raúl Castro son "dueños de una concentración de medios" que es, probablemente y en términos relativos, la mayor del mundo. Ocurre que con la idea de la "concentración" de medios no surge una asociación directa con lo que es el "monopolio" de la información (léase, propaganda) en manos del Estado. La "concentración" está más asociada con la propiedad privada. Y ese es, a juicio de la SIP, el cangrejo escondido debajo de la piedra. Desde ciertos gobiernos y políticos, se habla de la "concentración de la tierra", la cual se superaría con una "reforma agraria"; también se habla de la "concentración de los medios de producción", lo cual se contrarrestaría con una redistribución de la riqueza; y así sucesivamente, hasta llegar a la "concentración de los medios de comunicación", para la cual la medicina sería la "democratización" de la información para que "tengan acceso todos los sectores de la sociedad civil". En esta línea de razonamiento, quienes así piensan creen que la mejor garantía que existe para alcanzar este objetivo es que esa presunta "democratización" sea manejada y controlada por el Estado. Es del parecer de la SIP que cuando muchos vienen por la "concentración", no lo hacen contra los grupos económicos sino para que la información no esté en manos privadas. También es una realidad que muchos grupos económicos, por ambición, arrogancia o ceguera, adoptan políticas empresariales que finalmente acaban favoreciendo a los enemigos ideológicos que toman la "concentración" como argumento clave para restringir la información, acabando sí efectivamente con la libre competencia y con la pluralidad y la diversidad, que es lo que realmente le permite a la gente elegir y decidir con libertad. Por eso, insistimos con la pregunta: ¿por qué "concentración" y no "monopolio" u "oligopolio", términos no sólo mucho más claros y pertinentes, sino también congruentes con la Declaración de la CIDH?

19) En consonancia con su postura de siempre, la SIP siempre ha manifestado especial preocupación sobre que la propiedad de los medios sea monopolizada por gobiernos o estados. Así lo ha hecho con batallas históricas contra el llamado "Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación" (NOMIC), impulsado en los años '70 por el "Movimiento de Países No Alineados" e inicialmente apoyado por la UNESCO. El NOMIC, que en los hechos ponía en manos de los gobiernos el control del flujo de informaciones y opiniones, fue resumido en el denominado "Informe MacBride" , así llamado porque el presidente de la Comisión designada por la UNESCO para redactarlo fue el irlandés Seán MacBride. El proyecto fue combatido por numerosas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y, finalmente, fue dejado de lado por la UNESCO. Más cerca en el tiempo, la SIP se ha opuesto a cualquier control gubernamental sobre la "Sociedad Mundial de la Información" (la gobernanza de Internet). Y, recientemente, ha denunciado leyes de comunicación en Ecuador , Venezuela y Argentina , las cuales bajo la excusa de legislar sobre "concentración" de medios, han sido empleadas por los gobiernos para restringir la libertad de prensa y la libertad de expresión. Aprovechando estas leyes, esos gobiernos han confiscado y clausurado medios privados, han perseguido a periodistas, han creado medios progubernamentales públicos y privados (Ecuador), han comprado directamente medios de comunicación (Bolivia y Nicaragua) o lo han hecho a través de testaferros (Venezuela y Argentina) y han silenciado a medios críticos o independientes, utilizando la publicidad oficial como herramientas de premio (a los oficialistas) o de castigo (a los críticos o independientes). Con pocas excepciones —Chile, Costa Rica y Uruguay— no existe en la región una concepción sobre los medios estatales que tenga en cuenta el dato fundamental de que son financiados con los impuestos de toda la sociedad: de aquéllos ciudadanos que acompañaron con su voto al gobierno, así como de los que votaron por otros partidos o candidatos.

20) La visión general de la SIP sobre monopolios y propiedad de los medios fue expuesta en 2013 por el Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, ante el Congreso de Uruguay, cuando fue llamado en consulta por un proyecto de "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" que, entre otros temas, regula la propiedad de medios electrónicos. "Los monopolios u oligopolios privados afectan severamente la libertad de pensamiento y de expresión. Por cierto, también lo hacen los monopolios u oligopolios públicos o estatales, con el agravante de que, además de afectar esas libertades, tienen la potencialidad de conducir al totalitarismo", advirtió Paolillo. También criticó disposiciones de esa Ley que tienen la potencialidad de afectar la libertad de expresión, teniendo en cuenta la vaguedad de la terminología estampada en la norma, que asigna a un "Consejo de Comunicación Audiovisual" estatal amplias potestades para decidir arbitrariamente qué es lícito difundir en radios y emisoras de televisión, y qué no lo es.

21) El debate público más reciente sobre "concentración" de medios se originó en Perú, y no en el ámbito de los medios electrónicos como sucedió históricamente en América Latina, sino a nivel de la prensa escrita. Un grupo de 8 periodistas presentó en 2013 una denuncia judicial contra la operación de compra que hizo el "Grupo El Comercio" del "Grupo Epensa", acusando al primero de quedarse con cerca del 80% de mercado de diarios en el país, de afectar la libertad de expresión y de violar la Constitución. Los periodistas pidieron a la Justicia anular la operación. En cambio, tanto el "Grupo El Comercio" como el "Grupo Epensa" negaron rotundamente que la operación comercial resulte en una "concentración" del mercado de diarios, defendieron el negocio y rechazaron cualquier afectación a la libertad de expresión y cualquier violación constitucional. El caso permanece en el Poder Judicial sin que haya habido hasta ahora un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. La SIP se ocupó de la controversia durante una misión de carácter exploratorio realizada en Lima entre el 23 y el 25 de junio de 2014, que incluyó una audiencia con el Presidente Ollanta Humala. Éste aseguró que su gobierno no propiciaría ninguna ley para regular sobre la materia, como se temía por declaraciones previas del mandatario.

22) En varios países del Caribe inglés, el Estado mantiene el monopolio de las telecomunicaciones, como ocurre en Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago.

23) En Argentina, el gobierno mantiene un amplio espectro de medios públicos (canales de TV, radios y una agencia de noticias) que utiliza como instrumentos de propaganda. Además, sobre la base de prebendas, subsidios y testaferros, el gobierno ha prohijado la creación de una importante red de medios progubernamentales que dependen, esencialmente, de la publicidad oficial que les entrega el gobierno de un modo absolutamente arbitrario. A más de cuatro años de la sanción de la "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" en 2009 , al contrario de la "desconcentración" que promovía el gobierno, la ley se aplicó sólo para el "Grupo Clarín", cuya posición editorial es crítica respecto a la Administración. Por otra parte, el gobierno otorgó nuevas licencias de operación de medios electrónicos a sus simpatizantes. La ley regula la cantidad y límite de licencias que puede tener una empresa obligando a los multimedios a vender sus licencias en menos de un año. Esto sólo se ha ejecutado contra el "Grupo Clarín", pero no contra otros grupos multimedios afines al gobierno.

24) En Bolivia, el gobierno controla ya, por vía directa o indirecta, numerosos medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales. En la órbita del Ministerio de Comunicación opera una red de más de 130 estaciones comunitarias de radio en municipios rurales. Según la política explicitada por el Ministerio de Comunicación, los medios estatales deben estar al servicio de las necesidades y consignas políticas del gobierno, a pesar de que son financiados con los dineros pertenecientes a todos los ciudadanos. Así, Canal 7, Bolivia TV, la red de radios Patria Nueva y el periódico Cambio reflejan esa política. Por otra parte, el gobierno ha adquirido medios escritos con fondos públicos y con recursos provenientes del gobierno de Venezuela. En Bolivia, la "Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación" reserva un 17% de licencias para "medios comunitarios" y un 17% para comunidades indígenas y afrodescendientes, pero, en los hechos, la mayoría de licencias terminó en manos de agrupaciones afines al gobierno.

25) En Ecuador, la nómina de medios en poder del Estado y al servicio del gobierno, según la organización no gubernamental Fundamedios, es apabullante. He aquí el listado actualizado al 3 de marzo de 2015:

LISTA DE MEDIOS EN MANOS DEL ESTADO: EN
TOTAL 27 MEDIOS Y 1 MEDIO PARA-ESTATAL

(Medios incautados)

1. El Telégrafo
2. TC Televisión
3. Gamatv
4. Cable Noticias (CN3)
5. Cable Deportes (CD7)
6. ArturOh (Canal musical)
7. Radio Carrusel
8. Radio Súper K 800;
9. Radio Pichincha Universal
10. Revista La Onda
11. Revista El Agro
12. Revista Samborondón
13. Revista Valles
14. Revista La Otra

(Medios Públicos)

1. Radio Pública del Ecuador (antes Radio Nacional)
2. Ecuador TV
3. Radio de la Asamblea Nacional
4. Canal de la Asamblea Nacional
5. Radio Municipal AM/Distrito FM

(Medios Gubernamentales)

1. El Ciudadano
2. Agencia de noticias ANDES - Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica
3. Portal de medios de comunicación
4. El PP El Verdadero
5. Radio Ciudadana de la Secom
6. El Ciudadano TV
7. El Ciudadano Radio
8. El Ciudadano Web

(Medios para-estatales)

1. Ecuadorinmediato.com
A estos medios, que se financian exclusivamente con publicidad oficial y editorialmente están alineados con el gobierno, se debe sumar una red de 300 emisoras de radio y canales de TV que según la Secretaría de Comunicaciones reproducen los mensajes y enlaces del gobierno a escala regional, provincial y cantonal.
La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio de 2013, redujo el espacio del sector privado en radio y TV. Establece que 34% de las frecuencias sean concedidas a "medios comunitarios", 33% a estatales y 33% a privados. A los privados también les restringe la propiedad cruzada, la circulación nacional y la participación de la propiedad extranjera. La Ley creó un sistema discriminatorio y coercitivo contra los medios independientes o críticos, bajo el pretexto de "democratizar" la comunicación y erradicar posibles o supuestos monopolios. Convirtió la comunicación en un "servicio público", impuso a los medios códigos de ética cuyos parámetros fueron elaborados desde el poder, así como defensores de lectores dependientes del Estado pero pagados por los medios y la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo, algo que ya fue considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como contrario a la libertad de expresión en su Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985.
La ley ecuatoriana creó también el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, así como la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), entidades diseñadas para castigar y censurar a los medios, como ha venido sucediendo ininterrumpidamente desde que la ley está en vigor.
26) En Nicaragua, la familia presidencial Ortega-Murillo controla el canal 2 que ya había pasado antes a manos del empresario mexicano Ángel González, quien ahora se quedó con el canal 7 que antes era una repetidora del canal 2. González no permite que en sus canales se critique al gobierno. Tiene los canales 9, 10, 11 y 7, y es dueño de la empresa RATENSA, con al menos tres radioemisoras de FM. La familia presidencial controla los canales 2, 4, 6 (canal del Estado), 8, 13 y 47 y el 91 de suscripción por cable. Queda únicamente el canal 12 como independiente. Otros canales y radios en el interior del país están subyugados al gobierno mediante publicidad oficial.
27) En Venezuela, desde que el comandante Hugo Chávez asumió la Presidencia en 1999, el gobierno ha tenido una estrategia de comunicación destinada a ampliar los espacios de control estatal y a acotar los de los medios privados. Así, el gobierno cerró y expropió la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV) así como otros cinco canales de cable y 34 radioemisoras. A su vez, concentra la propiedad de medios estatales que no observan el principio de neutralidad imprescindible —dado que son enteramente financiados con fondos públicos— y, en cambio, han sido transformados completamente en instrumentos para la propaganda gubernamental. El gobierno creó, además, 238 radios, 28 televisoras, 340 medios impresos, 125 sitios de Internet y tres agencias de noticias. Después del fallecimiento del Presidente Chávez y su reemplazo por el Presidente Nicolás Maduro en 2013, algunos medios cambiaron de propiedad y de línea editorial, colocándose cerca del gobierno. Los casos más notables fueron el canal de TV para abonados Globovisión y los diarios Últimas Noticias y El Universal. Por otra parte, la "Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión" , la creación del "Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria" , una reforma al Código Penal, el uso discriminatorio de la publicidad oficial y el control de divisas, que no permite la importación regular de insumos para los periódicos, son mecanismos que —entre otros— el gobierno viene utilizando para disciplinar a los medios privados, críticos o independientes.
28) En Guatemala, el monopolio privado que detenta el ya mencionado empresario mexicano Ángel González en materia de televisión abierta, renovado una y otra vez por las autoridades gubernamentales, es un caso particular que incide en la calidad y cantidad de información sobre asuntos de interés público que reciben los ciudadanos guatemaltecos. En ese país hay 6 canales de televisión abierta: 3, 5, 7, 9, 11 y 13. De éstos, González controla los 4 canales que pueden vender publicidad; los restantes dos canales (5 y 9) pertenecen a instituciones del Estado que, de hecho, no transmiten señal o lo hacen ocasionalmente y de manera deficiente y limitada y, en todo caso, no pueden vender publicidad. La Cámara de Radiodifusión de Guatemala tiene aproximadamente 300 radioemisoras afiliadas. De ellas, 31 pertenecen al grupo Emisoras Unidas, 70 a Radio Nuevo Mundo, 20 a Radio Corporación Nacional, 35 a Radio Grupo Alius, y 66 a Central de Radios y Grupo Radial El Tajín, controlados por González. De estas radioemisoras controladas por González, Radio Sonora es la radio que lidera el espacio noticioso del país (compite fuertemente con Emisoras Unidas) y es utilizada constantemente para enviar a la población los mensajes que el gobierno de turno desea que sean conocidos. Estos mensajes incluyen ataques a periodistas, políticos de oposición, académicos y personas e instituciones en general que se oponen u opinan desfavorablemente sobre el gobierno de turno. Una misión de la SIP a Guatemala en febrero de 2014 pudo comprobar in situ cómo operan los canales y emisoras de Ángel González, al ser víctima de una campaña difamatoria llena de agravios e insultos. Según una investigación de la SIP, "el poder mediático de Ángel González es gigantesco en el caso de Guatemala. Sin lugar a dudas, el control que ejerce sobre la televisión abierta y radioemisoras de importancia en el país, y que forman parte de su feudo monopólico, le conceden, prácticamente, la potestad de elegir presidentes de la República y hacer que la población reciba menos información crítica de los gobiernos de turno. Además, bloquea la creación de nuevos canales de cable, y a los existentes los busca asfixiar con condicionamientos y amenazas en contra de anunciantes importantes, para que no puedan pautar en otros medios ajenos a los intereses accionarios de aquel personaje, a quien un diputado bautizó, sarcásticamente, con el mote de 'Ángel de la Democracia'. Obviamente, ese poder se ha convertido en una clara y abierta interferencia en la democracia guatemalteca, un gravoso agente de distorsión del quehacer político-partidista y un obstáculo para el ejercicio de la libertad de prensa e información que además de que afecta a las empresas periodísticas independientes, impide y corrompe peligrosamente el derecho de todos los ciudadanos a opinar y a estar adecuadamente informados".



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