Al llegar a la mitad del periodo de Gobierno del presidente Horacio Cartes y a dos años y medio de las próximas elecciones nacionales, la polémica figura de la reelección presidencial está en el centro de los debates dividiendo la opinión pública entre los sectores que apoyan y los que señalan su inconstitucionalidad.
Este semestre estuvo marcado por el largo proceso de extradición del ex intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, sindicado como autor intelectual del doble homicidio del periodista de ABC Color, Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. Este proceso se inició en marzo de 2015 con la detención del prófugo en Brasil, lo que fue considerado un triunfo contra la impunidad.
El 17 de noviembre culminó el proceso de extradición del sindicado como autor moral del asesinato de Medina, Vilmar Acosta Marques en el municipio de Caarapó, en Mato Grosso del Sur. Policías paraguayos y brasileños entregaron al ex intendente a la Interpol en el aeropuerto de Campo Grande. Actualmente está recluido en la cárcel de Tacumbú en Paraguay, en espera de que el fiscal presente su acusación formal. Dentro de la misma causa ya existe un primer condenado: se trata de Arnaldo Cabrera López, chofer de Acosta, quien tiene pena de 5 años de cárcel "por omisión de dar aviso de un hecho punible".
Entre 1991 y 2016 se registran 17 casos de periodistas asesinados en nuestro país; de estos, siete (es decir, el 40%) sucedieron entre febrero de 2013 y junio de 2015, lo cual supone una escalada de los homicidios en dicho lapso. El entramado de corrupción e intereses venales que hacen del periodismo una profesión de alto riesgo se resume actualmente en un solo término: narcopolítica.
El homicidio de Medina –hermano del periodista radial Salvador Medina asesinado en 2001 que también denunció el contrabando−, víctima, conforme a las evidencias disponibles de represalias por denunciar la connivencia entre el narcotráfico y el Gobierno, ha vuelto inocultable la precaria situación de los periodistas paraguayos, a merced de los caudillos locales y del crimen organizado. La imputación, como presunto autor moral de este homicidio, del intendente Acosta (ANR) y el descubrimiento posterior de sus vínculos con autoridades estatales han dejado al desnudo las estrechas relaciones entre la política y el narcotráfico, de tal gravedad que permiten pensar en una infiltración de organizaciones dedicadas al narcotráfico en las instituciones del Estado.
El noreste de Paraguay es una zona atravesada por actividades de tráfico ilícito ligadas a los países limítrofes, Brasil y Argentina, situación palpable especialmente en los departamentos de Amambay, San Pedro, Concepción e Itapúa, cuya política local está permeada por el narcotráfico. En ese contexto, en particular, los periodistas se exponen incluso a la muerte si el cumplimiento de sus tareas les exige denunciar las actividades del narcotráfico y la narcopolítica. La corrupción que impera en las instituciones del Estado favorece esta difícil situación.
También se registraron nuevos hechos de violencia contra periodistas por parte de funcionarios y autoridades políticas.
Como resultado de la presión de la ciudadanía y de la prensa se observaron avances sobre acceso a la información.
Desde el 18 de marzo todas las instituciones públicas quedaron obligadas a utilizar el Portal Unificado de Acceso a la Información que brinda en internet la información relativa a dichas entidades, para dar cumplimiento a la Ley 5.282 "De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", promulgada por el presidente Horacio Cartes el 18 de setiembre de 2014, que obliga a las instituciones y funcionarios estatales a brindar la información solicitada por los ciudadanos sobre salarios, viajes oficiales, contratos y otros datos no definidos como secretos.
En noviembre, la periodista Sara Fleitas, corresponsal de ABC Color en la localidad altoparanaense de Juan León Mallorquín, fue amenazada de muerte por Majín Barreto, primo del concejal departamental Arnaldo Barreto, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de la oposición, y del reelecto intendente de Juan León Mallorquín, Mario Noguera Torres (PLRA), mientras realizaba la cobertura de una manifestación en la sede de la Municipalidad de ese distrito. La amenaza habría tenido el objetivo de impedir que la corresponsal informara y tomara fotografías de un acto en el cual los pobladores hacían reclamos al intendente.
En febrero, los miembros del "Clan Zacarías", presuntamente integrado por la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, su marido Javier Zacarías, y su cuñado, el gobernador Justo Zacarías, todos pertenecientes al Partido Colorado, oficialista, reaccionaron a diversas denuncias realizadas por concejales municipales opositores convocando a la prensa para amenazar públicamente con querellar a periodistas, ediles o cualesquiera otros ciudadanos que realicen denuncias contra ellos sin documentos de respaldo.
