Fernando Villavicencio, activista y comunicador, solicitó este martes asilo político al gobierno de Perú. Primero lo informó la cuenta de Twitter del portal Plan V y luego fue confirmado por su esposa, Verónica Saráuz.
Existe una orden de prisión preventiva contra Fernando Villavicencio por revelar información reservada, según el gobierno.
Fernando Villavicencio, activista y comunicador, solicitó este martes asilo político al gobierno de Perú. Primero lo informó la cuenta de Twitter del portal Plan V y luego fue confirmado por su esposa, Verónica Saráuz.
Según Saráuz, el argumento para solicitar asilo político es que sobre Villavicencio pesa una orden de prisión preventiva por atentar contra la intimidad personal y familiar de altos funcionarios del actual Gobierno. "Nosotros como familia queremos salvaguardar la vida de Fernando, porque recién lanzó su libro (El feriado petrolero) y a raíz de este lanzamiento, personalmente recibí muchísimas llamadas de amenazas de muerte contra mi esposo, incluso contra mis hijos. Todas estas amenazas y motivaciones que ha dado el Gobierno del Ecuador en contra de Fernando nos llevaron a pedir asilo", explicó.
También dijo que por ahora no tienen respuesta sobre si les concederán el asilo. "Todavía no tenemos noticias de cómo va a reaccionar el gobierno de (Pedro Pablo) Kuczynski y mucho menos el Gobierno de Ecuador", agregó.
El Instituto de Prensa y Libertad (IPYS) expresó, a través de un comunicado, su respaldo y apoyo al también editor del blog Focus y aseguró que "las denuncias de corrupción que Villavicencio ha hecho en sus publicaciones son el origen de una persecución política en su contra a través del sistema judicial".
Además señaló que desde 2010 existen pruebas que demostrarían un posible hostigamiento contra el activista. "Para preservar su seguridad y en salvaguarda de su libertad personal y de expresión, en el 2014 solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", refirió el organismo.
Según el IYPS, Villavicencio "regresaría al Ecuador si el Gobierno de su país declara públicamente que acatará las medidas cautelares vigentes y las que se concedan".
El comunicador, quien en noviembre de 2016 fue acusado de publicar e-mails privados del procurador general del Estado, Diego García, y del presidente Rafael Correa, también recibió el apoyo del Comité de Protección a Periodistas. (I)