02 noviembre 2018

Informe SIP: Censura, represión y tortura sicológica contra la prensa en Cuba

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Díaz-Canel: "Que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, todo el mundo censura".
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Informe aprobado por la 74a Asamblea General reunida en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre de 2018

En medio de un tsunami de represión policial y de meses de continuada tortura sicológica sobre la prensa independiente, en abril asumió el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel tras 60 años del grupo familiar Castro, pero nada cambió para la libertad de prensa ni en el esquema de poder.

La censura pareciera que se acrecentó. En un video filtrado Díaz-Canel calificó como propuestas con contenidos subversivos a las redes wifi ilegales y a El Paquete, un combo de productos digitales extranjeros que se distribuye a través de vendedores privados. "Han aparecido sitios, portales y revistas aparentemente inofensivas y de perfil bajo" que, según Díaz-Canel, se encargan de la "difusión de estereotipos probados de guerra cultural". En el mismo video, aseguró: "Que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, todo el mundo censura".

La Constitución que debe ser aprobada el 24 de febrero próximo, mantiene serias limitaciones a las libertades de prensa y expresión. El Art. 60 propuesto, establece: "Se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social".

Este proceso de cambio de presidente formal y de "análisis constituyente", se ha ejecutado simultáneamente con la ola represiva contra la sociedad civil y los medios, que se viene agudizando desde el segundo semestre de 2016.

El Ministerio del Interior, organismo coordinador y ejecutor de la represión, ha continuado aplicando métodos de tortura sicológica con los que afecta a los periodistas y sus familiares con agresiones, acusaciones y vigilancia, sin que haya lugar alguno adonde acudir para denunciar o defenderse.
Entre estos métodos ocurren detenciones que duran desde una hora hasta 4 o 5 días (como las que sufrieron Iris Mariño, Roberto de Jesús Quiñones, Osmel Ramírez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Rudy Cabrera, Augusto César San Martín, José Antonio Fornaris, Boris González, Mario Echevarría, Roberto Rodríguez Cardona, Luis Cino, Emiliano González, Manuel León, Alexander Rodríguez, Alejandro Hernández, Osniel Carmona, Yuri Valle, Anderlay Guerra, Carlos Alberto Torres, Niorbis García, Yordis García, Daniel González, Deris Solís, Eider Frómeta, Adrián Quesada, Vladimir Turró, Eradilys Frómeta). Invención de acusaciones y de pruebas en función de condenas judiciales fraudulentas (Rosalia Viñas, Inalkis Rodríguez, Alberto Castaño, Manuel León, Alexander Rodríguez, Niorbis García, Yuri Valle, Eider Frómeta), y agresiones físicas (Alejandro Hernández, Alberto Corzo, Eider Frómeta).

Es común también el uso de citaciones para interrogatorios y amedrentamiento en oficinas del Ministerio del Interior (Inalkis Rodríguez, Rosalia Viñas, Idilsa Bailly, Oscar Padilla, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rafael Gordo, José Antonio Fornaris, Mario Echavarría, Yaudel Estenoz, Yuri Valle); el hostigamiento a familiares y amistades cercanas a los periodistas (María Ferreiro y Héctor Constantin –padre y madre de Henry Constantin-, Aurora Albistur –madre de Augusto César San Martín-, Mario Junquera –esposo de Iris Mariño-, Idilsa Bailli –esposa de Niorbe García-, Adolfo Antonio Fornaris –hijo de José Antonio Fornaris-, María Pérez –suegra de Osniel Carmona-, las esposas de Julio Aleaga y Emiliano González, Yudania Moné –hija de Gladys Linares); la vigilancia sobre el domicilio (Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Henry Constantin); la vigilancia y el ataque a las comunicaciones telefónicas y digitales (Dagoberto Valdés, José Antonio Fornaris, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Henry Constantin).

Aumentaron en el último semestre la frecuencia y agresividad del seguimiento y acoso verbal o físico contra los comunicadores en la vía pública (Iris Mariño, Carlos Alberto Torres, Alejandro Hernández, Henry Constantin, Eider Frómeta); así como los registros en sus viviendas (José Antonio Fornaris, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Roberto de Jesús Quiñones, Emiliano González, Niorbe García, Idilsa Bailly, Daniel González, Julio Aleaga). También se incrementaron las presiones a los arrendatarios para que desalojen a periodistas de sus viviendas alquiladas (Adriana Zamora, Odalina Carmona, Sol García, Ernesto Carralero). Además, la Seguridad del Estado ha ejecutado campañas difamatorias contra comunicadores en sus zonas de residencia o en internet (Iris Mariño, Osniel Carmona).

Continúa como práctica común la confiscación de bienes de trabajo y personales, casi siempre sin mediar la documentación legal debida (José Antonio Fornaris, Carlos Alberto Torres, Roberto de Jesús Quiñones, Emiliano González, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Alejandro Hernández, Osniel Carmona, Niorbe García, Daniel González, Mario Echevarría, Eider Frómeta, Rudy Cabrera, Augusto César San Martín). La prohibición de salida del domicilio, el municipio, la provincia o el país (Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Karina Gálvez, Rosalia Viñas, Amarilis Cortina, Odalina Guerrero, Sol García, Miriam Herrera, Ana León, Ileana Álvarez, Yaudel Estenoz, Roberto de Jesús Quiñones, Osniel Carmona, Rafael Gordo, Yuri Valle, Augusto César San Martín, Julio Aleaga, Emiliano González, Henry Constantin). Asimismo, se registraron numerosos casos de acoso a través de interrogatorios y revisiones exhaustivas durante estancias en aeropuertos (María Ferreiro, Augusto César San Martín, Rafael Gordo); o la obstaculización de residencia en el país a periodistas extranjeros (Fernando Ravsberg).

Se mantiene el caso de la única comunicadora que cumple sentencia y trabajo forzado humillante como condena (Karina Gálvez, miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia). Además, la organización política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció el encarcelamiento, tras juicios amañados, de varios de sus activistas, solo por filmar videos expresando sus simpatías políticas. Fue común el arresto y hostigamiento de artistas independientes que protestan contra el Decreto 349, un instrumento legal recién puesto en vigor que penaliza a artistas que trabajen en la economía privada, sin autorización estatal.

Estas agresiones ocurren con la total subordinación al MNINT del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la República que, aunque suelen recibir las denuncias de los periodistas, nunca las responden ni investigan. Para reprimir, el gobierno también usa las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista, y en los casos donde sea necesario, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución, los ministerios de Educación Superior y Cultura, la Aduana General de la República, la Comisión Electoral Nacional y el Instituto Nacional de Vivienda y Planificación Física.

Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININT les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas con hijos: Karina Gálvez –analista económica y miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia- cumple una condena de tres años por un delito fabricado, que la obliga a no salir de su municipio a hacer un trabajo humillante para no ir a la cárcel, Inalkis Rodríguez –periodista y asistenta general de la revista La Hora de Cuba- y Rosalia Viñas –diseñadora y miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia- tienen medidas cautelares de restricción de viajes por investigaciones amañadas levantadas en su contra por la Seguridad del Estado. Rodríguez tiene prohibido salir de la ciudad donde vive. Viñas recibe frecuentes citaciones a interrogatorio.

Se mantiene entre los casos graves el de Iris Mariño, fotógrafa y periodista en La Hora de Cuba. Sufrió actos de tortura sicológica y acoso sexual continuado, en forma de seguimientos, filmaciones, tocamientos y hasta un beso en la vía pública por parte de agentes de la Seguridad del Estado. Reportó haber sufrido actos vandálicos en la fachada de su casa. Tiene "provisionalmente archivada" una denuncia levantada por la Seguridad del Estado por "usurpación de capacidad legal". Fue arrestada durante unas tres horas cuando intentaba sacar su cámara durante el desfile oficialista del 1 de mayo.

Durante ese arresto fue sucesivamente interrogada y acosada con frases de contenido sexual por cuatro agentes de la Seguridad del Estado en una oficina policial. Poco después se le prohibió salir del país.
Una veintena de sitios webs de medios de prensa enfocados en el país y organizaciones periodísticas internacionales, como el de la SIP y de derechos humanos, siguen bloqueados. Algunos han sido desbloqueados en cortos períodos, como ocurrió durante la reciente visita a la isla de altos funcionarios de Google.

Además, ETECSA, monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha hecho pruebas de mala calidad, pero gratuitas de internet en móviles, y ha anunciado que "pronto" tendrán los cubanos acceso a ese servicio, aunque se especula que el precio será tan alto como el que ofrecen para internet en las viviendas: el servicio mínimo mensual para 30 horas de navegación cuesta la mitad del salario medio mensual. Los precios y la baja difusión geográfica del acceso a internet, impide el uso de la red para informarse o compartir información.

La página en Facebook del Centro de Pensamiento Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés, y que solo publica links de textos tomados de la web de esa entidad independiente, fue cerrada por Facebook en agosto con base en denuncias recibidas por determinados usuarios. Antes, en mayo, durante un interrogatorio a un miembro de Convivencia, un agente del MININT manifestó el malestar oficial con las publicaciones que hacían los miembros del equipo en las redes sociales.

Los jóvenes que desean estudiar Periodismo en las universidades siguen sometidos a pruebas "de aptitud" que miden las opiniones políticas de los aspirantes, y los aprueban solo cuando estas sean progubernamentales. Además, en esta evaluación de "aptitud" se le da especial influencia al criterio del rector y del decano –militantes del Partido Comunista- de las facultades donde el aspirante intente estudiar.

Los reglamentos que rigen la conducta de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza castigan con fuerza la emisión por cualquier vía de ideas o informaciones que disgusten al gobierno.

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