Las libertades de prensa y expresión en este período continuaron asediadas por el régimen de Nicolás Maduro, traduciéndose en ataques directos y clausuras a medios de comunicación, así como detenciones arbitrarias y agresiones contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones públicas o tras sus denuncias por corrupción y críticas al poder público.
Para todo este tipo de ataques y agresiones, el régimen no solo utiliza usuales instrumentos de represión, sino también, métodos creativos de persecución. Uno de ellos se hizo evidente con la detención de Ana Belén Tovar el 19 de noviembre, gerente de Operaciones de Venmedios, empresa de press clipping dedicada a la recolección y distribución de materiales noticiosos de medios.
Pese a la falta de debido proceso y a que no está imputada de ningún delito, Tovar todavía permanece en un calabozo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Está acusada de enviar por su sistema de clipping información del portal Entorno Inteligente que publicó notas sobre irregularidades cometidas por el ministro del Poder Popular Para la Defensa, Vladimir Padrino López.
Otro caso sintomático sobre la represión del régimen es el del reportero gráfico del portal Dólar Today, Jesús Medina Ezaine. Fue liberado el 6 de enero después de 14 meses en una cárcel militar. Su delito fue un reportaje sobre la crisis hospitalaria del país. Fue detenido el 29 de agosto de 2018, acusado de cinco delitos sin fundamentos: legitimación de capitales, asociación para delinquir, lucro indebido y asociación delictiva. Fue liberado tras intensas campañas de las onegés Foro Penal y Human Right Watch y de la ONU. Sigue sometido a un régimen periódico de presentaciones.
Otra tendencia es el ataque sistemático contra los reporteros a los que les roban sus cámaras fotográficas y de video, teléfonos móviles, grabadoras y, a menudo, dinero y documentos. Se trata de ataques perpetrados por funcionarios, empleados públicos, militares, policías y paramilitares. La violencia es más evidente durante las manifestaciones públicas cuando los periodistas quedan más expuestos y en dependencias oficiales donde tienen la entrada prohibida. Muchas veces a los periodistas, para liberarse de los ataques o detenciones arbitrarias, se les obliga a borrar sus materiales o les roban y rompen sus equipos de trabajo.
El 21 de octubre cuatro personas sin identificar golpearon, robaron equipos y raptaron por unas horas al fotógrafo independiente Julio César Rojas, en Acarigua. Lo acusaron por una cuenta de Instagram en la que denuncia casos de corrupción.
Varias sedes de radios han sido asaltadas, saqueadas y sus equipos de trasmisión destruidos. También se les amenaza de que serán destruidas en caso de que no saquen de su programación programas de contenido incómodo para el gobierno. Otro procedimiento que practica CONATEL, es esperar a que las concesiones caduquen, para proceder al cierre y robo de los equipos.
En muchos casos los medios sufren ataques tecnológicos, como el bloqueo a portales y páginas web, el bloqueo del servicio telefónico o el hackeo de cuentas personales de los periodistas y ejecutivos. Según Netblocks, organización que monitorea apagones globales en la red, el régimen de Maduro fue el más activo del mundo en 2019 en interrumpir servicios de internet.
Diosdado Cabello continúa usando su programa Con el mazo dando para amenazar a medios y periodistas. Son usuales sus insultos contra los propietarios y periodistas de El Nacional. Amenazó varias veces que va a expropiar las instalaciones del diario para instalar ahí una escuela de periodismo bolivariano.
Algunas de las agresiones en este periodo:
El 22 de octubre cuatro sujetos a bordo de una camioneta raptaron por varias horas a Julio César Rojas, fotógrafo independiente del estado Portuguesa, a quien vincularon con la cuenta Acarigua City, desde donde se hacen denuncias contra personas con negocios ligados al chavismo.
El 24 de octubre seguidores de Maduro robaron el teléfono al reportero gráfico Andrés Rodríguez, de ElPitazoTV. El hecho ocurrió durante la marcha convocada, mientras Cabello terminaba su discurso en tarima. Intentaron también robar su cámara.
El 26 de octubre José Rivas, alcalde de Tinaco en el Estado Cojedes, amenazó al periodista de Ritmos 96.9, Eduardo González: "Es creador de mentiras y eso tenemos que atacarlo. Le digo a Ritmos para que tomen cartas de manera inmediata y no es una amenaza".
El 29 de octubre la periodista Sulay García y el camarógrafo Castor Rodríguez, de VPITV en el estado Apure, fueron agredidos por grupos oficialistas durante un acto de la dirigente política Maria Corina Machado.
El 30 de octubre, en el estado Anzoátegui, ordenaron el cierre del programa radial "Gente de Aquí" conducido por la periodista Ysbelsy Hernández, en el circuito Unión Radio.
El 5 de noviembre Conatel incautó equipos y suspendió las transmisiones de Jet 95.3 FM, en Punto Fijo, Estado Falcón.
El 19 de noviembre el Diario Primicia, del estado Bolívar, denunció que un sujeto que se identificó como su reportero, no pertenece a su plantilla de periodistas.
Funcionarios Dgcim se llevaron detenidos a los periodistas que daban cobertura a un allanamiento: Miguel Dasilva y Roger Castillo de Caraota Digital; y Andrea Espinoza, Jonathan Bello y Danger Zorrilla de VPITV. Cuatro horas después fueron liberado sin devolverles los equipos de trabajos y sus teléfonos.
El 20 de noviembre, por presión de Conatel, la emisora radial Dinámica 95.5FM, en el estado Bolivar, sacó del aire el programa "Polémica", conducido por Solito Decán.
El 26 de noviembre sacaron de programación de la emisora radial 94.5FM circuito Stereo Plus de Calabozo, estado Guárico, el segmento "Hablan las Parroquias".
El 29 de noviembre Conatel sustrajo equipos y cerró radio Imaginación 94.1 FM en Elorza, Estado Apure. El propietario, José Galindo, fue detenido varias horas por funcionarios de la Guardia Nacional. El medio tenía un mes en el aire y su documentación en regla.
El 18 de diciembre siete funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron las oficinas del canal Venepress en la urbanización, Las Mercedes. Luego de dos horas permitieron la salida de trabajadores, pero mantuvieron dentro a un representante del medio y a 2 abogados.
El régimen cerró las oficinas de Venepress, imputándose al medio por legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir.
El 18 de diciembre el portal Mérida Digital fue atacado y se bloqueó el acceso a su página web por tres días. El medio sufrió tres hackeos en 2019.
El 21 de diciembre el periodista Víctor Hugas y un diputado fueron detenidos arbitrariamente por un cuerpo de seguridad de Maduro. Fueron liberados al día siguiente.
El 5 de enero el régimen de Maduro negó la acreditación y el acceso de los medios nacionales e internacionales al Palacio Legislativo, donde se instalaba un nuevo período de sesiones. Por orden del Minci, los medios afectados fueron: Globovision, La Verdad de Vargas, VP, Caraota Digital, El Nacional, Unidad, El Diario, El Nuevo País, HispanoPost, ViceNews, DPA, 800 noticias, EvTv, AP, Tal Cuál, Efecto Cocuyo, Efe, AFP, VPI, VOA, Univision, Te lo cuento, ABC, NTN24, El Pitazo, Venepress, RCN, Tv Venezuela, Blu Radio, CNV24, Crónica 1, Telemundo 51 y CNN.
Ese día, funcionarios con chalecos antibalas se instalaron frente a la sede de TVVnoticias y VivoPlaynet, en La Florida, Caracas.
Fue excarcelado el reportero Jesús Medina, quien estuvo un año y cuatro meses tras las rejas acusado de instigación y agavillamiento.
El 7 de enero colectivos armados atacaron, robaron y golpearon a periodistas Francesco Manetto, del diario español El País, y a Manuel Cobela, de Venevision. Les robaron sus equipos y documentos personales.
El 13 de enero el periódico de Monagas anunció que no circulará más por falta de insumos y porque no tiene combustible para la distribución en los 13 municipios del estado.
El 24 de enero periodistas de medios nacionales e internacionales fueron desalojados de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la Morgue de Caña de Azúcar, en el estado Aragua, cuando intentaban indagar detalles sobre los fallecidos en Cagua. Al equipo de VPITV se les prohibió el ingreso.
El 22 de enero Cabello, arremetió contra el director de La Patilla, Alberto Ravell, afirmando que irá a por todos los "traidores" que, según él, llaman a la invasión.
Conatel ordenó el cierre de la emisora Aventura 91.3 FM en Maracaibo, Estado Zulia, que forma parte del grupo comunicacional Noticiaaldia.com. Alegó el vencimiento de la concesión.
El 29 de enero el teniente coronel de la Guardia Nacional Malaguera Hernández, mantuvo detenida a la periodista Mildred Manrique en las oficinas de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Le quitaron su identificación y se la llevaron después de que la reportera le hiciera una pregunta a Cabello.
El 1 de febrero el portal puntodecorte.com fue bloqueado por la telefónica del Estado Cantv, luego de que se publicara un reportaje especial sobre las condiciones de la compañía.
El 11 de febrero equipos de prensa que esperaban la llegada de Juan Guaidó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, fueron hostigados por trabajadores de la gobernación de Vargas, de Conviasa y por el grupo de choque de Catia La Mar. Afuera del aeropuerto varios reporteros fueron golpeados. Los agresores portaban armas blancas.
Andreina Ramos y su camarógrafo, Rafael Riera, de VPITV en el Estado Lara, fueron desalojados del Hospital Central Antonio María Pineda, en Barquisimeto, luego de que les prohibieran hacer entrevistas en el sitio y los llevaran a la dirección del centro asistencial.
El 29 de febrero colectivos armados atacaron a periodistas y trabajadores de la prensa en el estado Lara. Los atacantes portaban armas de fuego, efectuaron disparos al aire y buscaron a los reporteros en los lugares en los que se resguardaron.
El 5 de marzo Cabello, a través del canal del Estado, desacreditó al periodista Edward Rodríguez, director de Comunicación de la Asamblea Nacional y de la Presidencia Interina de la República, acusándolo de hacer montaje con una noticia referida a un supuesto atentado contra Juan Guaidó.
El 12 de marzo funcionarios de Dgcim, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y colectivos amedrentaron al reportero José Gregorio Rojas y la camarógrafa Claudia García, de VPITV, en el estado Mérida.
Los periodistas Darvinson Rojas y Beatriz Rodríguez fueron detenidos por haber informado sobre afectados por el COVID-19. Rodríguez, del diario La Verdad de Vargas del estado La Guaira, fue liberada tras haber sido presionada para revelar sus fuentes informativas. Rojas, del Observatorio Monitor de Víctimas, permanece detenido desde el 21 de marzo y fue acusado de instigación al odio e instigación pública.
