La SIP acoge con entusiasmo esta discusión sobre la Declaración Americana de Derechos y Principios en el Entorno Digital bajo el liderazgo de Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
Agradecemos también a Pablo Scotellaro, presidente ejecutivo de CERTAL, y a Heber Martínez, director del Centro de Formación de Liderazgo, por invitarnos a sumarnos a este conversatorio.
Esperamos que esta iniciativa sirva de referencia para los países y gobiernos de las Américas. En particular, a aquellos que temen a la libertad de expresión y legislan de espaldas a los derechos humanos y a la jurisprudencia interamericana.
La Declaración no solo impone condiciones a los gobiernos, también exige la responsabilidad de todos los participantes en el ecosistema digital: ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, academia, intermediarios digitales y medios de comunicación.
La SIP les agradece por invitarnos hoy aquí e incluirnos en este proceso en nombre de los medios y el periodismo profesional. Colaboramos en 1994 con la Declaración de Chapultepec y en 2001 con la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconocemos que ambos documentos continúan hoy siendo un faro de luz para nuestras sociedades. Siguen siendo muy pertinentes y útiles para resolver conflictos y tensiones cuando se cuestionan las libertades de prensa y expresión.
Aplaudimos a la OEA por buscar complementar esa visión a la luz de los desafíos y complejidades de la era digital. Vivimos un proceso similar en 2018. Después de años de trabajo y consulta, creamos la Declaración de Salta sobre los Principios de la Libertad de Expresión en la Era Digital. Creíamos necesario complementar los principios de Chapultepec ante un mundo que nadie anticipaba en los albores de internet.
Hoy, como nunca, podemos observar en algunos de nuestros propios países las consecuencias sociales que se desencadenan cuando la libertad de prensa y de expresión es atacada y atrofiada por los autoritarismos.
Además de estos ataques políticos, los medios de comunicación están sufriendo las consecuencias de una profunda crisis económica alimentada por la pandemia y el ecosistema digital. Como resultado, las organizaciones periodísticas han ido perdiendo constantemente ingresos publicitarios, que alguna vez fueron su principal sustento.
Una gran parte de la publicidad en el mundo ha migrado a plataformas digitales como Google y Meta. Y la paradoja de este desequilibrio es que las plataformas usan contenido de medios de forma gratuita para atraer audiencias y generar más ingresos publicitarios. Los medios, entonces, no son recompensados ni se benefician de la creación de sus contenidos.
Los efectos de este desequilibrio son graves. Muchos medios de comunicación están cerrando, creando desiertos de información cada vez más amplios: ciudades y comunidades sin periodismo local. Y sin medios locales, sin organismos de control, se propaga la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, mientras se reduce la participación ciudadana en los procesos electorales y el compromiso de la gente con su comunidad. Sin periodismo local, las democracias corren más peligro que nunca.
Por ello, creemos que esta nueva Declaración debe incluir un principio vital de la Declaración de Salta que solicita que "los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información".
Estamos orgullosos de haber presentado esa idea, incluso antes de la directiva de la Comisión Europea de 2019 sobre derechos de autor. Y así, en 2021, junto a un grupo de más de 20 asociaciones de medios y periodistas, nacionales y supranacionales, hicimos un llamado por reglas para "para defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital". Instamos a los países a priorizar la mejora del contenido de noticias en las plataformas digitales, asegurando condiciones de compensación justas y razonables.
Dijimos que debe haber enfoques coherentes para hacer cumplir un derecho basado en la propiedad intelectual y la ley de competencia. Y pedimos que se eviten prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital, donde las plataformas son árbitros y actores destacados.
Hemos visto en los últimos años esfuerzos legales para abordar este desequilibrio. Por ejemplo, en Australia y en algunos países europeos, las plataformas y los medios deben negociar acuerdos de derechos de propiedad intelectual. También hay proyectos de ley en el Congreso canadiense, muy similares a la ley en Australia. Y, en EE.UU., los medios buscan lograr ese equilibrio a través de la "Ley de Competencia y Preservación del Periodismo".
Más allá del resultado de esos esfuerzos, en la SIP estamos teniendo conversaciones muy francas con plataformas como Google. Agradecemos su apertura para llegar a acuerdos, ayudar a los medios en su transformación y la proyección de licencias de pagos por contenidos noticiosos que ya existen en Brasil, Argentina, Colombia, México y próximamente en otros países.
Google sabe que preferimos acuerdos privados con los medios porque la legislación no es la respuesta más adecuada en todos los países. Y no resuelve las emergencias creadas en la actual crisis económica. Sin embargo, queremos que las plataformas paguen a los medios cantidades equivalentes a las que pagan en aquellos países que han aprobado leyes.
Creemos que este es un equilibrio justo, razonable y necesario que debe lograr esta nueva Declaración. Los medios no piden limosnas ni subsidios, sino que se respete la creación de contenidos y se pague por los beneficios que estos generan para los intermediarios digitales.
La independencia de los medios depende no solo de la ausencia de injerencia política, sino también de su sostenibilidad económica. Esta ecuación se expresa en la Declaración Windhoek + 30 de la UNESCO, que llama respetar la independencia y define el contenido de las noticias como un bien público.
Por último, creemos que esta nueva Declaración de la OEA llega en un momento oportuno ya que surgieron debates sobre la moderación de contenidos en las plataformas. La demanda de moderación proviene de un aumento de la desinformación durante las campañas electorales, discursos de odio, invasión de la privacidad y discusiones como las generadas por Elon Musk en Twitter, entre otras.
Más que nunca, esta Declaración es necesaria para crear un marco de referencia y dar luz y solidaridad al debate. Hay movimientos en el mundo que quieren regular los contenidos por ley y otros que insisten en la autorregulación y la alfabetización digital.
No está claro cuál de los dos movimientos prevalecerá porque ambos tienen ventajas y desventajas. Nosotros en la SIP, siempre protectores de la independencia y limitando la injerencia del gobierno en los contenidos, preferimos la autorregulación.
Sin embargo, creemos que cualquier camino debe destacar los estándares interamericanos en los que prevalezcan las garantías de la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad, legitimidad y proporcionalidad.
En marzo de 2021 fuimos convocados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para expresar nuestra posición sobre la moderación de contenidos. Ahora, para febrero de 2023, nos ha convocado la UNESCO por el mismo motivo. Allí, continuaremos discutiendo los pros y contras de que los gobiernos legislen sobre la moderación de contenidos.
Sabiendo que no todos los gobiernos son democráticos o tienen vocación democrática, esta nueva Declaración refuerza nuestra posición de que cualquier acción o discusión sobre el ecosistema digital debe estar guiada por el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.
Muchas gracias
