República Dominicana

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Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 a 11 de abril de 2016
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Luego de una espera de tres años, el Tribunal Constitucional anuló, a principios de este año, siete artículos de la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, desmantelando parcialmente el entramado de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el 1962, acogiendo así un recurso de inconstitucionalidad incoado por tres diarios con el respaldo de los demás miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios.


La prensa acogió el fallo del alto tribunal como una primera victoria y decidió seguir luchando para el desmonte total de los artículos lesivos aún vigentes en esa ley y en el Código Penal.


Con este fallo, se anula el llamado "efecto cascada" por medio del cual el director de una publicación era considerado autor de un delito de difamación e injuria que hubiese sido responsabilidad de un tercero y que se comprobase en juicio, así como aquellos artículos que impedían a los medios publicar "denuncias o declaraciones dubitativas" que fuesen lesivas al honor de una serie de funcionarios públicos y diplomáticos, lo que constituía una censura previa.


Preocupa además la recurrencia con que reporteros y foto reporteros o comentaristas de radio y televisión sufren agresiones físicas o amenazas o se exponen a presiones de todo género, una tendencia en auge en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las actividades del crimen organizado, los pandilleros y los delincuentes comunes.

Los excesos que cometen agentes policiales o militares, entre ellos escoltas de funcionarios públicos, se han hecho frecuentes en el momento en que se producen disturbios callejeros frente a los tribunales o en actos públicos masivos.


Los periodistas Danny Polanco y Socorro Monegro fueron heridos por disparos de escopetas y bombas por parte de agentes policiales durante violentos enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y frente a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional. El autor de los disparos que hirió al periodista Polanco, haciéndole perder la visión de un ojo, fue dado de baja y procesado mientras al comandante de la tropa lo penalizaron con varios días de arresto.


Las amenazas de muerte contra varios periodistas de provincias se han incrementado en la medida en que estos denuncian, por sus medios, sean digitales, televisivos, radiales o impresos, supuestos casos de corrupción en el manejo de recursos públicos en alcaldías, gobernaciones provinciales o dependencias del gobierno o cuando difunden notas sobre las pandillas y los sometimientos de delincuentes en los tribunales.


La embajada de los Estados Unidos en el país impidió el ingreso de los periodistas de Diario Libre a una actividad a la que fue invitada la prensa, generándose la condena de la prensa nacional e internacional.


El diario atribuyó ese discrimen al hecho de haber publicado una fotografía en la que aparece el embajador James 'Wally" Brewster, junto a su esposo, bañándose en la piscina de la sede diplomática en la celebración del "Día del Orgullo Gay" junto con varias personas. Los ejecutivos del periódico comunicaron su queja al Departamento de Estado, considerando que la censura y la discriminación a la libertad de los periodistas es contraria a lo contemplado en tratados internacionales y a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.


Por otro lado, y pese a la insistencia con que la prensa ha reclamado el esclarecimiento del asesinato del periodista Blas Olivo, hace justamente un año, las investigaciones parecen haber caído en un punto muerto lo que hace temer que, al no completarse la investigación y reunirse todas las pruebas, el expediente sea archivado en los tribunales.


Tras el asesinato del periodista, cinco de los 19 sospechosos fueron abatidos a tiros por la Policía en distintos "enfrentamientos" mientras seis oficiales policiales y militares, que debían cumplir medidas de coerción en distintas cárceles del país, han sido excluidos del expediente, lo que acentúa las preocupaciones de que el crimen pueda quedar impune.


Distinto a este proceso, las autoridades dominicanas han anunciado esta misma semana que se iniciaron los trámites formales para la extradición del dominicano Matias Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista José Silvestre, ocurrido en la ciudad de La Romana, en 2011, hecho por el cual fueron condenados a 30 años de prisión dos personas. Avelino Castro se encuentra detenido en Colombia, aguardando su traslado a este país.


El oposicionista Partido Revolucionario Moderno (PRM) denunció que el Gobierno había presionado a dos televisoras privadas para que no difundieran un corto documental con alusiones a actos de corrupción. Las televisoras dijeron que actuaron sin presiones y que se abstuvieron porque el documental contenía elementos de difamación e injuria. El asunto, no obstante, despertó preocupación entre los asistentes a la reunión.









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