Impunidad Brasil

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Resolución de la Reunión de Medio Año
Punta Cana, República Dominicana
8 al 11 de abril de 2016

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CONSIDERANDO que continúan impunes los asesinatos de Reinaldo Coutinho da Silva el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Rio de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul; José Carlos Mesquita, el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia; y Luiz Otávio Monteiro, el 29 de diciembre de 1988, en Manaus, Amazonas


CONSIDERANDO que se han producido otros crímenes contra periodistas en el ejercicio de su profesión después de estos asesinatos, los cuales están siendo objeto de investigación, y que los culpables aún deben ser castigados


CONSIDERANDO que estos casos de impunidad incluyen el asesinato del comentarista deportivo Valério Luiz de Oliveira, el 5 de julio de 2012, en el estado de Goiás; que entre los acusados en relación con este delito se encuentra el empresario Mauricio Sampaio, presidente del Atlético Clube Goianiense, equipo de fútbol de Goiânia, puesto para el que fue seleccionado mientras estaba a la espera, como hombre libre, del fallo sobre su apelación contra el auto de procesamiento; que también se acusa, en relación con este asesinato, a Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier y Ademá Figueredo y Djalma da Silva; que los acusados deben enfrentar un juicio por jurado; que apelaron al Tribunal de Justicia de Goiás, y el tribunal denegó todas las apelaciones, incluso rechazó la admisibilidad de recursos especiales ante el Tribunal Superior y recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo; y ellos presentaron una apelación interlocutoria ante el Tribunal Superior en la búsqueda de que se admitan las demás apelaciones


CONSIDERANDO que el caso de Valério Luiz fue presentado por su hijo en una audiencia de octubre de 2015 sobre violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, momento en el cual la organización no gubernamental Artículo 19 se unió a la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo y la Federación Interestatal de Trabajadores de Radio y Televisión para presentar una queja contra el estado brasileño por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no defender el derecho a la libertad de expresión; esta queja también se basó en la situación actual de violaciones sistemáticas contra periodistas en Brasil


CONSIDERANDO que João Borba Valdecir, de Difusora 1490 AM, radioestación de São Jorge do Oeste, estado de Paraná, fue asesinado el 10 de marzo de 2016; Borba producía programas musicales, pero había pedido no cubrir más el área policial, y hay informes no confirmados de que había recibido amenazas; por lo que el asesinato podría estar relacionado con su trabajo


CONSIDERANDO que el 10 de marzo de 2016 representantes de la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), la Radio y la Asociación Brasileña de Radio y Televisión (Abratel), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER), y la Unesco entregaron a Edinho Silva, jefe de prensa de la presidencia de Brasil, una carta en la que se condena la violencia contra los periodistas, manifiesta días antes en las protestas políticas, principalmente en São Paulo; y reiteraron la necesidad de establecer mecanismos para proteger a los periodistas en el ejercicio de su profesión


CONSIDERANDO que el secretario de prensa recordó en su blog el 10 de marzo de 2016 (http://edinhosilva.com.br/2016/03/violencia-nao-e-saida-e-intolerancia-e-fermento-do-odio/) la existencia de un decreto emitido en respuesta a los ataques a periodistas durante protestas en las calles, que "establece directrices sobre el uso de la fuerza por los agentes de seguridad pública, recomienda equipos de protección para los reporteros y crea un curso sobre cobertura periodística durante acciones de los efectivos de la seguridad pública"

CONSIDERANDO que la Asociación de Prensa de Brasil (ABI) puso en marcha el proyecto "SOS Jornalista" el 20 de agosto de 2015 para denunciar la impunidad en los crímenes contra la vida y los medios de vida de los profesionales de los medios de comunicación; a finales de 2015, SOS Jornalista había recibido nueve informes de amenazas y notificó a las autoridades locales acerca de ellas, pero no recibió respuesta alguna; que hasta el 26 de marzo el acuerdo de cooperación técnica con la Secretaría Nacional de Seguridad Pública todavía no había sido firmado


CONSIDERANDO que el 7 de marzo de 2016 el Consejo de Comunicación de Masas del Congreso Nacional, compuesto por miembros de la sociedad civil, representantes de las empresas de medios de comunicación y personalidades de la radio, periodistas, artistas y profesionales de vídeo y cine, difundió un comunicado expresando su preocupación sobre "una tendencia al aumento de la violencia contra los profesionales de los medios, como se ha indicado anteriormente en su Dictamen N ° 1 de 2016";
CONSIDERANDO que el Consejo de Comunicación de Masas apoya la aprobación del proyecto 743/2011 presentado por el Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), proyecto 699/2011, presentado por el exsenador Vital do Rêgo, y el proyecto 2658/2011 del Representante Lindo Mar Garçon (PV -RO); estas propuestas de leyes abordan el uso de chalecos antibalas y otros equipos de protección personal para los periodistas que trabajan en situaciones de riesgos


CONSIDERANDO que el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos para profesionales de la comunicación en Brasil fue creado por la Resolución N ° 7 del 18 de octubre de 2012, como parte del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, que se encuentra bajo la Secretaría de Derechos Humanos de la Oficina del Presidente de Brasil; que el grupo de trabajo recomendó a la rama ejecutiva federal en su informe de marzo de 2014 ampliar el Sistema Nacional de Protección para incluir a los periodistas que están siendo amenazados, teniendo en cuenta las circunstancias específicas en las que trabajan, y, entre otras medidas, establecer un Observatorio de la Violencia contra Periodistas; sin embargo, dicho observatorio aún tiene que materializarse


CONSIDERANDO que en octubre de 2015 el senador Paulo Bauer (PSDB-SC) presentó un proyecto de ley 665/2015, que añadiría un inciso al artículo 1 de la Ley 10446/2002 "para establecer que en el caso de implicaciones interestatales o internacionales que exigen la ejecución de un esfuerzo uniforme, el Departamento de Policía Federal del Ministerio de Justicia pueda investigar los crímenes cometidos contra profesionales de los medios de radio, televisión, medios impresos, Internet y nuevos medios de comunicación por razones relacionadas con su trabajo con la intención de violar la libertad de expresión"; este proyecto de ley se encuentra ahora ante la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado, siendo relator Ricardo Franco


CONSIDERANDO que el 6 de febrero de 2015, el proyecto de ley 7107/2014, presentado por Domingos Sávio (PSDB / MG), de la Cámara de Diputados, fue devuelto a la orden del día; este proyecto de ley añadiría "un párrafo al artículo 1 de la Ley de crímenes atroces, Ley 8072, de 25 de julio de 1990, clasificando como atroces todos los delitos cometidos contra la vida, la seguridad y la integridad física de un periodista o profesional de los medios de comunicación en el ejercicio de su trabajo"; el 12 de marzo de 2015, el legislador Ronaldo Fonseca (PROS / DF) fue designado como relator, y el proyecto de ley se encuentra ahora ante la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados


CONSIDERANDO que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 74/14, Petición 1294-5, en relación con Mário de Almeida Coelho Filho, reportero, fotógrafo y director administrativo del periódico A Verdade, asesinado el 16 de agosto, de 2001, en Magé, estado de Río de Janeiro


CONSIDERANDO que fue suscrito un Acuerdo de Solución Amistosa entre el gobierno brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, el 14 de enero de 1998 en Itabuna, Bahía, y el caso fue reabierto con el propósito de identificar y castigar a los que ordenaron el asesinato; sin embargo, hasta el 26 de marzo del 2016 esto aún no había sucedido


CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".


LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE


Garantizar el cumplimiento de los acuerdos y las medidas anunciadas por el gobierno federal de Brasil para supervisar y mejorar la seguridad de los periodistas, en correspondencia con la ética y el derecho a informar a la sociedad, incluida la aplicación efectiva del Observatorio de Prensa y la Comisión sobre el Derecho a la Comunicación y a la Libertad de Expresión


Solicitar que se tomen medidas para identificar y castigar severamente a los autores de amenazas, agresiones y ataques contra profesionales de los medios en el ejercicio de su profesión, si estos ataques son perpetrados por manifestantes o miembros de las fuerzas de seguridad locales, regionales o nacionales


Buscar apoyo para aprobar una ley que establezca la jurisdicción federal sobre crímenes cometidos contra periodistas en el ejercicio de su profesión en el caso de fallo o ineficacia de las autoridades competentes


Buscar apoyo para la aprobación de leyes a fin de ayudar a prevenir nuevos delitos


Solicitar el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el castigo de los autores intelectuales del asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira de 1998 en Itabuna, Bahía, en vista del hecho de que Brasil es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, como tal, está obligado a respetar las disposiciones de la presente Convención desde 1992


Solicitar que el caso de Mário de Almeida Coelho Filho se revise para que los responsables de la muerte de la periodista sean castigados


Solicitar que la "desaparición" del periodista Ivan Rocha, de Rádio Alvorada, en Teixeira de Freitas, en el sur de Bahia, el 22 de abril de 1991, sea reconocido como un ataque a la libertad de prensa, una vez que se encontró el cuerpo del periodista, y la impunidad en este y otros casos pueden haber animado a otros ataques a periodistas en los últimos 25 años


Exigir que se presten las debidas condiciones materiales y apoyo para que los jefes de policía, expertos, inspectores y fiscales pueden resolver casos abiertos relacionados con asesinatos y agresiones a periodistas, con el fin de poner fin a la impunidad.



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