Discurso de José Roberto Dutriz al recibir el Premio Internacional Justicia y Prensa

Recibir el Premio Internacional Justicia y Prensa es un honor que me supera. Lo hago con profunda humildad, porque sé que esta distinción no reconoce únicamente una trayectoria personal, sino casi noventa años de una historia colectiva: la de la Sociedad Interamericana de Prensa, una institución que ha defendido la libertad de prensa en el hemisferio con la constancia de quien entiende que protege uno de los pilares esenciales de la democracia.

Antes que nada, agradezco al Poder Judicial de la República Dominicana por este reconocimiento. Para quienes ejercemos el periodismo, este gesto subraya algo fundamental: ninguna democracia es posible sin un Poder Judicial independiente, sólido y respetado. La libertad de prensa, el acceso a la información y la vigencia plena de la justicia no son esferas aisladas; se fortalecen mutuamente y sostienen, juntas, la convivencia democrática.

Siempre he creído que la justicia y el periodismo son fuerzas complementarias de la democracia. La justicia es su poder público esencial; el periodismo, su contrapoder indispensable. No compiten ni se vigilan mutuamente: se completan. Ambas trabajan sobre el mismo material sagrado: la verdad.

La verdad es su materia prima; la independencia, su virtud suprema. Y cuando ambas instituciones actúan con verdad e independencia, abren paso a otras virtudes sin las cuales la democracia no respira: equidad, igualdad, transparencia, dignidad y bien común.

Por eso, donde existen tribunales fuertes e independientes, la libertad de prensa encuentra terreno fértil. Y donde hay periodismo libre y responsable, la justicia puede actuar sin presiones indebidas.

La SIP ha comprendido siempre que la justicia es el gran cimiento de la libertad de prensa. No es una frase solemne: es una constatación histórica.

A lo largo de décadas hemos recorrido países, convocado reuniones, cumbres y diálogos que marcaron hitos en la región. Uno de los más memorables tuvo lugar en 2002, cuando celebramos la Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en Washington D.C. Allí se encontraron, por primera vez, 44 magistrados de cortes supremas del continente y más de un centenar de periodistas en un diálogo horizontal, franco y sin maquillajes.

Ese día se habló de real malicia, de descriminalización de injurias y calumnias, del derecho al honor, de la carga de la prueba de la verdad, de la transparencia judicial, del acceso a la información… y, por supuesto, de la impunidad en los crímenes contra periodistas y operadores de justicia.

Temas que, dos décadas después, conservan la misma urgencia.

El espíritu de aquella cumbre quedó plasmado en las palabras del magistrado Stephen Breyer, entonces juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando afirmó: “Necesitamos al periodismo para convencer al público de la necesidad de nuestra independencia judicial”.

Breyer entendió algo esencial: la independencia judicial no se defiende únicamente desde los tribunales, sino también desde un periodismo que explica, interpreta y fiscaliza.

A veces creemos que para fortalecer la libertad de prensa necesitamos nuevas leyes o profundas reformas. Y en ocasiones es así. Pero muchas veces basta con que los jueces interpreten con independencia, prudencia y sentido democrático lo que ya existe.

Los ejemplos abundan:

— La doctrina de la real malicia sigue siendo la mejor herramienta para proteger el debate público.

— La necesidad de descriminalizar la injuria y la calumnia permanece vigente en países donde estas figuras se usan como mordaza.

— El abuso de las demandas SLAPP, diseñadas para intimidar y agotar a periodistas mediante litigios interminables.

— La manipulación de procesos civiles para castigar económicamente a quienes investigan al poder.

Estos mecanismos, aunque legales, pueden distorsionar el espíritu democrático. Por ello necesitamos jueces capaces de hacerse una pregunta fundamental:

“¿Esta ley busca justicia o busca silenciar la crítica?”

Recuerdo que hace años visitamos al presidente de la Corte Suprema de Perú. Tras escuchar los abusos de demandas intimidatorias en su país, emitió una acordada que recomendaba a los jueces extremar el criterio antes de aceptar litigios destinados a acallar a la prensa. Ese solo gesto salvó redacciones enteras.

Por eso afirmo, sin equívocos, que una justicia independiente es el mejor escudo de la libertad de prensa.

También es necesario ser claros: defender la libertad de prensa no significa tener licencia para dañar o atropellar derechos ajenos. La intimidad, el honor y la privacidad existen, deben respetarse y exigen responsabilidad profesional.

El primer conflicto surge cuando la información involucra a funcionarios públicos. Allí aparecen tensiones entre libertad de prensa y derecho al honor, especialmente cuando investigamos decisiones o conductas que afectan la vida colectiva.

El segundo conflicto es distinto, pero igual de delicado: el que enfrenta transparencia y seguridad nacional, publicidad de los actos del Estado y restricciones impuestas en nombre del orden público. Es un dilema que se agrava bajo estados de excepción o medidas extraordinarias que limitan derechos constitucionales.

Ambos conflictos tienen algo en común: solo pueden resolverse con independencia judicial, rigor profesional y un diálogo transparente entre prensa y Poder Judicial.

Ese diálogo no es una cortesía institucional; es una necesidad democrática. Y debe incluir un elemento muchas veces olvidado: el acceso a la información judicial.

Expedientes sellados, sentencias no publicadas, estadísticas inaccesibles… todo ello alimenta la opacidad.

Y donde hay opacidad, hay desconfianza.

Y donde hay desconfianza, la democracia se debilita.

La otra cara es la impunidad.

En 2007, desde esta misma sede, la SIP y la Corte Suprema dominicana organizamos la Conferencia Hemisférica Poder Judicial, Prensa e Impunidad. Entonces —como ahora— alcanzamos una conclusión irrefutable:

La violencia contra jueces, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos es un ataque directo a la democracia.

En aquella conferencia se reafirmó que la violencia y las amenazas contra quienes administran justicia o ejercen el periodismo violan derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana.

Y quedó claro algo que sigue vigente: prensa y justicia pueden criticarse mutuamente, pero jamás deben intimidarse.

Permítanme subrayar un principio establecido también en la Cumbre Iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas de 2004, en mi país, El Salvador:

una justicia independiente y una prensa libre son indispensables para el fortalecimiento democrático.

Lo reafirmo hoy con la mayor claridad:

No existe democracia sin justicia independiente.

No existe democracia sin libertad de prensa.

Cuando una democracia pierde una de estas dos columnas, deja de caminar.

Cuando pierde ambas —como ocurre en Cuba, Nicaragua o Venezuela— deja, sencillamente, de ser democracia.

Por eso recibo este premio con gratitud, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. Este reconocimiento es un llamado al futuro: a proteger, fortalecer y dignificar estas dos instituciones —la justicia y la prensa— porque solo cuando ambas funcionan con independencia y compromiso democrático es posible que nuestras sociedades avancen en libertad.

Muchas gracias.