Por: Mariana Belloso
La falta de investigación sobre las amenazas, la estigmatización desde el poder y el avance del crimen organizado están creando condiciones cada vez más peligrosas para el ejercicio del periodismo en América Latina.
De izq. a der., Pedro Vaca Villarreal, Adriana León, Sofía Jaramillo y Roberto Rock.
Por: Mariana Belloso
La impunidad en los crímenes contra periodistas en América Latina ya no puede medirse únicamente por los asesinatos sin resolver, advirtieron expertos durante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Esta comienza con amenazas que nadie investiga, campañas de desprestigio promovidas desde el poder, ataques digitales, autocensura y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
El panel “Crímenes sin justicia: la impunidad que amenaza al periodismo” se desarrolló durante el segundo día de la asamblea, que reúne en Bogotá a periodistas, directivos de medios y especialistas de toda la región para debatir los desafíos que enfrenta la libertad de prensa. La SIP, organización hemisférica dedicada a la defensa de la libertad de expresión y de prensa desde hace más de ocho décadas, ha convertido la lucha contra la impunidad en uno de los ejes históricos de su trabajo.
La discusión reunió a Sofía Jaramillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia; Adriana León, directora de Libertades Informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú; y Pedro Vaca Villareal, exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El panel fue moderado por Roberto Rock, director de La Silla Rota y expresidente de la SIP.
Durante la introducción al intercambio, Rock destacó la importancia de pasar de la denuncia a la acción y mencionó iniciativas regionales orientadas a romper los ciclos de impunidad. Entre ellas se encuentra la Unidad de Respuesta Periodística (URP), un proyecto impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con apoyo del Global Media Defence Fund de la UNESCO.
La URP investiga y documenta casos de periodistas asesinados cuyos expedientes permanecen sin resolver, revisa pruebas, reconstruye contextos, identifica contradicciones y explora posibles vías legales para impulsar la reapertura de procesos o el avance de investigaciones paralizadas. La iniciativa busca contribuir a que los casos vuelvan a moverse y eventualmente alcancen verdad y justicia.
La impunidad no comienza con el asesinato
Para Jaramillo, uno de los principales errores de los Estados es entender la impunidad únicamente a partir de los homicidios contra periodistas. La directora de la FLIP recordó que en Colombia un periodista es amenazado, en promedio, cada dos días y que muchas de esas amenazas nunca son investigadas. Cuando ello ocurre, explicó, la impunidad se convierte en un factor que facilita nuevas agresiones e incluso asesinatos.
Como ejemplo mencionó el caso del periodista colombiano Rafael Moreno, quien denunció cerca de 40 amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre corrupción antes de ser asesinado en 2022. Según Jaramillo, la ausencia de respuestas efectivas por parte de las autoridades permite que las amenazas evolucionen hasta convertirse en violencia letal.
La abogada también recordó que Colombia registra 172 periodistas asesinados desde 1977, mientras que numerosos casos emblemáticos, como los de Guillermo Cano Isaza, Julio Daniel Chaparro, Jorge Torres y Gerardo Bedoya, siguen enfrentando décadas de impunidad o investigaciones incompletas.
El crimen organizado gana terreno
Adriana León, por su parte, se refirió a la situación en Perú. Advirtió sobre el deterioro acelerado de las condiciones para ejercer el periodismo en zonas dominadas por redes criminales. Según explicó, la expansión del narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada está afectando cada vez más la capacidad de los periodistas para investigar asuntos de interés público.
“Nos hemos encontrado con periodistas que tienen información de enorme relevancia, pero no pueden publicarla porque tienen miedo”, señaló. León destacó que la situación ha obligado al IPYS a fortalecer programas de seguridad para periodistas, incluyendo refugios temporales, asistencia especializada y medidas de protección física. “Hace apenas unos días tuve que comprar tres chalecos antibalas para periodistas peruanos”, afirmó.
La periodista alertó también sobre el fenómeno de los “silencios informativos”, cada vez más frecuentes en regiones donde la violencia y la ausencia de protección estatal limitan la capacidad de informar de medios locales y comunitarios.
La estigmatización desde el poder
Uno de los planteamientos que generó mayor consenso entre los panelistas fue el impacto de los discursos hostiles contra la prensa promovidos por las propias autoridades. Pedro Vaca advirtió que varios países de la región atraviesan un momento particularmente preocupante debido al creciente uso de narrativas que presentan a los periodistas como adversarios políticos o enemigos.
“Es difícil encontrar hoy un país del continente donde la figura presidencial no esté estigmatizando de alguna manera la labor periodística”, afirmó. A su juicio, ese discurso aumenta los riesgos para la prensa y crea condiciones que facilitan tanto las agresiones físicas como las campañas de acoso en línea.
Jaramillo coincidió en que las declaraciones estigmatizantes no afectan únicamente a los periodistas señalados directamente, sino que generan un ambiente generalizado de temor y autocensura. “Los periodistas empiezan a cuidar cada palabra por miedo a amenazas, ataques o persecuciones judiciales”, señaló.
El periodismo regional, el más vulnerable
Otro de los mensajes centrales del panel fue la necesidad de prestar mayor atención al periodismo local. Vaca recordó que los periodistas más expuestos suelen trabajar lejos de las capitales, en territorios donde la frontera entre la legalidad y la criminalidad es difusa y donde las instituciones estatales tienen menos capacidad de respuesta. “Es un periodismo más solitario y mucho más expuesto”, afirmó.
Los panelistas coincidieron en que gran parte de los ataques más graves contra la prensa ocurren precisamente en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde los reporteros investigan corrupción local, economías criminales, conflictos territoriales o abusos de poder sin contar con los recursos de los grandes medios.
Más allá de “las tres P”
Durante la conversación, los participantes retomaron un marco tradicional para combatir la impunidad basado en tres pilares: prevenir, proteger y perseguir a los responsables. Sin embargo, Vaca propuso añadir una nueva dimensión: defender las condiciones democráticas que permiten el ejercicio libre del periodismo.
Según el exrelator de la CIDH, la protección de los periodistas también depende de la independencia judicial, la separación de poderes y la existencia de instituciones capaces de responder ante las agresiones. “La verdad sobre los ataques a la prensa sigue asustando en América Latina”, concluyó. “Y cuando la justicia falla, el periodismo tiene la responsabilidad de seguir buscándola”.
