La SIP aboga por acceso a la información y reclama eliminación del desacato en Chile

Las recomendaciones en materia de acceso a la información pública e información judicial y la eliminación del delito de desacato fueron incluidas en un documento que fue elaborado durante un foro que la SIP realizó en esta ciudad el 8 y 9 de junio con expertos legales y abogados chilenos de medios de comunicación, entre ellos Miguel González Pino, Juan Pablo Olmedo y Pedro Anguita. (Documento adjunto al final de este comunicado). Una de las cinco recomendaciones establece la necesidad de “eliminar el delito de desacato contenido en los artículos 263 y 264 del Código Penal y los artículos 276, 284, 416 y 417 del Código de Justicia Militar, en concordancia con la iniciativa legal propuesta por el Presidente de la República en septiembre de 2002, y actualmente radicado en la Comisión Mixta del Congreso Nacional”.

Sergio Muñoz, presidente de la Comisión de Chapultepec de la SIP, se refirió a la trascendencia de los encuentros nacionales que la SIP promueve desde hace tres años con jueces, legisladores, abogados y periodistas con el objetivo de debatir sobre legislación y regulaciones que afectan y favorecen la libertad de prensa y el derecho del público a la información. “Creemos – dijo Muñoz - como periodistas y ciudadanos, que es nuestro deber moral y profesional seguir impulsando estos preceptos fundamentales para el fortalecimiento de las democracias”.

El senador Romero, en materia de acceso a la información pública, se mostró confiado de un proyecto de ley que se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, y dijo que servirá para contrarrestar otras legislaciones vigentes a las que calificó de “letra muerta” y que promueven la cultura del “secretismo en la administración pública”.

Como legislación vigente negativa en materia de acceso, el Presidente del Senado, se refirió a la Ley de Probidad (Ley 19.653) de diciembre de 1999 con el complemento de la Ley 19.880 de mayo del 2003 que “no han logrado en la práctica conseguir el objetivo propuesto por el legislador, siendo en la actualidad, el derecho al libre acceso a la información pública, verdadera letra muerta”. También dijo que el Decreto Supremo No. 26 del 28 de enero del 2001 del Ministerio Secretaría General de Gobierno al establecer que son los propios órganos de la Administración del Estado los que determinan la confidencialidad de los actos o documentos de la administración pública, produjo una “verdadera cultura del secretismo”.

Sobre el particular, Juan Luis Sommers, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, institución que auspició la Conferencia, expresó que “hay una singular paradoja en el hecho de que en un régimen democrático existan materias declaradas secretas o reservadas para nosotros, los simples ciudadanos, precisamente por aquellos que nosotros mismos hemos elegido”.

Respecto a un proyecto de ley sobre protección al honor e intimidad de las personas, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, Romero indicó que se debe buscar “un equilibrio razonable” entre quienes favorecen el derecho a la información por sobre el derecho a la honra e intimidad y viceversa. Agregó que los “grandes acuerdos legislativos” en el Congreso Nacional requieren de la participación activa del “mundo académico y los medios de comunicación”, que serán consultados.

El senador Romero también se refirió al proyecto de ley de reforma del Código Penal y el Código de Justicia Militar, actualmente en tratamiento en una Comisión Mixta del Congreso, y adelantó que existen discrepancias en ambas cámaras legislativas sobre la derogación del delito de desacato.

Sobre el tema, el presidente de la SIP, Miró Quesada, amplió sobre la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1994 que estableció que el delito de desacato es contrario al artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica. Agregó que “consideramos necesario que Chile se una a muchos países que han eliminado de su legislación las normas de desacato, tales como los casos recientes de Honduras y Panamá, así como los de Costa Rica, Paraguay, Argentina y Perú”.

Claudio Grossman, invitado especial por la SIP, abogado chileno decano de la Facultad de Leyes de la Universidad American de Washington, durante el panel “Conveniencia de la derogatoria de leyes que restringen la libertad de prensa en Chile”, se refirió al sistema internacional de justicia. Explicó sobre casos importantes ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han creado jurisprudencia a favor de la libertad de prensa, tales como los de la periodista chilena Alejandra Matus, el periodista costarricense Mauricio Herrera y el peruano Baruch Ivcher.

El panel estuvo integrado por Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y los tres abogados chilenos González, Olmedo y Anguita, quienes criticaron el amparo que tienen los funcionarios con la figura del desacato y abogaron para que se dicte una ley de acceso a la información pública amplia que obligue a todos los organismos del Estado, incluido el Poder Judicial, a brindar información en forma oportuna.

En el debate posterior, ante la opinión de un diputado nacional sobre la necesidad de controlar la libertad de prensa, Marroquín expresó que “la mejor ley de prensa es aquella que no existe”, aunque destacó la importancia de “mejorar las legislaciones existentes sobre la materia en libertad de prensa”.

Por último, el presidente de la SIP, anunció que la próxima etapa del proyecto de Chapultepec incluirá un debate hemisférico sobre el comportamiento ético de la prensa.

La delegación de la SIP estuvo integrada por Alejandro Miró Quesada Cisneros, El Comercio, Lima, Perú; Gonzalo Marroquín, Prensa Libre, Guatemala; Sergio Muñoz, Los Angeles Times; y por Julio Muñoz y Ricardo Trotti, director ejecutivo y de libertad de prensa de la institución, respectivamente.

El proyecto de Chapultepec de la SIP cuenta con el apoyo de la Fundación Robert R. McCormick, con sede en Chicago, Estados Unidos.

Texto del documento sobre recomendaciones que la SIP entregó a senadores y diputados chilenos:

RECOMENDACIONES

Reunidos en Santiago de Chile los días 9 y 10 de junio del 2005 bajo el auspicio de la Sociedad Interamericana de Prensa y contando con la colaboración de la Asociación Nacional de la Prensa, académicos, abogados de medios de comunicación y miembros de la sociedad civil, proponemos a consideración del Poder Legislativo chileno las siguientes recomendaciones:

Considerando que el derecho a la libertad de expresión está consagrado en los instrumentos internacionales adoptados por Chile y desarrollados especialmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Considerando que ese derecho comprende el acceso a la información pública, principalmente en manos de los órganos del Estado, derecho que ha sido promovido también en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Considerando que la Declaración de Chapultepec a la cual han adherido la mayoría de los gobiernos democráticos de las Américas, incluyendo el de Chile, en su artículo 3 establece que “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público”.

Considerando las recomendaciones especiales sobre acceso a la información pública de la Sociedad Interamericana de Prensa – documento adjunto - y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Considerando las reformas constitucionales y los proyectos de ley actualmente en debate en el Congreso Nacional de Chile sobre la probidad, la transparencia y el acceso a la información pública.

Considerando que la legislación que penaliza el desacato o injuria calificada contra las autoridades y funcionarios del Estado ha sido declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Política de Chile

El grupo de trabajo recomienda:

1) Hacer explícitos en la Constitución Política de la República los principios de probidad y transparencia, y el acceso a la información pública de todos los órganos del Estado.  

2) Desarrollar mecanismos y prácticas activas destinadas a garantizar el derecho a acceso a la información pública y profundizar la cultura de la transparencia en los tres poderes del Estado y en los organismos autónomos establecidos constitucionalmente.

3) Perfeccionar el estatuto de acceso a la información pública a fin de garantizar el principio de máxima revelación de la misma, armonizando las causales de reserva legal a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, eliminar la autorización legal para restringir el acceso a dicha información por la vía reglamentaria contenida en el proyecto de ley presentado por los senadores Hernán Larrain y Jaime Gazmuri.

4) Establecer una normativa general y uniforme, en armonía con el principio de publicidad de los actos judiciales, sobre la grabación, transmisión y difusión de las audiencias en los tribunales.

5)  Eliminar el delito de desacato contenido en los artículos 263 y 264 del Código Penal y los artículos 276, 284, 416 y 417 del Código de Justicia Militar, en concordancia con la iniciativa legal propuesta por el Presidente de la República en septiembre de 2002, y actualmente radicado en la Comisión Mixta del Congreso Nacional.

FUENTE: nota.texto7