Profunda condena de la SIP por improcedente operativo contra periodista mexicana

Miami (20 de diciembre del 2005).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su más profunda condena y calificó como irregular el operativo desplegado para la aprehensión de la periodista mexicana y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, acusada por difamación, al tiempo que solicitó al Estado que investigue los hechos y adopte medidas para proteger y garantizar transparencia en el proceso judicial en su contra.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, expresó que “si bien respetamos el derecho a acudir a la justicia cuando un ciudadano considera que ha sido difamado o calumniado, condenamos y resulta muy sospechosa la forma en que la periodista Cacho fue detenida, la extraña agilidad de la autorización de su traslado hacia otro estado, las vejaciones a las que fue sometida y la privación de sus derechos constitucionales. Es improcedente y pone en duda la imparcialidad del tribunal”.

El 16 de diciembre, Cacho,  directora del Centro Integral de Atención a la Mujer y columnista del periódico La Voz del Caribe, llegaba a su oficina en Cancún, Quintana Roo, donde cuatro agentes de la policía judicial del estado de Puebla donde fue radicada la demanda, la detuvieron por desacato al no presentarse ante un tribunal para responder por la acusación, citatorios que de acuerdo a la periodista, nunca recibió.

Durante el trayecto por carretera de cerca de 20 horas a Puebla, unos mil 500 kilómetros de distancia de Cancún, no se le permitió comunicación con su abogado, tampoco obtener sus medicinas para tratar una bronquitis y neumonía que la aquejaba; recibió trato hostil y tortura sicológica, situación, que según relató la periodista, fue menos agresiva luego que los policías judiciales recibieron una llamada de sus superiores.

Según indagaciones de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México, el empresario textil Kamel Nacif Borge, demandó en octubre pasado a Cacho por difamación y calumnia al sentirse perjudicado en el libro de su autoría, “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía”, donde la periodista lo vincula a Jean Succar Kuri, acusado de ser el líder de una de las redes internacionales de prostitución y pornografía infantil, detenido el año pasado en Estados Unidos.

Marroquín, director del periódico Prensa Libre, de Guatemala, agregó que “observamos que  existen muchos elementos preocupantes en el manejo de este pleito judicial. Confiamos, y así exhortamos a las autoridades involucradas, a que se investigue este irregular comportamiento y se garantice una resolución judicial justa”.

Desde hace varios meses la periodista recibe protección de agentes de la Procuraduría General de la República debido a reiteradas amenazas de muerte por su defensa de los derechos humanos y el polémico libro que también menciona a otros personajes de la vida económica y política de México que estarían presuntamente involucrados directa o indirectamente en redes internacionales de pornografía infantil.

En Puebla, tras recibir lo que consideró un trato denigrante y tortuoso, los abogados de Cacho lograron sacarla de la prisión tras pagar una fianza de 70 mil pesos en efectivo (unos 6.500 dólares). En los próximos días Cacho ofrecer pruebas para avalar su defensa.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP destacó que “acciones como las emprendidas contra la periodista Cacho, envían un mensaje negativo sobre el proceder de la autoridades que debe ser investigado” Agregó que SIP ha venido siguiendo el tratamiento a los delitos de calumnias e injurias en México, donde en algunos estados aumentaron las penas carcelarias en contra de periodistas, lo que contradice la tendencia a la despenalización de estos delitos en otros países latinoamericanos.

FUENTE: nota.texto7