Organizaciones mundiales de libertad de prensa aprueban resoluciones / Press freedom organizations worldwide approve resolutions

Durante el encuentro la SIP estuvo representada por su director ejecutivo, Julio E. Muñoz.

 A continuación el texto íntegro de las resoluciones: Impunidad – No Prescripción, Cuba, México y Venezuela.

Impunidad – No Prescripción

CONSIDERANDO

que la mayoría de los 298 asesinatos contra periodistas ocurridos en los últimos 19 años no han sido resueltos y que la violencia contra la prensa de parte del crimen organizado se ha incrementado en varios países de las Américas

CONSIDERANDO

que la UNESCO, a través de la Resolución 29 del 12 de noviembre de 1997, promovida por Uruguay, Colombia, Costa Rica y México, y apoyada por Brasil, Chile, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, pidió a los Estados Miembros adoptar el principio de no prescripción “de los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia”; y solicitó a los gobiernos a perfeccionar “las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión”

CONSIDERANDO

que la Organización de los Estados Americanos en su resolución del 2 de junio de 1998 sobre Atentados Contra el Ejercicio de la Libertad de Prensa y Crímenes Contra Periodistas, instó a los Estados miembros a profundizar “las medidas necesarias para que se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas”

CONSIDERANDO

que la falta de acción y/o indiferencia de las autoridades para el esclarecimiento de los crímenes contra periodistas genera autocensura en los medios de comunicación y desinformación en la ciudadanía, lo que constituye una fisura a la libertad de expresión y la libertad de prensa

CONSIDERANDO

Que el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consigna que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

El Comité Coordinador Global resuelve:

exhortar a los gobiernos a cumplir con los compromisos de la Resolución 29 de la UNESCO (1997) y de la OEA (1998), así como a adecuar las leyes internas para que se cree un mejor andamiaje legal y judicial para combatir la impunidad.

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Cuba

CONSIDERANDO

que en Cuba ha sido suprimida la libertad de prensa por 46 años

CONSIDERANDO

que el gobierno mantiene 25 periodistas encarcelados, entre ellos, 18 presentan serios trastornos de salud y las autoridades se niegan a liberarlos por razones humanitarias

CONSIDERANDO

que en las cárceles prevalecen condiciones de insalubridad y hacinamiento, agravadas por la pésima alimentación, la falta de atención médica, el maltrato a los reos y la obligada convivencia con prisioneros comunes de alta peligrosidad

CONSIDERANDO

que a cuatro periodistas excarcelados en el 2004 por razones de salud se les retiene el permiso gubernamental para emigrar, y dos de ellos han sido citados por los tribunales bajo amenazas de retornarlos a prisión

CONSIDERANDO

que prosiguen las intimidaciones policiales, las represalias gubernamentales, las detenciones temporales, los registros domiciliares y el acoso de turbas, movilizadas e instigadas por los agentes de Seguridad del Estado

CONSIDERANDO

que el ejercicio periodístico independiente dentro de Cuba sobrevive en condiciones abrumadoramente adversas, sin suficientes recursos materiales ni acceso a las tecnologías de la información

CONSIDERANDO

que el uso del internet en Cuba está controlado por el Estado, que impide el acceso a la red de los ciudadanos nacionales, lo que ha motivado una prolongada huelga de hambre del periodista Guillermo Fariñas, actualmente en grave estado de salud

CONSIDERANDO

Que el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consigna que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

El Comité Coordinador Global resuelve:

exigir la liberación incondicional de todos los periodistas encarcelados y el fin de las represalias gubernamentales contra los informadores independientes

reclamar el otorgamiento del permiso para emigrar a los cuatro periodistas excarcelados por motivos de salud y el cese de las amenazas gubernamentales contra ellos

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México

que en el 2006 se han agravado, extendido e incrementado las amenazas, presiones y hostigamiento contra periodistas mexicanos, principalmente en los estados en los que el crimen organizado ha establecido sus principales operaciones: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California. Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; y que existen casos de reporteros y editores que prefieren no denunciar públicamente por temor

que los autores de estas agresiones que se registran en el país son producidas por integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos municipales, estatales y federales, quienes utilizan contra los periodistas mensajes escritos, amenazas verbales, armas de fuego, queman sus automóviles, los privan de su libertad durante horas y los golpean o hasta los torturan

que los niveles de impunidad sobre agresiones a periodistas son muy altos y que en ninguno de los crímenes de periodistas de los últimos 20 años las autoridades han logrado atrapar a todos los responsables y obtener sentencias condenatorias definitivas

que las autoridades mexicanas han expresado su preocupación e interés en llevar a cabo reformas legales que faciliten la persecución de los responsables de las agresiones a periodistas

que el 16 de febrero de 2006 el gobierno mexicano creó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas y seis días después, el 22 de febrero, fue designado David Manuel Vega Vera como titular de esa oficina, pero ésta no se encargará de investigar los casos de agresiones a periodistas en que esté involucrado el crimen organizado

CONSIDERANDO

Que el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consigna que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

El Comité Coordinador Global resuelve:

exiigir al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno que cumplan con su obligación de garantizar el libre ejercicio del periodismo, como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de México

demandar a las autoridades federales y estatales que investiguen a fondo y den resultados concretos sobre las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, atentados y asesinatos contra los informadores

reclamar al Ejecutivo federal y al poder Legislativo, que cumplan con los ofrecimientos para llevar a cabo modificaciones legislativas y que promuevan los consensos necesarios para reformar los códigos Penal Federal y el de Procedimientos Penales Federales y demás normas que permitan que los delitos cometidos contra periodistas, cuando sean provocados por el ejercicio de su profesión, sean investigados por la Procuraduría General de la República, no prescriban y tengan agravantes

solicitar al gobierno mexicano que otorgue facultades legales y los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios a la nueva Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas, para que pueda desarrollar su trabajo de forma eficaz, expedita y enérgica, e investigar las agresiones a periodistas en las que estén involucrados integrantes del crimen organizado

pedir al gobierno federal y a los estatales que informe de manera transparente, oportuna y permanente, de los avances en las investigaciones que existen sobre las agresiones a periodistas.

Venezuela

CONSIDERANDO

que en Venezuela prevalecen las limitaciones para la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, implícitas en el nuevo marco legal que el régimen ha promovido y aprobado

CONSIDERANDO

que las agresiones, presiones económicas y amenazas contra los medios independientes se han intensificado peligrosamente

CONSIDERANDO

que la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ya ha generado “providencias administrativas” que sancionan a numerosos medios radioeléctricos privados, confiscando así espacios de programación regular, además de las numerosas y obligatorias transmisiones oficiales en cadena, que son el inicio de una escalada de sanciones y penalizaciones progresivas, contempladas en la citada Ley, hasta llegar a la revocatoria de las frecuencias y el cierre de las emisoras

CONSIDERANDO

que numerosos periodistas han sufrido agresiones mientras cumplían sus labores, así como detenciones, encarcelamiento, persecuciones y amenazas por parte del gobierno

CONSIDERANDO

Que el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consigna que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

El Comité Coordinador Global resuelve:

condenar la violación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos a la libertad de expresión y el derecho a la información, por parte del gobierno de esa nación

rechazar las agresiones y acciones de intimidación que adelanta el gobierno en contra de los medios de comunicación y los periodistas

mantenerse vigilante a la situación de la libertad de expresión e información de Venezuela.

Press freedom organizations worldwide approve resolutions

on crimes against journalists and violations in the Western hemisphere.

Miami (June 5th, 2006).  The Global Coordinating Committee of Press Freedom Organizations meeting in Moscow, Russia, yesterday issued a series of resolutions on violence against journalists, their murders and the breach of press freedoms in many countries including Cuba, Mexico and Venezuela.

The one-day meeting brought together in Moscow the International Broadcasting Association, International Federation of the Periodical Press, International Press Institute, World Association of Newspapers, World Press Freedom Committee and the IAPA, who supported the resolutions unanimously.

Julio E. Munoz, Executive Director, represented the IAPA at the meeting.

The following is the full text of the resolutions:  Impunity – No Statute of Limitations, Cuba, Mexico and Venezuela.

Impunity – No Statute of Limitations

WHEREAS

the majority of the 298 murders of journalists occurring in the past 19 years have not been resolved and that the violence against the press on the part of organized crime has increased in several countries in the Americas

WHEREAS

UNESCO, in its Resolution 29 of November 12, 1997, initiated by Uruguay, Colombia, Costa Rica, and Mexico, and supported by Brazil, Chile, Ecuador, Haiti, Panama, Paraguay, the Dominican Republic and Venezuela, asks its member states to “adopt the principle that there should be no statute of limitations for crimes against persons when these are perpetrated to prevent the exercise of freedom of information and expression or when their purpose is the obstruction of justice”, and requests “that governments refine legislation to make it possible to prosecute and sentence those who instigate the assassination of persons exercising the right to freedom of expression”

WHEREAS

the Organization of American States in its resolution of June 2, 1998 on Attacks Against the Exercise of Freedom of the Press and Crimes Against Journalists, called upon its member states “to urge member states to strengthen the measures needed for the investigation and punishment, in accordance with their domestic law, of assaults upon freedom of expression and crimes against journalists”

WHEREAS

the lack of action and/or indifference of the authorities to crimes against journalists being solved generates self-censorship in the media and causes the people to go uninformed, which is a fissure  in freedom of expression and freedom of the press

WHEREAS

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights establishes that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”

The Global Coordinating Committee resolves:

to call upon the governments to fulfill their commitment to Resolution 29 of UNESCO (1997) and the OAS Resolution (1998), also to adapt their domestic legislation so that it creates a better legal and judicial framework in which to combat impunity.

Cuba

WHEREAS

in Cuba press freedom has been suppressed for 46 years

WHEREAS

the government continues to hold 25 journalists in prison, among them, 18 are suffering serious health conditions and officials refuse to release them on humanitarian grounds

WHEREAS

prison conditions are unhealthy and overcrowded and prisoners suffer from poor nutrition and lack of medical attention and are forced to live together with dangerous prisoners

WHEREAS

four journalists released in 2004 for health reasons have been denied permits to leave the country and two of them have been subpoenaed by the courts and threatened with being thrown back in jail

WHEREAS

police intimidation, government retaliation, temporary detentions, house arrests and harassment by government security forces prevail

WHEREAS

independent journalists in Cuba work in overwhelmingly poor conditions, without sufficient resources nor access to information technology

WHEREAS

the use of the Internet in Cuba is controlled by the government, which prevents citizens from accessing the Web, the reason for a lengthy hunger strike by reporter Guillermo Fariñas, currently in serious health

WHEREAS

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights establishes that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

The Global Coordinating Committee resolves:

to demand the unconditional release of all imprisoned journalists and to put an end to government retaliations against the independent press

to call for the issuing of the permit to leave the country for four formerly imprisoned journalists for health reasons and to put an end to government threats against them

Mexico

WHEREAS

in 2006 threats, pressures on and harassment of Mexican journalists have spread and increased, mainly in those states in which organized crime has established its principal operations – Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California. Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Oaxaca and Veracruz – and there exist cases of reporters and editors who prefer not to make public accusations out of fear

WHEREAS

these attacks throughout the country have been carried out by members of organized crime and municipal, state and federal officials, who use written messages, oral threats, firearms, the burning of automobiles, deprivation of liberty for hours at a time, beatings and even torture against journalists

WHEREAS

the levels of impunity in cases of attacks on journalists are very high and authorities have not managed to apprehend those responsible and obtain definitive jail sentences in any of the crimes against journalists in the past 20 years

WHEREAS

the Mexican authorities have expressed their concern and interest in carrying out legal reforms that would facilitate the pursuit of those responsible for attacks on journalists

WHEREAS

on February 16 the Mexican government created the Office of Special Prosecutor for Crimes Against Journalists and six days later, on February 22, David Manuel Vega Vera was named director of that office but will not be responsible for the investigation of attacks on journalists involving organized crime

WHEREAS

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights establishes that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

The Global Coordinating Committee resolves:

to call upon the Mexican State and the three branches of government to fulfill their obligation to guarantee the free practice of journalism as a fundamental right consecrated in the Mexican Constitution

to demand that federal and state authorities investigate in depth and provide concrete results about the threats, intimidation, harassments, attacks and murders of journalists

to appeal to the federal executive and legislative branches to carry out the offers made to the IAPA to amend legislation and to seek the necessary consensus to reform the Federal Penal Code, the Federal Criminal Procedures Code and other laws so that crimes committed against journalists, when these result from their practicing their profession, are investigated by the Mexican Attorney General’s Office, and that these investigations shall not be subject to statute of limitations and have aggravating circumstances

to ask the Mexican government to grant legal faculties and the necessary economic, human and technical resources to the new Office of Special Prosecutor Office for Crimes Against Journalists, so that it can develop the work in an efficient, expeditious and energetic manner to investigate attacks in which members of organized crime are involved

Venezuela

WHEREAS

in Venezuela restrictions on freedom of expression, the right to information and the practice of journalism prevail, implicit in the new legal framework that the regime has promoted and approved

FUENTE: nota.texto7