Venezuela: Misión de la SIP halla franco deterioro de la libertad de prensa/IAPA mission finds sharp deterioration in press freedom

La misión de la SIP encabezada por su presidenta Diana Daniels, se reunió durante tres días en Caracas y Puerto Ordaz con representantes de la prensa venezolana, organizaciones gremiales y no gubernamentales vinculadas a la comunicación, académicos y representantes de sectores de la sociedad civil, quienes expusieron detalles sobre la difícil situación que atraviesa la prensa en ese país sudamericano.  

Daniels, vicepresidenta de The Washington Post Company, lamentó que las autoridades nacionales y provinciales se hayan negado a reunirse con la delegación cuando ésta tenía la intención de intercambiar puntos de vista y dar a conocer la posición de la SIP tras las reiteradas denuncias recibidas y las cuales están registradas en los informes sobre libertad de prensa que emite cada seis meses la institución.

“Esta actitud demuestra la falta de interés del gobierno para buscar soluciones por la vía del diálogo, refleja la intolerancia que existe hacia la prensa independiente y su papel indispensable en cualquier democracia, y desnuda el grave problema que representa la falta de acceso a la información oficial”, señaló Daniels.

“Nos preocupa que lejos de mejorar las condiciones de la prensa en este país, la libertad pueda restringirse aún más durante y después del proceso electoral” que desencadenará en las elecciones presidenciales de diciembre próximo, advirtió Daniels, quien fue acompañada por el vicepresidente Rafael Molina, El Día, República Dominicana; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín, Prensa Libre, Guatemala; Felipe Edwards, director de la SIP y vicepresidente ejecutivo de La Segunda, Chile; Julio Muñoz, director ejecutivo y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.

La misión de la SIP confirmó la existencia de un peligroso y restrictivo andamiaje legal que se ha ido aprobando en los últimos años particularmente con la mayor penalización de los delitos a través de la prensa, el desacato y la Ley de Contenidos, dispositivos que son utilizados para perseguir a periodistas y medios a través de procesos judiciales.  

Marroquín señaló que la aprobación y aplicación de estas leyes en forma arbitraria “pretende limitar los espacios de libertad de expresión para todo el pueblo venezolano, que ve así afectado su derecho a recibir información”.

Expresó que en las últimas misiones efectuadas al país, ocho desde fines de 1999, “se viene notando una tendencia creciente de juicios por difamación contra periodistas lo que parece indicar una persecución especial a las voces independientes, agravado esto con penas mayores contra delitos a través de la prensa como quedó plasmado en la última reforma al Código Penal así como por la falta de independencia en el Poder Judicial”.

La misión también manifestó su preocupación por las medidas coercitivas contra la radio y la televisión que se han visto obligados a disminuir sensiblemente su programación informativa, acosados por una ley que permite la intromisión del gobierno en sus contenidos editoriales y en las políticas de contratación de personal, fija rígidas pautas de horario informativo brindándole al gobierno amplios espacios para su propaganda política, incluyendo reiteradas y extensas cadenas nacionales del Presidente, y por las amenazas de quita o no renovación de sus licencias ante cualquier información que incomode al gobierno o funcionario de turno.

Marroquín lamentó que “desde el principio del gobierno de presidente Hugo Chávez se ha visto una clara tendencia a limitar la información, actitud típica de regímenes autoritarios que siempre ven en la prensa a un enemigo”.

La delegación comprobó que ninguno de los principios de la Declaración de Chapultepec se cumple a cabalidad en el país. Citó como ejemplo el hecho de que el acceso a la información pública es restringido; que se utiliza la distribución de publicidad oficial para premiar y castigar a los medios; que los anunciantes privados son amenazados de continuar su pauta publicitaria en medios independientes; que el gobierno se entromete en las líneas editoriales de los medios mediante argucias legales; que amenaza a los medios electrónicos con la quita de licencias y que se persiga y castiga a los periodistas que informan con independencia.

Más allá del deterioro del clima de libertad de prensa, atribuido a una acción deliberada y estratégica de los poderes del Estado, la SIP resaltó la valentía y coraje de los periodistas y medios de comunicación independientes que luchan día a día para informar a la población y cumplir con su responsabilidad en la vida democrática.

El vicepresidente primero de la SIP, Rafael Molina manifestó que la SIP continuará vigilando la libertad de prensa y de expresión en Venezuela, a la vez que reiterará sus denuncias ante organismos mundiales e intergubernamentales, como la Organización de Estados Americanos, exhortando a que se adopten las medidas necesarias para que Venezuela cumpla con parámetros democráticos y respete la libertad de expresión de sus ciudadanos y el libre ejercicio del periodismo.

Molina indicó que la delegación informará a otras autoridades de la institución que se reunirán este próximo viernes en Miami y estima que el Comité Ejecutivo adoptará medidas estratégicas que permitan seguir apoyando a la prensa independiente del país y garantizando el derecho a la información de cada ciudadano venezolano.

Correo del Caroní

Después de su estadía el 18 de julio en la región de Ciudad Guayana adonde la delegación acudió para analizar una medida de desalojo y demolición contra el diario Correo del Caroní promovida por el Consejo Legislativo del estado Bolívar, la SIP reiteró de que se trata de una medida ridícula, ajena a toda base legal y que se evidencia el atropello burdo para acallar a un medio de comunicación independiente.

La misión se reunió con directivos de instituciones intermedias, dirigentes políticos, directivos y periodistas del diario afectado, quienes además denunciaron ser víctimas de agresiones frecuentes, acoso constante y discriminación de acceso a la información oficial. El gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez, así como el alcalde de Caroní, Clemente Scotto, se negaron a recibir a la delegación, éste último incluso después de aceptar la entrevista.

El Consejo Legislativo había presentado un informe sobre “la situación jurídica de los bienes inmuebles de la empresa Editorial Roderick, C.A.”, en el que exhortaba a la Alcaldía de Caroní a iniciar de manera inmediata el desalojo y cese de la actividad comercial de la empresa e iniciar la demolición de los edificios e instalaciones de la compañía, bajo la excusa de una solicitud de dos vecinos que quieren que en ese espacio se construya una plaza pública.

Daniels y Marroquín expresaron que después de revisar toda la información recabada temen que “este coqueteo con la propiedad privada pueda derivar en acciones firmes contra éste y otros medios de comunicación que quieran mantener sus líneas editoriales independientes”.

La delegación, que también recibió denuncias sobre otros atentados y agresiones contra periodistas y medios de otros estados del país, concluyó que “es preocupante el grado de indefensión al que están expuestos medios y periodistas del interior del país, que al igual que aquellos de repercusión nacional e internacional, también son víctimas de la estrategia gubernamental para obligarlos a no informar con independencia”. Agregó que la SIP está muy atenta a todas las agresiones sufridas en los estados y que permanecerá denunciándolas en detalle en sus informes semestrales sobre la situación de libertad de prensa en el país.

IAPA mission finds sharp deterioration in press freedom in Venezuela

MIAMI, Florida (July 19, 2006)—An international delegation of the Inter American Press Association (IAPA) declared today that the climate of press freedom and free speech in Venezuela has deteriorated sharply and is marked by restrictive legislation, prosecution of journalists in the courts and harassment of news media.

The IAPA mission, headed by the organization’s president, Diana Daniels, during its three-day visit to the South American country met in Caracas and Puerto Ordaz with representatives of the Venezuelan press, news associations, non-governmental organizations, civil society and academics who revealed details of the plight the press is facing there.

Daniels, vice president of the Washington Post Company, Washington, DC, said she regretted that Venezuelan national and provincial government officials refused to meet with the delegation, whose objective was to exchange views and clearly state the IAPA’s position on repeated complaints the organization has received and which are featured in its biannual reports on the state of press freedom.

“This attitude shows the lack of interest on the part of the government to seek solutions through dialogue, reflects intolerance of the independent press and its essential role in any democracy, and reveals the serious problems that lack of access to official information represents,” Daniels declared.

“We are concerned that far from improving conditions for the press in this country, freedom may become even more restricted during and after the electoral process” – a reference to the run-up to presidential elections in December.

Accompanying Daniels in the mission were IAPA First Vice President Rafael Molina, El Día, Dominican Republic; Press Freedom Committee Chairman Gonzalo Marroquín, Prensa Libre, Guatemala; Board of Directors Member Felipe Edwards, La Segunda, Chile; Executive Director Julio Muñoz and Press Freedom Director Ricardo Trotti.

The mission confirmed the existence of what it described as a dangerous and restrictive legal structure enacted in recent years, that provides for stiffer penalties for those found guilty of crimes committed through the press, and passage of an insult law and a Contents Law – used to hound journalists and media in the courts.

Marroquín said that the enactment and arbitrary implementation of these laws “seeks to limit freedom of expression of all Venezuelans, and thus deprives them of their right to know.”

He said that in the latest missions to Venezuela – eight since late 1999 – “we have noticed a growing tendency to file libel suits against journalists, which appears to indicate an attempt to silence independent voices. This is made worse by the imposition of stiffer penalties for crimes committed through the press, as in the latest reform of the Penal Code, and by the judiciary’s lack of independence.”

The mission also expressed concern at coercive action taken against radio and television stations, which have had to significantly cut back the amount of news they broadcast under terms of a law allowing government to decide editorial content, staff hiring policies and set strict time limits on newscasts, thus providing the government with increased space for its political propaganda – including lengthy and repeated national hookups for presidential broadcasts – while posing the threat of withdrawal or non-renewal of broadcast licenses in the event of any news item that annoys the government of the day or one of its officials.

Marroquín declared that “since the outset of the Chávez’ administration a clear tendency toward limiting information has been observed, the typical action of authoritarian regimes that always see the press as an enemy.”

The delegation found that none of the principles of the IAPA-sponsored Declaration of Chapultepec was being fully complied with in Venezuela. It cited as examples the fact that access to public records is restricted; placement of official advertising is being used to reward or punish media; private-sector advertisers are threatened for advertising in independent media; the government interferes in editorial policies through subtle legal maneuvers; broadcast media is threatened with cancellation of licenses, and journalists trying to report independently are hounded and punished.

Apart from the deterioration in press freedom, which they attributed to a deliberate, strategic act on the part of the government, the IAPA pointed to the courage of individual journalists and news media struggling on a daily basis to inform the people and carry out their role in a democratic society.

IAPA First Vice President Molina said that the IAPA would continue to keep a close watch on the state of press freedom and free speech in Venezuela and would continue to submit its censures to world and inter-governmental agencies, such as the Organization of American States, and demand steps be taken to force Venezuela to comply with democratic principles, respect its citizens’ right to freedom of expression and ensure the free practice of journalism.

Molina added that the delegation would report back to other IAPA officers who are scheduled to meet in Miami on Friday. He expected the organization’s Executive Committee at that time to approve strategic action in continued support of Venezuela’s independent press and demands that the right of every Venezuelan citizen to be informed be guaranteed.

Correo del Caroní

Following the delegation’s visit on July 18 to Venezuela’s Ciudad Guayana region, where it went to look into an eviction and demolition order against the newspaper Correo del Caroní issued by the Bolívar State Legislature, the IAPA reiterated that this was a senseless action, without legal foundation, and amounted to a clumsy attempt to silence an independent news media outlet.

The mission met with media association representatives, political leaders and executives and journalists from the newspaper who complained of being subjected to frequent attacks, constant harassment and discrimination when it comes to access to official information. Bolívar State Governor Francisco Rangel Gómez and Caroní Mayor Clemente Scotto refused to meet with the delegation – the latter even after having earlier agreed to do so.

The Legislature had presented a report on “the legal situation concerning the real property of the company Editorial Roderick, C.A.,” in which it urged the Caroní city government to immediately begin the company’s eviction, halt its commercial activity and start demolition of its buildings and installations, on the pretext of two neighbors’ demands that the space be used for a public park.

Daniels and Marroquín, after reviewing all the information, voiced their fear that “this playing around with private property could lead to strong actions being taken against this and other news media that seek to maintain their independent editorial policies.”

The delegation, which also heard complaints of attacks on journalists and media in other Venezuelan states, concluded, “The degree of defenselessness that media and journalists are exposed to in the interior of the country is of concern. They, like those that have received national and international attention, are victims of a government strategy that forces them not to report independently.” It added that the IAPA would continue monitoring the provinces and denounce any attacks in detail in its twice-yearly reports on the state of press freedom in the country.       

FUENTE: nota.texto7