Revisión trimestral del estado de la libertad de prensa/Quarterly review of the state of freedom of the press

Miami (21 de julio del 2006).- El Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy durante una reunión en esta ciudad, su preocupación de que “el continente americano todavía se mantenga alejado de un clima ideal de libertad de prensa y de expresión en el que se garantice diariamente el derecho del público a la información como aspecto central de la vida en democracia”.

En su revisión trimestral a la situación de la libertad de prensa, la SIP indicó su pesar por el secuestro de tres periodistas que todavía permanecen desaparecidos, los asesinatos y las amenazas provenientes particularmente del crimen organizado; la restricción al acceso a la información oficial en numerosos países; la discusión de proyectos de leyes de prensa restrictivos y, entre otros temas, el aumento de agresiones verbales por parte de autoridades y sectores políticos contra los medios de comunicación.

Las máximas autoridades de la SIP ratificaron las conclusiones de una reciente misión a Venezuela que comprobó el deterioro de la libertad de prensa en ese país. La SIP confirmó la existencia de un andamiaje de leyes restrictivas que se han ido aprobando en los últimos años, “particularmente con la mayor penalización de los delitos a través de la prensa, el desacato y la Ley de Contenidos, dispositivos que son utilizados para perseguir a periodistas y medios a través de procesos judiciales”. 

Los delegados lamentaron las medidas coercitivas contra la radio y la televisión venezolanas, medios que se han visto obligados a disminuir sensiblemente su programación informativa, acosados por una ley que permite la intromisión del gobierno en sus contenidos editoriales y en las políticas de contratación de personal, así como las amenazas a la no renovación de sus licencias en caso de que mantengan una posición contraria al oficialismo.   

La SIP también condenó enfáticamente al gobierno de Cuba por su continua política de hostigamiento contra la prensa independiente y especialmente por mantener a 25 periodistas encarcelados. Sobre ambos países, la institución envió un mensaje de solidaridad a los informadores y sus familias, y resaltó la valentía y coraje de los periodistas y medios de comunicación independientes que son permanentemente perseguidos.

Las autoridades de la SIP, encabezada por su presidente Diana Daniels, del The Washington Post Company, Washington, D.C., mostraron su preocupación por una tendencia creciente de mandatarios, ministros de gobiernos y sectores políticos que en actos públicos han señalado a medios de comunicación como opositores a sus gobiernos, al mantener la independencia de sus políticas editoriales, tal como se registró en Argentina, Honduras, Uruguay y Venezuela.

En Argentina, el periodismo independiente sigue siendo blanco de las agresiones verbales y desprecio del presidente Néstor Kirchner. Los medios y periodistas que reflejan una posición diferente y crítica son reprochados públicamente. El acceso de la prensa también es limitado por cuanto el mandatario argentino considera innecesario conceder entrevistas ni convocar a conferencias de prensa. En Uruguay, se ha incrementado la hostilidad verbal del presidente Tabaré Vázquez y otros miembros de su gobierno hacia la prensa. Vázquez señaló a tres diarios, un semanario, cuatro radios y dos canales de televisión como medios opositores al gobierno y los acusó de tergiversar la información y perpetrar operaciones políticas en su contra. En Venezuela, son conocidas las reiteradas alocuciones del presidente Hugo Chávez, del vicepresidente Vicente Rangel y de otros funcionarios contra medios y periodistas críticos a su gestión de gobierno. También en Honduras el presidente Manuel Zelaya ha mantenido posiciones muy críticas contra los medios de comunicación.

Sobre temas legislativos y decisiones judiciales, la SIP denunció una serie de proyectos de ley restrictivos que se observan en varios países de la región. Mencionó como un retroceso que en Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 3 de mayo la vigencia de la Ley de Imprenta de 1904 que castiga con cárcel la injuria y la calumnia. Así también consideró que un anteproyecto del Código Penal de Panamá que aumentaría las penas a periodistas por concepto de delitos contra el honor, calumnia e injuria es una contradicción con los avances en materia de libertad de prensa impulsados por el presidente Martín Torrijos.

En Chile tras la reforma del sistema procesal penal, los jueces han adoptado la práctica de citar a los directores de medios en casos de querellas por injurias o calumnias. En Paraguay, se presentó ante la Cámara de Diputados en mayo un proyecto de ley que restringe la difusión de “imágenes y determinados testimonios gráficos” que afecten los sentimientos de piedad y respeto por los muertos, heridos y víctimas, y pone en manos del Poder Ejecutivo la aplicación de la norma. En Uruguay, se impuso una condena de tres meses de prisión a un periodista por el delito de injurias y aunque no fue encarcelado, el hecho desató una polémica sobre las restricciones que acarrean los delitos de difamación y desacato.

Por otra parte, la SIP pasó revista a las numerosas agresiones físicas y amenazas en diversos países del continente en los últimos tres meses, de las cuales destacó las cometidas en Colombia contra periodistas en Bogotá, Cauca, Huila y Tolima. En El Salvador, 14 periodistas y fotógrafos fueron atacados mientras cubrían protestas de estudiantes a principios de este mes.

La organización hemisférica expresó la necesidad de que los gobiernos enfaticen su lucha contra el crimen organizado que en los últimos meses ha sido el mayor causal de violencia contra periodistas como el secuestro, desaparición y asesinato. Este aspecto se ejemplificó con la desaparición de Rafael Ortiz Martínez, el 8 de julio del 2006 y Alfredo Jiménez Mota, el 2 de abril del 2005, en México y de Enrique Galeano, el 4 de febrero del 2006, en Paraguay. Asimismo reclamó la pronta investigación de parte de los gobiernos de los asesinatos de José Joaquín Tovar, 16 de junio  y Jorge Aguirre, 5 de abril, en Venezuela y la muerte de Gustavo Rojas Gabalo, víctima de un atentado en febrero, en Colombia.

El narcotráfico también sería responsable de graves amenazas en contra de Marilú Gambini Lostaunau, de Perú, quien abandonó el país en abril tras informar sobre presuntos vínculos de empresarios locales con el tráfico de narcóticos y de Luis Alcides Ruiz Díaz, de Paraguay, luego de publicar los nombres de presuntos traficantes de droga que operarían en Pedro Juan Caballero, ciudad fronteriza con Brasil.

Como elementos positivos la SIP destacó que el Senado de Colombia archivó un proyecto de ley que pretendía ampliar el alcance de los delitos de injuria y calumnia cometidos por periodistas y directores de medios de comunicación. También se observaron en México algunos avances en cuanto a legislación favorable a los periodistas, tales como la reciente modificación del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales que protegen el secreto profesional y la aprobación en la Cámara Federal de una iniciativa de ley que busca derogar los delitos de calumnia e injuria.

Por último, la SIP hizo un llamado a todos los gobiernos del hemisferio a adoptar leyes de acceso a la información a las que calificó de “gravitantes y trascendentales para reafirmar el derecho del público a la información”. En el continente americano, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú y República Dominicana cuentan con leyes de acceso a la información pública, mientras que existen proyectos de ley en Brasil, Chile, Guatemala y Nicaragua.

IAPA says state of press freedom in the Americas still far from ideal

Organization’s governing body reviews press freedom violations in past three months

MIAMI, Florida (July 21, 2006)—The Executive Committee of the Inter American Press Association (IAPA) at its meeting here today said it was concerned at the fact that “the Americas remain a long way from an ideal climate for press freedom and free speech, in which the public’s right to know is guaranteed every day, a cornerstone of democracy.”

In its quarterly review of the state of freedom of the press, the IAPA’s governing body expressed sorrow at the kidnapping of three journalists whose whereabouts remain unknown; murders and threats, particularly those committed by organized crime; limited access to official records in many countries; legislative action seeking to restrict the press, and verbal abuse leveled at news media by public officials and politicians.

The IAPA officers ratified the findings of a mission the organization sent recently to Venezuela that press freedom has deteriorated in that South American country. It confirmed the existence of a whole host of restrictive laws passed in recent years, “particularly those stiffening penalties for crimes committed through the press, an insult law and the Contents Act, measures used to intimidate journalists and media through the courts.”

The mission members complained of coercive action against privately-owned Venezuelan radio and television stations, media that have been required to substantially reduce their news broadcasts under terms of a law that empowers the government to interfere in editorial content and staff hiring policies, as well as threats of withdrawal of their broadcast licenses in the event they take an anti-government stance.

The IAPA Executive Committee also roundly condemned the Cuban government for its ongoing policy of harassment of the independent press there, and especially for continuing to hold 25 journalists in prison.

The IAPA sent messages of solidarity to colleagues and their families in the two countries and praised the courage of the independent journalists and news media who continue being persecuted.

The IAPA officers, headed by President Diana Daniels of The Washington Post Company, Washington, DC, expressed concern at what is seen as a growing tendency of heads of government, cabinet ministers and politicians to publicly characterize news media as opponents of their governments in maintaining an independent editorial stance, with particular reference to Argentina, Honduras, Uruguay and Venezuela.

In Argentina, the independent press continues to be the target of verbal attacks on the part of President Néstor Kirchner. Media and individual journalists that reflect a different view from the official one are publicly reproached. Access by the press is also limited, as the Argentine president regards it unnecessary to grant interviews or hold news conferences. In Uruguay, verbal attacks on the press by President Tabaré Vázquez and members of his government has increased. Vázquez accused three daily newspapers, a weekly, four radio stations and two television channels of being anti-government and charged that they distorted the news and carried out political action against him. In Venezuela, the repeated rantings by President Hugo Chávez, Vice President Vicente Rangel and other officials against media and journalists critical of his administration are well known. In Honduras also, President Manuel Zelaya has come out highly critical of the news media.

Regarding legislative and legal actions, the IAPA denounced a series of bills that would, if enacted, clamp down on the press in a number of countries. It described as a setback the fact that in Costa Rica the Supreme Court on May 3 upheld the 1904 Press Law, which provides for imprisonment of those found guilty of libel and slander. Another set back can be seen in a draft bill to reform the Penal Code in Panama, which would stiffen penalties for journalists convicted of libel or defamation, as contrary to the progress made in the area of press freedom promoted by President Martín Torrijos.

In Chile, following a criminal procedure reform, judges have adopted the practice of putting media editors on trial in libel and defamation lawsuits. In Paraguay, a bill was presented to the Chamber of Deputies in May that would restrict publication of “images and certain graphic statements” offending feelings of compassion and respect for the dead, injured persons and victims, and would empower the government to enforce the measure. In Uruguay, a journalist was sentenced to three months in prison for libel and although he ultimately did not go to jail the ruling sparked controversy over restrictions that charges of defamation and contempt of public officials give rise to.

The IAPA also reviewed the numerous physical attacks and threats in a number of countries in the Americas in the last three months, among them those committed in Colombia against journalists in Bogotá, Cauca, Huila and Tolima. In El Salvador, 14 reporters and news photographers were beaten up while covering a student protest demonstration earlier this month.

The hemisphere organization declared a need for governments to reinforce their war on organized crime, which in recent months has been the major source of violence unleashed against journalists through kidnapping, disappearances and murders. This was illustrated by the disappearance in Mexico of Rafael Ortiz Martínez on July 8, 2006 and of Alfredo Jiménez Mota on April 2, 2005, and in Paraguay of Enrique Galeano on February 4, 2006. It called for prompt investigation by governments into the murder of José Joaquín Tovar on June 16 and of Jorge Aguirre on April 5 in Venezuela and the death of Gustavo Rojas Gabalo in February in Colombia.

Drug traffickers are also believed to be responsible for serious threats issued to Marilú Gambini Lostanau of Peru, who fled her country after reporting on local businessmen’s alleged links with the illicit drug trade, and to Luis Alcides Ruiz Díaz of Paraguay, following publication of his reports on drug traffickers allegedly operating in Pedro Juan Caballero, on the Paraguay-Brazil border.

On a positive note, the IAPA reported that the Colombian Senate had shelved a bill that sought to extend the range of libel and defamation offenses committed by reporters and media editors. Some progress has also been noted in Mexico, where there had been a number of legislative actions favorable to journalists, such as the recent amendment of the Federal Penal Code and the Federal Code of Criminal Procedure, providing legal protection for professional secrecy, and passage in the lower house of the federal legislature of a bill seeking to abolish libel and slander as criminal offenses.

Finally, the IAPA issued a call to all the governments of the Western Hemisphere to enact laws providing for access to information, describing them as “central and of great significance to reaffirm the public’s right to know.” In the Americas, Canada, Dominican Republic, Ecuador, Jamaica, Mexico, Panama, Peru and the United States already have such laws on access to public records, while there are legislative bills seeking enactment of them in Brazil, Chile, Guatemala and Nicaragua.   

FUENTE: nota.texto7