La SIP pide a los gobiernos americanos rescatar a la libertad de prensa como un valor democrático - IAPA asks governments in the Americas to rescue press freedom as a democratic value

Santo Domingo, República Dominicana (21 de julio del 2007).- El Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por el retroceso de la libertad de prensa en el hemisferio occidental, e hizo una llamado público a los gobiernos americanos para ir en su rescate “como valores esenciales para la consolidación de la democracia y el pleno desarrollo de los pueblos”.

Al pasar revista a la situación de la libertad de prensa desde marzo pasado, las máximas autoridades de la SIP mostraron su profunda preocupación por los asesinatos, desaparición y amenazas en contra de reporteros en México; el deterioro de la salud de los  periodistas independientes en las cárceles de Cuba y el cierre de Radio Caracas Televisión en Venezuela, entre otros hechos de relevancia durante el último trimestre.

En ese sentido, la SIP ratificó las conclusiones de una reciente misión a Venezuela que comprobó el deterioro de la libertad de prensa en ese país, en especial debido al cierre de Radio Caracas Televisión el pasado 27 de mayo.

La SIP solidarizó con el personal de RCTV y destacó los esfuerzos de ese medio de comunicación de mantenerse como fuente informativa aunque a través de señales cerradas como ocurre desde este lunes. Apenas cancelada la licencia operativa de la televisora oficial, el  gobierno venezolano comenzó a operar un nuevo canal oficial, TVes, el cual trasmite con los equipos técnicos confiscados a RCTV, medida refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente de la SIP, Rafael Molina, director del diario dominicano El Día, expresó que “es cada vez más claro que en Venezuela se está viviendo un clima político propicio en donde los espacios de libertad de prensa y de expresión se ven cada día más acotados”, en referencia al cierre de RCTV así como a las más de cien denuncias sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación en los últimos meses.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, lamentó que el gobierno venezolano “no respete la pluralidad y diversidad de medios y esté en una carrera mediática para crear espacios oficiales para su propaganda, lo que indudablemente va maniatando los espacios para el disenso y la crítica tan necesarios para la democracia”.

Apenas terminada ayer la “Conferencia Hemisférica Poder Judicial, Prensa, Impunidad” que reunió a más de 200 personas entre magistrados de Cortes Supremas de Justicia, académicos y periodistas, los delgados de la SIP insistieron que uno de los atropellos mayores contra el derecho del público a la información lo representa la violencia y los crímenes contra periodistas.

La SIP destacó que se produjeron asesinatos de periodistas en México, como el de Amado Ramírez corresponsal de Televisa en Acapulco quien fue ultimado el 7 de abril, mientras que Saúl Martínez Ortega, de Interdiario, de Agua Prieta, en el estado de Sonora, apareció muerto después de una semana de desaparecido desde el 17 de abril pasado. También se resaltó la desaparición de Gamaliel López y Gerardo Paredes, corresponsales de TV Azteca en Monterrey; y el caso de Enésimo Zúñiga Franco, de diario El Sol, Torreón, quien estuvo desaparecido por varias horas y fue hallado con vida, golpeado, manteniéndose en la impunidad los culpables.

La autocensura es una de las consecuencias mayores de la violencia y la impunidad que viene reclamando la SIP desde hace una década. En ese sentido, se trató el caso del periódico Cambio, del estado de Sonora, cuyos directivos decidieron dejar de publicar el 25 de mayo tras dos atentados con explosivos a su sede, dando así respuesta a las faltas de garantías para la labor de más de 250 trabajadores.

Respecto a la impunidad, la SIP rescató como positivo la reunión mantenida con el presidente Alan García de Perú el 17 de mayo pasado, quien consideró favorable reformas legales que contemplen el agravamiento de las penas para quienes cometen delitos contra la libertad de expresión y para que los crímenes contra periodistas puedan ser procesados por tribunales especiales.

El Comité Ejecutivo reclamó nuevamente por la liberación de los periodistas independientes cubanos, y responsabilizó al gobierno de Raúl Castro por “atentar contra la vida de nueve de los 28 reporteros encarcelados, a quienes no se les brinda siquiera la mínima atención médica ante los graves trastornos de salud”.

El caso más reciente en Cuba, lo representa el periodista Armando Betancourt Reina quien fue condenado el 7 de julio a 15 meses de prisión tras un juicio que se había suspendido varias veces por falta de una acusación formal. Betancourt, integrante de la agencia Nueva Prensa Cubana, estaba detenido sin derecho a fianza desde el 23 de mayo del 2006 por haberse presentado en un barrio donde los vecinos protestaban por un desalojo forzoso perpetrado por las autoridades de la provincia de Camagüey.

El Comité Ejecutivo de la SIP también reclamó un mayor respeto para el libre ejercicio del periodismo, entendiendo que muchos gobernantes se han enfrascado en campañas de descrédito en contra de periodistas y de medios, acusándolos de desestabilizadores por el hecho de formular críticas a las gestiones oficiales o hacer denuncias sobre corrupción.

En ese sentido, se consideraron los continuos exabruptos del presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien ha mantenido una beligerancia permanente contra la prensa en general calificándola de “incompetente”, “mentirosa”, “corrupta”, “mediocre”, “mafiosa”, y de “bestias salvajes”, amenazando con “democratizar” a los medios de comunicación.

Por otra parte, la institución insistió en que la discriminación en el otorgamiento de publicidad con fondos del Estado, premiando y castigando algunos medios según sus líneas editoriales, es simple y llanamente corrupción. La SIP mantiene que esta práctica es común todavía en Nicaragua, Uruguay, Aruba, Argentina, Venezuela, y en Chile, país éste último, donde la Cámara de Diputados acordó investigar la inversión publicitaria del Estado, al señalar la necesidad de que la asignación de anuncios muestre “transparencia y pluralismo”.

Al tomar conocimiento de otras agresiones contra periodistas y medios en los países del hemisferio, la SIP resaltó la violencia contra profesionales de la prensa en el interior de Paraguay, al tiempo que celebró la aparición con vida del periodista paraguayo Enrique Galeano esta semana, quien había sido dado por desaparecido hace un año y medio. El periodista de radio declaró que estuvo escondido en Sao Paulo, Brasil, después de haber recibido amenazas contra su vida.

IAPA asks governments in the Americas to
rescue press freedom as a democratic value

IAPA leadership reviews restrictions and acts of violence against journalists in the past three months

Santo Domingo, Dominican Republic (July 21, 2007) — The Executive Committee of the Inter American Press Association (IAPA) expressed its concern over the deteriorating state of press freedom in the Western hemisphere, and publicly called on governments in the Americas to rescue freedom of the press as one of the “essential values for strengthening democracy and developing society to its full potential.”

In reviewing the state of press freedom in the Americas, the IAPA leadership expressed its deep concern over a number of developments since March of this year, including the killings, disappearances and threats to which reporters in Mexico have been subjected; the worsening health conditions of independent journalists behind bars in Cuba; and the closure of Radio Caracas Televisión in Venezuela.

The IAPA reaffirmed the conclusions of its recent mission to Venezuela, where it found press freedom to be in a state of decline, especially as a result of the closure of Radio Caracas Televisión (RCTV) on May 27.

The IAPA also expressed its solidarity with RCTV staff and highlighted the station’s continued efforts to provide news to the public. The station began broadcasting on cable and satellite television on Monday of this week. No sooner had RCTV’s license been canceled than the Venezuelan government took over the frequency to begin operating a new government-run station called TVes. The new station is using the broadcasting equipment seized from RCTV, a measure upheld by the Venezuelan Supreme Court.

IAPA President Rafael Molina, editor of the Dominican newspaper El Día, said that “it is increasingly clear that a political climate reigns in Venezuela in which freedom of the press and freedom of speech are more and more restricted,” alluding to the closure of RCTV and the more than 100 reported assaults on journalists and media outlets in recent months.

Meanwhile, Gonzalo Marroquín, chairman of the IAPA Committee on Freedom of the Press and Information and editor of the Guatemalan daily Prensa Libre, said that the Venezuelan government “has no respect for pluralism and diversity in the media and is determined to open up outlets for government propaganda. This is clearly restricting people’s opportunities to voice dissent and criticism, which is so crucial in a democracy.”

At yesterday’s conclusion of the Hemispheric Conference on the Judiciary, the Press, and Impunity — which was attended by more than 200 people, including Supreme Court justices, academics, and journalists — IAPA delegates stressed that violent crimes against journalists constitute a serious violation of the public’s right to be informed.

The IAPA discussed the recent killings of journalists in Mexico. Amado Ramírez, a correspondent for Televisa in Acapulco, was killed on April 7, and Saúl Martínez Ortega of Interdiario in Agua Prieta, Sonora, was found dead one week after he went missing on April 17. The IAPA also called attention to the disappearance of Gamaliel López and Gerardo Paredes, both of them TV Azteca correspondents in Monterrey, and to the case of Enésimo Zúñiga Franco, a journalist for the Torreón newspaper El Sol who went missing for several hours before he was found beaten but alive. Zúñiga’s assailants remain at large.

Self-censorship is one of the most significant effects of the violence and impunity that the IAPA has been working to combat for more than a decade now. In the case of the newspaper Cambio in the state of Sonora, the paper’s management decided to cease publication on May 25 after its headquarters were attacked with explosives on two separate occasions, and after authorities failed to provide assurances that its 250-plus employees would be able to work in safety.

The IAPA Executive Committee again called for the release of Cuban independent journalists from prison, and charged the government of Raúl Castro with “endangering the lives of nine of the 28 reporters behind bars by denying them even the most basic health care despite their serious medical conditions.”

The most recent such case in Cuba is that of journalist Armando Betancourt Reina, who on July 7 was sentenced to 15 months in prison after a trial that had been continued several times due to a lack of formal charges. Betancourt, a member of the news agency Nueva Prensa Cubana, had been held without bond since May 23, 2006, for having gone to a neighborhood where residents were protesting a forceful eviction by authorities in the province of Camagüey.

The IAPA Executive Committee also called on governments to allow journalists to do their work freely. A number of leaders have engaged in campaigns to discredit journalists and media outlets by claiming that their criticism of the government or their reports of corruption have a destabilizing influence.

One such example is Ecuadorian President Rafael Correa, who has been persistent in his hostility toward the press as a whole. In repeated outbursts, Correa has described the press as “incompetent,” “corrupt,” “middling,” “mafia-like,” and as “liars” and “savage beasts.” He has also threatened to “democratize” the media.

Meanwhile, the IAPA insisted that discrimination in the placement of government-funded advertising — as a way of rewarding or punishing media outlets for their editorial lines — is corruption, plain and simple. The IAPA maintains that this practice remains common in Nicaragua, Uruguay, Aruba, Argentina, Venezuela and Chile. In fact, the Chilean Chamber of Deputies has decided to look into how government money is spent on advertising, and has stressed the need for “transparency and pluralism” in the placement of government advertising.

In discussing other assaults on journalists and media outlets in the Western hemisphere, the IAPA called attention to violence against members of the press in Paraguay, even as it celebrated this week’s re-emergence of Paraguayan radio journalist Enrique Galeano, who is alive and well after having been missing for a year and a half. Galeano had gone into hiding in São Paulo, Brazil, after receiving a number of death threats.

FUENTE: nota.texto7