Miami (24 de mayo del 2000)-- La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su profunda preocupación por aparentes actos de acoso oficial por parte de entes gubernamentales peruanos en contra del diario El Comercio de Lima, hechos que "dañan la libertad de prensa en ese país".
La preocupación de la SIP se origina en que la Fiscalía Superior del Perú decidió no cerrar una investigación sobre una supuesta irregularidad cambiaria de parte del diario El Comercio, la cual ya habría prescrito después de diez años, hecho que fue denunciado por un programa de televisión el 13 de marzo pasado.
El programa "Contrapunto" sirvió para el inicio de un conjunto de investigaciones oficiales paralelas. Mientras el Fiscal del Dólar MUC, Jorge Sanz Quiroz, declaró cerrada la investigación por prescripción y falta de indicios, el procurador de Industria presentó una apelación para insistir en esa investigación que luego la Fiscalía Superior decidió continuar.
"Nos preocupan estas decisiones oficiales que aparentan estar dirigidas a menoscabar la acción informativa de un diario tan importante para la democracia peruana", dijo Tony Pederson, presidente de la SIP.
"Nuestra inquietud -agregó Pederson- es que existen precedentes que cuestionan la integridad del Poder Judicial, a través del cual, el gobierno de ese país ha confiscado un canal de televisión, ha interferido e intervenido en el manejo de varios medios independientes y, últimamente, ha acosado sistemáticamente a El Comercio".
Por otra parte, la fiscal de Delitos Tributarios y Aduaneros, Hilda Valladares, decidió abrir otra investigación en contra de El Comercio por una denuncia penal efectuada por dos accionistas minoritarios de ese diario, fundamentada en aquel programa televisivo. Esta misma fiscal es conocida por participación en las investigaciones que derivaron en la pérdida de la propiedad del Canal 2 de Lima por parte de Baruch Ivcher al despojarlo de su nacionalidad.
En ese sentido, Pederson y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina, recordaron la resolución que dispuso la SIP en su reunión de marzo pasado en Cancún, en la que se advirtió "sobre la grave responsabilidad de los magistrados y fiscales del sistema judicial, que apartándose del estado de derecho, en cualquier controversia judicial que pudiera afectar la propiedad e independencia editorial, en particular la de El Comercio, se hagan cómplices de acciones cuyo objetivo esencial sea perturbar la estabilidad de dicho diario y comprometer su independencia".
Por último, Pederson, Houston Chronicle, Texas y Molina, El Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, reclamaron que el gobierno de Perú debe impedir las acciones políticas, manipulaciones judiciales y cualquier otro tipo de ataques que busquen cercenar el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de libre empresa.
FUENTE: nota.texto7
