Miami (2 de abril del 2001).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al gobierno de Costa Rica a reformar la legislación penal sobre los llamados "delitos contra el honor" y el desacato, figuras que crean un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, contradiciendo así tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el país es signatario.
El pedido de la SIP surge tras un fallido encuentro que en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debían sostener el pasado 30 de marzo funcionarios del gobierno costarricense y ejecutivos del diario La Nación. La reunión había sido convocada por la CIDH para explorar iniciativas que permitan reformar aquellas leyes que sobreprotegen a los funcionarios públicos en detrimento del derecho a la información.
La posición de la SIP, expresada por su titular, Danilo Arbilla, en una carta enviada al presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, fue a raíz de que un tribunal costarricense desconoció la potestad de la CIDH después que emitiera medidas cautelares sobre una sentencia que condena al periodista Mauricio Herrera Ulloa y al diario La Nación.
Las condenas, en ambos casos, se debieron a publicaciones que el periodista hizo en La Nación en 1995 sobre escándalos financieros que involucraban a Félix Przedborski, un ex embajador honorario de Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, Austria. Los hechos fueron basados en denuncias efectuadas por reconocidas publicaciones europeas, Le Soire Ilustre, La Libre Belgique, Der Spiegel. En noviembre de 1999 los jueces consideraron que La Nación no había podido demostrar los hechos mencionados por los diarios europeos.
En febrero, tras el
rechazo de un recurso de apelación hecho por los demandados ante
la Corte Suprema de Justicia, la SIP calificó el hecho de "desmesurado,
funesto y negativo precedente de censura y un atentado a los principios
básicos de la libertad de expresión".
Texto de la carta enviada hoy por Arbilla al Presidente de Costa Rica:
"La Sociedad Interamericana de Prensa observa con extrema preocupación
el desarrollo que ha tenido una sentencia contra el periodista Mauricio
Herrera Ulloa y, solidariamente en lo civil, el diario La Nación,
cuyos precedentes se han convertido en un elemento atemorizante contra la
prensa costarricense y pueden ser usados por funcionarios públicos
para eludir la crítica y amenazar a quienes la ejerzan, con graves
perjuicios para la democracia de su país.
Tenemos conocimiento de que hasta el día de hoy a pesar del pedido de medidas cautelares formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instando a que no se ejecute la sentencia mientras se sigue el caso, el tribunal de Juicio Penal del Primer Circuito Judicial de San José ha desconocido la competencia de la CIDH y ha ordenado la ejecución de la sentencia. Debido a ello, la CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decrete medidas provisionales que protejan al periodista y al diario.
Nos preocupa muy especialmente que el Gobierno de Costa Rica no haya asistido, el pasado 30 de marzo, a una reunión convocada por la CIDH para explorar fórmulas de solución amistosa que deberían contemplar un cambio de la legislación penal sobre los llamados "delitos contra el honor" y de desacato, ya que estas figuras crean un marco restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, contradiciendo así tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el país es signatario.
Confiados en la posición de Costa Rica en materia de derechos humanos, aspecto que queda nuevamente reconocido con la asamblea general que la Organización de Estados Americanos realizará en su país, le exhortamos a que disponga las medidas necesarias para que, dentro del ordenamiento constitucional, ejerza su liderazgo que permita una solución adecuada a esta situación y se tramite de forma expedita una reforma a la legislación con el fin de evitar privilegios y protecciones de los funcionarios públicos en detrimento del derecho del público a la información.
Le instamos, además, a que su gobierno se sume al pedido de la CIDH para que la Corte emita medidas provisionales, y así se resuelva favorablemente este caso."
FUENTE: nota.texto7
