La denuncia contra el matutino fue interpuesta por la ex jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, quien se sintió difamada por la información periodística publicada el 12 de abril pasado, sobre faltantes de dineros públicos bajo su gestión de gobierno.
El director del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, y la periodista autora de la nota, Carolina Pavón, comparecieron el jueves pasado ante un funcionario de la fiscalía mexicana, y sorprendió que se les negara el derecho a recibir una copia de la acusación. El Grupo Reforma reveló que recibió 14 denuncias penales hechas por funcionarios, en su mayoría, en los últimos cuatro meses.
"La labor periodística se ve seriamente afectada por ataques como éste en donde un periodista enfrenta una acusación criminal por informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés general", afirmó el presidente de la SIP, Danilo Arbilla, Búsqueda, Montevideo, Uruguay. Agregó que "las sistemáticas denuncias penales en contra de periodistas y medios de comunicación constituyen una intimidación y una amenaza al sistema democrático".
Arbilla dijo que en México es preocupante la administración de Justicia, al explicar que el Ministerio Público, que tendrá a su cargo investigar la denuncia de la ex funcionaria ejecutiva, depende del propio Poder Ejecutivo. "Podríamos estar entonces ante una justicia injusta y parcial que tiene la potestad de erigirse en juez y parte", subrayó.
Al respecto, Arbilla observó que en 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en su informe anual sobre México, dictaminó que el monopolio exclusivo del ministerio público en la acción penal, "ha generado distorsiones, abusos y manipulaciones". El informe también recomendó cambios en ese sentido dentro del sistema judicial mexicano.
"Los funcionarios deben entender que sus denuncias contra los medios de comunicación no pueden servir de presión para tratar de modificar su línea editorial. Al optar por seguir una carrera pública, los funcionarios deben saber que están sometidos a la crítica y al escrutinio público, función de control que tiene la ciudadanía y para la cual es imprescindible que la prensa cumpla su labor informativa sin ningún tipo de impedimento. Así lo han especificado los tribunales en fallos sobre la libertad de prensa", añadió Arbilla.
La SIP aboga por la despenalización de la difamación e injuria por considerar que el juzgamiento de los periodistas en los fueros criminales, por sus publicaciones sobre asuntos de interés general, es un precio demasiado alto para la libertad de prensa y el derecho a la información.
La SIP, que agrupa a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, también ve favorablemente la eliminación de las leyes de desacato que brindan a los funcionarios una protección indebida por sobre cualquier ciudadano cuando por su condición, su tarea debe ser más transparente que ninguna y debe estar sometida a la crítica.
FUENTE: nota.texto7
