03 septiembre 2002

SIP solicita a naciones americanas considerar crímenes contra periodistas como delitos federales
Conclusiones de Tijuana: adecuar legislaciones, creación de fiscalías especiales, no prescripción del delito, reformas a códigos proce

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Miami (3 de septiembre del 2002) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a las naciones del continente americano adecuar sus legislaciones con el objetivo de que los crímenes contra periodistas sean tipificados como delitos federales, petición que se desprende de las Conclusiones de Tijuana, redactadas tras una conferencia de tres días en Tijuana, Baja California, México.

Alrededor de 250 periodistas, en su mayoría mexicanos, así como estadounidenses y de otras nacionalidades, participaron en la conferencia Narcotráfico: Periodistas Bajo Riesgo, organizada por la SIP en conjunto con los diarios Frontera, de Tijuana y El Universal, de Ciudad de México, que se celebró del 28 al 30 de agosto en Tijuana y fue presidida por el titular de la SIP, Robert J. Cox, del periódico The Post & Courier, de Charleston, Carolina del Sur.

A continuación reproducimos el texto íntegro de las conclusiones.

Conclusiones de Tijuana

Convencida de que el narcotráfico, en su interés por acallar el derecho de las personas de informar y ser informadas, es una de las peores y más repudiables formas de agresión a la libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa ha efectuado una jornada de trabajo bajo el título “Narcotráfico, Periodistas bajo riesgo” en Tijuana, Baja California, México, durante los días 28, 29 y 30 de agosto de 2002, con el propósito de plantear nuevas y más eficaces medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en las regiones de mayor peligro del continente americano.

La conferencia centró su atención en el creciente peligro que representa para la libertad de prensa, el narcotráfico y sus delitos derivados.

De las exposiciones presentadas durante la conferencia, la Sociedad Interamericana de Prensa ha arribado a las siguientes

CONCLUSIONES:

1.- Los Estados tienen la obligación de brindar las mayores garantías de seguridad al libre ejercicio periodístico, ya que sin libertad de prensa no puede existir la democracia. En consecuencia, corresponde a ellos adecuar sus respectivas legislaciones con los siguientes objetivos:
a)- que los crímenes contra periodistas sean tipificados como delitos federales o puedan ser objeto de cambios de jurisdicción hacia instancias especiales, como forma de garantizar una mayor diafanidad en el manejo de los juicios correspondientes y evitar que este tipo de delito quede impune.

b)- que se establezca el principio de no prescripción para los crímenes contra periodistas, por tratarse de crímenes contra la sociedad.

c)- que se incentive la creación de fiscalías especiales para investigar con mayor eficacia y celeridad los atentados cometidos contra periodistas y medios de comunicación.

d)- que, siguiendo el ejemplo de Colombia, se estimulen reformas a los códigos procesales y penales, con el fin de que se considere como circunstancia agravante, la comisión de un crimen o una agresión, cuando éstos se cometan en perjuicio de periodistas.

2.- Se insiste en la conveniencia de que los organismos internacionales consideren la existencia de la libertad de prensa como un condicionamiento para otorgar asistencia financiera o económica a los países del continente.

3.- Se asume el compromiso de continuar los proyectos de “Crímenes sin Castigo contra Periodistas” y “Periodistas en Riesgo”, mediante los cuales la SIP continuará celebrando este tipo de conferencias y promoviendo otras actividades para lograr una mayor capacitación de periodistas en áreas de alta peligrosidad para el cumplimiento de sus funciones.

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