Miami (13 de noviembre del 2002) - Jueces y periodistas salvadoreños y
costarricenses concluyeron en que los delitos contra el honor de las personas
cometidos a través de los medios de comunicación no deben castigarse
con la cárcel si no resolverse en la instancia civil, como una forma de
no perjudicar la libertad de prensa, el derecho del público a la información
y para evitar la autocensura.
Esta y otras conclusiones emergieron de las conferencias nacionales judiciales
sobre libertad de prensa organizadas por la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) este lunes y martes en San Salvador y San José en el marco de la
Declaración de Chapultepec.
El presidente de la SIP, Andrés García, quien inauguró
ambas sesiones, indicó que el objetivo que persigue la institución
es crear una base de entendimiento sobre la labor que desempeñan jueces
y periodistas. "Las jornadas de trabajo se realizan bajo el espíritu
de que una prensa libre y una Justicia independiente son cada una condición
indispensable de la otra y garantía esencial para el sistema democrático",
explicó García, del diario Novedades de Quintana Roo, Cancún,
Quintana Roo, México.
En ambos países se conformó un auditorio con magistrados de las
Cortes Supremas, jueces, fiscales, procuradores y periodistas. Las mesas de
discusión y trabajo versaron sobre aspectos actuales a la idiosincrasia
de cada país en temas tales como los delitos contra el honor, el acceso
a la información de tipo judicial, las relaciones entre jueces y periodistas.
El éxito de las reuniones fue señalado por el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Agustín García Calderón,
quien señaló que se ha avanzado mucho en las relaciones entre
jueces y periodistas y agregó que "hace 10 años era impensable
sostener reuniones en una misma mesa".
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
Luis Mora Mora, dijo que hay un nuevo ánimo de colaboración de
parte de la Rama Judicial con la prensa, y como ejemplo señaló
que la Corte ha modernizado un sistema de acceso a la información judicial
mediante una página electrónica donde hay información actual
sobre la jurisprudencia aplicada.
Ambos jueces participaron también en la Cumbre Hemisférica sobre
Justicia y Prensa que la SIP organizó en Washington, DC, en junio pasado.
Los paneles de trabajo que más discusión y diálogo generaron
fueron los relativos a los delitos contra el honor. Si bien hubo posiciones
encontradas sobre el papel de la prensa frente al honor, a la privacidad y a
la intimidad, existió una afinidad de criterios de que los delitos de
injuria y calumnia no deben conllevar la pena de cárcel para los periodistas
cuando se comete un delito a través de la prensa.
Varios expertos se refirieron a la tipificación de los delitos y a los
atenuantes y responsabilidades cuando la información agraviante no es
emitida con intención de ofender, o las diferentes tipificaciones cuando
se trata de información verdadera o falsa.
Primó el criterio de que los periodistas no deben ser juzgados por leyes
especiales ni tener privilegios, si no que deben estar sometidos a las leyes
generales. En ese sentido, el abogado constitucionalista argentino, Gregorio
Badeni, se refirió a la jurisprudencia de su país en materia de
libertad de prensa poniendo énfasis en las doctrinas de la "real
malicia" y la "Doctrina Campillay" y explicó que descansa
en el Congreso un proyecto de ley sobre la despenalización de la injuria
y a calumnia.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información,
Rafael Molina, indicó que "si bien son los legisladores quienes
deben reformar los códigos procesales para despenalizar los delitos contra
el honor, es también cierto que los jueces deben crear jurisprudencia
favorable a la libertad de prensa y de expresión, evitando la privación
de libertad".
Molina, de la revista Ahora, Santo Domingo, República Dominicana, agregó
que es necesaria una mayor apertura sobre la información judicial y un
mayor respeto de la prensa sobre la labor de los jueces. Además de García,
Molina y Badeni, la delegación de la SIP estuvo integrada por el director
ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz; el coordinador de Libertad de Prensa,
Ricardo Trotti; el abogado del proyecto Chapultepec, Jairo Lanao y el administrador
del proyecto Chapultepec, Sean Casey.
En otro aspecto relativo a la libertad de prensa, la delegación de la
SIP se entrevistó con los cancilleres de El Salvador, María Eugenia
Brizuela de Avila y de Costa Rica, Roberto Tovar, para manifestarle su preocupación
sobre aspectos de libertad de expresión que se debaten a nivel internacional.
FUENTE: nota.texto7