Miami (14 de octubre del 2003) – La evaluación de la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental, a partir de la Declaración de Chapultepec, finalizó hoy con la presentación de las conclusiones generales emanadas de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebró del 10 al 14 de octubre en Chicago.
La Declaración de Chapultepec, es un documento concebido en 1994 por políticos, escritores, académicos, abogados, periodistas y ciudadanos de las Américas, que establece 10 principios fundamentales para que una prensa libre cumpla su papel esencia en una sociedad democrática.
A continuación el texto íntegro de las conclusiones:
CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC EN LAS AMÉRICAS
Principio primero
Las libertades de expresión y de prensa se enfrentan a violaciones o, cuando menos, amenazas, en todo el continente.
Cuba se destaca por ser el país donde no sólo el primer principio de Chapultepec sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos se violan de forma más sistemática y completa. El monopolio de los medios de comunicación estatales, reforzado por el encarcelamiento y persecución de quienes intentan hacer periodismo independiente, son piedra angular del modelo totalitario. En Cuba, ninguno de los principios de Chapultepec tiene vigencia.
Veintiocho periodistas independientes cumplen condenas de entre 14 y 27 años de cárcel en condiciones infrahumanas, lejos de sus familias, sin atención médica ni respeto a otros derechos humanos básicos. Otros cuatro informadores ya estaban presos cuando rompió la última ola represiva sobre los 28 condenados más recientes. La censura en Cuba es absoluta hasta el punto que incluye la confiscación de los medios de recepción de informaciones con que cuenta la población y de los medios de producción de noticias utilizados por el periodismo independiente.
La retórica adoptada por el gobierno de Venezuela, su rebeldía frente a los organismos internacionales de derechos humanos y las acciones judiciales y de hecho dirigidas contra los medios de comunicación, hacen temer que el deterioro de la democracia en ese país desemboque en una violación igualmente severa del primer principio de Chapultepec.
La propuesta Ley de Contenidos merece especial mención en este contexto, puesto que amenaza con la definitiva estatización de todo el sistema de comunicaciones venezolano.
Principio segundo
La incautación judicial de cuatro diarios y varios medios electrónicos en República Dominicana niega el principio segundo de la Declaración de Chapultepec. La medida es consecuencia del congelamiento de activos de los propietarios de esos medios a raíz de un proceso judicial relacionado con el cumplimiento de obligaciones económicas, pero la forma en que se ejecutó impide al cuerpo editorial ejercer los derechos consagrados en el principio segundo. También existe preocupación por el posible uso de los medios intervenidos para favorecer la política oficial, lo cual implica la imposición de contenidos desde fuentes ajenas a los medios.
El Congreso Nacional brasileño tramita varias iniciativas de ley destinadas a coartar el derecho a buscar, recibir y difundir información. Con ese mismo fin, autoridades policiales y hasta el Consejo Federal de Medicina han emitido medidas administrativas que limitan el ejercicio del periodismo.
Principio tercero
Abundan en el continente los gobiernos que entorpecen el acceso a la información, que está más limitado en naciones como Brasil y Chile. Varios países, entre ellos Jamaica y Ecuador, tramitan leyes de acceso a la información, pero en algunos casos, esas iniciativas, lejos de ampliar el acceso a la información pública, podrían crear nuevas oportunidades para ocultarla. Así sucede en Honduras , Panamá y Puerto Rico . En el Perú se declararon secretos todos los alcances de una investigación sobre una interferencia telefónica hecha al presidente de la República. El secreto incluye el nombre de los responsables de esa falla de seguridad.
En Estados Unidos existe preocupación por que la guerra contra el terrorismo
llegue a alentar restricciones a la ley de libertad de información. Más
que por su gravedad, esas limitaciones preocupan porque restan autoridad al
ejemplo que el país ofrece
en este campo.
En Costa Rica se advierten notables avances en esta materia gracias a una serie de decisiones de la Sala Constitucional, que se ha pronunciado por la apertura de fuentes de información pública e, incluso, hizo ceder el secreto bancario para dar acceso a las cuentas corrientes utilizadas en las campañas políticas.
La protección de las fuentes periodísticas sufre especial menoscabo en México y Paraguay , donde autoridades judiciales y del Ministerio Público insisten en exigir a los periodistas información sobre sus fuentes. Sin embargo, el estado de Morelos aprobó una reforma constitucional de protección al secreto profesional del periodista y Coahuila analiza una medida similar.
El Superintendente de policía de Puerto Rico condujo una investigación de las llamadas telefónicas de reporteros a funcionarios de su despacho, para determinar si estaban filtrando informes a la prensa.
En Ecuador, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaró públicamente que así como los periodistas piden transparencia, se les debe exigir que revelen las fuentes de sus informaciones.
La Ley Patriota de Estados Unidos permitiría al Gobierno acceso a los archivos y fuentes de los medios de comunicación por razones de seguridad nacional. Uno de los pocos países que muestran avance en esta materia es Uruguay , donde recientes fallos judiciales amparan el derecho a proteger las fuentes. También en México se han adoptado leyes para ampliar el acceso a la información.
Principio cuarto
Los asesinatos de periodistas y la impunidad de sus autores es todavía la principal limitación a la libertad de prensa en Colombia , donde cuatro informadores murieron este semestre. Diecieséis periodistas abandonaron, bajo amenaza de muerte, la región de Arauca, y otros siete dejaron el país por las mismas razones. La guerrilla de las FARC secuestró a dos informadores y treinta periodistas denunciaron haber recibido amenazas. En los últimos 15 años, las autoridades sólo han resuelto 35 de los 122 casos de periodistas asesinados.
En Brasil, tres informadores perdieron la vida, pero las autoridades lograron el arresto de los involucrados en otros tres casos, lo que permite albergar la esperanza de que la impunidad llegue a su fin.
Haití es un ejemplo de impunidad generalizada, donde continúan los secuestros y amenazas contra los periodistas, al punto que una decena de ellos se vio obligada a abandonar el país.
Un periodista guatemalteco falleció durante la cobertura de incidentes protagonizados por seguidores del partido oficial, que agredieron a varios informadores. En Guatemala , las amenazas contra periodistas alcanzaron un punto dramático cuando el director del El Periódico , José Rubén Zamora, fue sorprendido en su residencia por un grupo armado que lo retuvo a punta de pistola durante varias horas frente a su familia. Otros informadores han sido blanco de agresiones y amenazas.
En países como México y Costa Rica todavía hay homicidios de periodistas pendientes de esclarecer.
Un avance notable en el continente es la ley canadiense que castiga a quien intente intimidar a un periodista para entorpecer su labor informativa.
Durante este semestre los periodistas también sufrieron agresiones físicas en Bolivia , Canadá y Ecuador, entre otras naciones. En Paraguay , Nicaragua y Perú las agresiones tomaron la forma de amenazas de muerte o secuestros.
Principio quinto
Recientes reformas al Código Penal de Canadá podrían desembocar en censura previa porque amplían la facultad de los jueces para prohibir informaciones en casos penales. La justicia chilena y la paraguaya también hicieron uso de la legislación para prohibir la difusión de reportajes sobre casos judiciales.
En Estados Unidos, las reformas a la regulación federal de comunicaciones suscitan debate sobre el libre flujo de la información, pues, en opinión de sus opositores, las nuevas medidas permitirían la concentración de la propiedad de medios de comunicación en pocas manos. El debate se extiende a los medios de comunicación de habla hispana, donde los críticos temen que la concentración de medios dañe la sana competencia. En la otra cara del debate existen dudas en cuanto a si el gobierno puede, de conformidad con la Constituci ón, decir quién puede y quién no puede ser propietario de periódicos y emisoras.
Principio sexto
La discriminación contra medios de comunicación en razón de lo que publican se ha hecho sentir en Guatemala y Nicaragua , donde importantes diarios han sido objeto de arbitrario y especial escrutinio por parte de las autoridades tributarias.
Principio séptimo
La restricción en la compra de divisas en Venezuela dificulta a los medios de comunicación adquirir insumos indispensables y bienes necesarios para actualizar su infraestructura. El gobierno venezolano también utiliza la concesión de licencias para presionar a los medios electrónicos y el 3 de octubre decomisó los equipos de microondas de Globovisión Canal 33 con justificaciones legales carentes de mérito.
En Argentina, una nueva ley de radiodifusión hace temer por el pluralismo informativo al poner medios electrónicos en manos de las autoridades provinciales y municipales.
Los pequeños y medianos diarios son discriminados en la aplicación del Impuesto al Valor Agregado
Principio octavo
En Nicaragua , la colegiatura obligatoria de periodistas no ha entrado en vigencia por razones de mero procedimiento, pero la ley está vigente pese al criterio contrario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno y los gremios periodísticos de Ecuador demostraron su disconformidad con este principio, que fue invocado, inicialmente, como razón para no firmar la Declaración de Chapultepec, pese a que la Constitución vigente establece la libertad de asociación
En consonancia con los dictados de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional de Colombia reiteró el carácter universal del derecho a informar y rechazó que se le pueda someter a requisitos previos, como lo pretendía la Ley de Profesionalización Periodística.
La presidenta Mireya Moscoso vetó una ley que establecía el sistema de licencias gubernamentales para ejercer el periodismo en Panamá.
Principio noveno
Las autoridades y la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana investigan la complicidad de algunos medios de comunicación con las arbitrariedades del gobierno de Alberto Fujimori. Esos medios, apartándose de la ética y de la ley, contribuyeron a reprimir las manifestaciones legítimas del periodismo peruano mediante campañas de desprestigio y desinformación.
La imposición de deberes éticos a la prensa por parte de las autoridades es motivo de debate en Bolivia , donde el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada propuso, sin éxito, crear una superintendencia bajo control estatal.
El debate también se suscitó en Ecuador como consecuencia de los Diálogos Nacionales convocados por el gobierno. El presidente Lucio Gutiérrez anunció que enviaría al Congreso una ley reguladora de la labor de la prensa para impedir la difusión de chismes y noticias infundadas. A los pocos días, el mandatario desistió de la iniciativa, pero dijo que utilizaría la ley vigente con igual fin.
Principio décimo
El marco jurídico en que desempeñan su labor los medios de comunicación del Continente es excesivamente restrictivo, con la salvedad de un puñado de países.
En Brasil, la prensa se ve constantemente amenazada por las altas indemnizaciones que conceden los tribunales por concepto de daño moral.
En Chile aún no prosperan las iniciativas tendientes a eliminar la figura del desacato, aunque se logró derogar una referencia constitucional a la difamación.
En Costa Rica, los intentos de reformar el limitante marco jurídico no prosperan. El enjuiciamiento de un columnista del diario El Tiempo hizo temer que en Colombia se instaure el delito de opinión, y en República Dominicana, a pesar de que la legislación vigente no lo permite, se han producido arrestos de periodistas. En México y Paraguay las acusaciones penales por difamación se multiplican de manera preocupante.
A las presiones políticas en la Corte ya existentes en el Ecuador, la Cámara de Comercio de Guayaquil intenta sumar una nueva ley que redefine y amplía la figura de la difamación. En Honduras , las penas por difamación y calumnia alcanzan entre seis y nueve años de cárcel.
En Panamá, las autoridades aún no derogan las leyes mordaza que datan de la dictadura y prevén severas sanciones para los medios de comunicación, incluida la posibilidad de decretar su cierre definitivo.
Un congresista peruano aplica actualmente la intimidación judicial contra el diario El Comercio , que enfrenta una demanda por difamación estimada en US$ 50 millones. El juzgado que ventila la causa trabó embargo preventivo sobre los bienes de los demandados sin determinar el monto, lo cual pone en peligro la viabilidad del periódico.
La SIP colabora activamente en el desarrollo de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información con la finalidad de apoyar los esfuerzos orientados a cerrar la brecha digital haciendo posible el acceso de todos los ciudadanos del mundo a los beneficios de las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, pese a esos esfuerzos, en el seno de la Cumbre otros grupos plantean objetivos opuestos, orientados a desvirtuar el papel de la prensa, radio y televisión libres, con la intención de intervenir y controlar los contenidos y la propiedad de los medios a través de supuestos derechos colectivos a la información.
FUENTE: nota.texto7
