Miami (7 de abril del 2004).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó
su profunda preocupación por cambios y reformas en el Código Penal
en diferentes estados de México, en los que se han agudizado las penas
carcelarias en contra de periodistas, lo que representa un atentado a la libertad
de prensa.
La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, a
través de su presidente Rafael Molina, se solidarizó con las protestas
encabezadas por periodistas en el estado de Chiapas que reclaman al gobernador
Pablo Salazar Mendiguchía por las reformas al Código Penal aprobadas
unánimemente por el Congreso local el pasado 17 de febrero que agravan
las penas por lo delitos de difamación y calumnia de tres a nueve años
y multas de cien a mil días de salario mínimo, convirtiéndolas
en las más elevadas del país.
En lo particular esta reforma que entrará en vigencia el próximo
26 de mayo, obliga a los dueños, gerentes o directores de los medios
de comunicación a difundir la sentencia e impone dos días de multa
por cada día que no sea publicada, después de habérsele
notificado el fallo.
Molina, del periódico dominicano El Nacional, manifestó que “existe
en algunos estados mexicanos una gran contradicción respecto a la tendencia
latinoamericana en la que observamos que se busca la discriminalización
de los delitos de injurias y calumnias, debido a que las penas carcelarias representan
un atentado a la libertad de prensa”.
“Observamos otra gran contradicción en México –agregó
Molina- ya que por un lado el estado de Chiapas muestra este retroceso, mientras
que por el otro en la Ciudad de México fue anunciado el pasado 20 de
febrero el impulso de un proyecto de ley dirigido a retirar del Código
Penal local los delitos de difamación y calumnias por considerar que
restringen la crítica contra la autoridades y limitan el ejercicio del
periodismo libre al tener como consecuencia la autocensura en los medios de
comunicación.”
En el informe sobre la situación de la libertad de prensa en México,
presentado en marzo la reunión semestral de la SIP en Los Cabos, la organización
denunció también como preocupante que el 12 de febrero el Congreso
del estado de Aguascalientes aprobó una iniciativa de ley, enviada por
el gobierno estatal, que regresa al Código Penal local los delitos de
difamación y calumnia, que ya habían sido retirados en mayo del
2003.
FUENTE: nota.texto7
