La organización llama la atención sobre el avance peligroso del Estado en el manejo editorial y la creación de medios de comunicación por parte de gobiernos en varios países latinoamericanos
La organización llama la atención sobre el avance peligroso del Estado en el manejo editorial y la creación de medios de comunicación por parte de gobiernos en varios países latinoamericanos
Miami (9 de julio de 2008) La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su alarma y profunda preocupación por la incautación de dos canales de televisión por parte del gobierno de Ecuador y al manejo editorial oficial de esas emisoras lo que constituye un grave atropello al derecho del público a la información.
La policía intervino el 8 de julio en la madrugada los canales privados de televisión Gamavisión, TC Televisión y CN3, propiedad del grupo económico Isaías, luego que la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), ordenara la incautación de 195 propiedades de los ex dueños de Filanbanco, con el fin de recuperar las pérdidas ocasionadas por esa entidad bancaria durante su administración, según medios locales y agencias de prensa internacionales. La medida generó protestas de periodistas y trabajadores de esos medios, en especial debido a la suspensión de noticieros y al cambio de la política editorial.
Más allá de la justificación administrativa de las autoridades, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo que lo que no se sostiene bajo ningún punto de vista es que esa acción de las empresas haya sido complementada por someter la política editorial, habiendo nombrado un director periodístico gubernamental.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, argumentó que esa medida no hace otra cosa que disfrazar de licitud una política de censura. Añadió que la SIP es respetuosa y solicita en estos casos transparencia y debido proceso, pero no a costas de que se someta la política editorial de un medio. Es obvio que el nuevo director tendrá una visión editorial diferente, y que no será independiente para nada de la visión gubernamental. Eso no se puede disfrazar.
El gobierno destituyó a los directores periodísticos de las estaciones incautadas nombrando en su reemplazo al periodista José Toledo.
Desde 1998 la justicia ecuatoriana sometió a proceso penal a Roberto y William Isaías, ex administradores de Filanbanco, acusados por supuesto peculado del banco que pasó a manos del Estado. La AGD, entidad que dictó la medida, está encargada de garantizar el pago de los depósitos de los clientes de las instituciones financieras y en proceso de saneamiento.
Marroquín agregó que más allá del temor político existente en el país, sobre que esta podría ser una medida política del presidente Rafael Correa destinada a minar la independencia de los medios de comunicación en torno a la próxima asamblea constituyente, lo cierto es que tememos que se trate de acciones como las que denunciamos en los gobiernos de Fujimori y el actual de Chávez, donde hubo excusas de toda índole para acallar y cerrar medios de comunicación.
La SIP, en sus últimos informes de libertad de prensa en el continente, viene remarcando la peligrosa actitud de varios gobiernos latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que han creado numerosos medios de comunicación con fondos públicos para usarlos como agentes de propaganda política.
Marroquín recordó que en Ecuador, tras la incautación del diario El Telégrafo de Guayaquil en el 2007, el gobierno prometió que ese medio sería subastado, aunque vemos ahora que lo mantienen como una gacetilla oficial.
En Estado ecuatoriano, a través de la AGD, incautó el diario El Telégrafo, después de intervenir en la década pasada los bienes del banquero Fernando Aspiazu, el mayor accionista en aquel entonces, condenado a prisión por estafa e irregularidades en el desaparecido Banco del Progreso de su propiedad. El diario fue relanzado con nuevo diseño en marzo pasado con una agresiva presencia de publicidad oficial.
La preocupación de la SIP viene a colación de las declaraciones de ayer del ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, quien ante una pregunta sobre el destino de las emisoras, recogida por el diario El Comercio, dijo: No le puedo decir si a lo mejor en el remate gana alguna entidad del Estado o una universidad, una empresa de economía popular o alguien que tenga que ver con la cultura. Me gustaría que se democraticen los medios de comunicación.
De acuerdo a Nicolás Vega, gerente general de Gamavisión, el canal ya no pertenece al grupo Isaías, por lo que consideró que la orden de la AGD pone en peligro la libertad de expresión. En tanto, directivos de TC Televisión aclararon que este medio pertenece a Estéfano Isaías, hermano de los acusados y quien no forma parte del proceso penal.
En otro incidente no relacionado con la incautación de los canales de televisión, el 7 de julio en la noche, fue clausurada la emisora crítica al gobierno, Radio Sucre en Guayaquil, por disposición de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) debido a alegados problemas con la frecuencia, la que no fue renovada por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel).
La SIP revisará este tema en su reunión de Comité Ejecutivo que se realizará en esta ciudad el próximo 18 de julio, así como la posibilidad de enviar una delegación internacional a Ecuador.
FUENTE: nota.texto7
