Ex alcalde de Barrancabermeja, Julio Cesar Ardila Torres fue condenado a 28 años y cuatro meses de prisión.
Ex alcalde de Barrancabermeja, Julio Cesar Ardila Torres fue condenado a 28 años y cuatro meses de prisión.
Miami (21 de enero de 2009).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó hoy la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga que condenó al ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila Torres, a 28 años y 4 meses; y a Juan Pablo Ariza, candidato al concejo municipal de Barrancabermeja y a Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la Asamblea Departamental de Santander, como coautores del asesinato del periodista José Emeterio Rivas.
El cuerpo sin vida del director del programa de Investigación contra la Corrupción Administrativa en Barrancabermeja, de la emisora comunitaria Calor Stereo, fue encontrado baleado en un sector rural entre Bucaramanga y Barrancabermeja, en el departamento de Santander, el 6 de abril de 2003. Había recibido amenazas por denunciar presuntas irregularidades en la contratación de la ciudad a favor de los paramilitares de la zona.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario El Tiempo de Bogotá, destacó que “se trata de un hecho muy signifcativo porque por primera vez en mucho tiempo se condena al autor intelectual de un crimen contra un periodista y por el mensaje que el Poder Judicial colombiano está enviando en este caso para ir erradicando la impunidad que ha sido por muchos años el generador de violencia.”
En octubre de 2004, la Fiscalía dispuso el cierre de esta investigación luego de escuchar en indagatoria a dos testigos y al propio Ardila. En septiembre de 2007, fueron capturados Ariza y Rueda Tobón, acusados de participar en el homicidio. Para la época del asesinato, ambos trabajaban para el entonces alcalde Ardila Torres, quien se entregó a las autoridades en abril de 2008.
Dos años antes, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación acusó a los paramilitares Pablo Quintero, alias Bedoya y Bolmar Sepúlveda, de sedición, homicidio y posesión ilegal de armas, y al ex alcalde de haber “favorecido supuestamente objetivos” de los grupos de extrema derecha.
El 12 de septiembre de 2006 fueron vinculados a la investigación y escuchados en indagatoria los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Un mes después se les dictó orden de captura para lograr que se presentaran ante las autoridades debido a que contaban con la condición de desmovilizados dentro del proceso que se adelanta con los paramilitares.
En la versión libre rendida ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en Medellín, departamento de Antioquia, alias Bedoya confesó haber cometido el crimen contra el periodista por orden de los paramilitares y políticos que servían a los intereses del Bloque Central Bolívar de los paramilitares en la región.
La sentencia, dictada el pasado 13 de enero por la jueza Nelly Vallejo Aranda, le impide a Ardila Torres acogerse al derecho a prisión domiciliaria, como también al derecho a la suspensión condicional de la pena, es decir que no recibirá rebajas en los años de prisión por no haber colaborado con la justicia. Solo tendrá derecho al recurso de apelación, de conformidad a lo establecido en la ley.
Ariza y Rueda ya habían sido detenidos 2003 acusado por el homicidio, sin embargo fueron dejados en libertad. Por su parte, la investigación había señalado a Ardila Torres como presunto autor intelectual del crimen, pero también le fue revocada la medida de aseguramiento, por lo que la SIP inició un proceso de seguimiento a la investigación del crimen del periodista hasta que en marzo de 2006 la Fiscalía General de la Nación dispuso de éste y otros 11 casos tratados con prioridad en su Unidad de Derechos Humanos.
La SIP, a través de su Proyecto Contra la Impunidad, solicitó al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, establecer dentro de las versiones libres de los paramilitares desmovilizados la pregunta sobre su participación en crímenes de periodistas.
Con el apoyo financiero de la Fundación John S. y James L. Knight, el Proyecto Contra la Impunidad investiga, promueve campañas de educación pública y entrena a periodistas para disminuir los riesgos en su cobertura profesional.FUENTE: nota.texto7
