Miami (9 de diciembre de 2009) - La Sociedad Interamericana de Prensa reiteró su preocupación y críticas a un proyecto de Ley de Comunicación patrocinado por el gobierno de Ecuador que entrará a debate en los próximos días en la Asamblea Nacional, cuyo contenido “afectará la libertad de prensa y de expresión, al contravenir principios interamericanos sobre el derecho del público a la información”.
La SIP considera que la nueva ley profundizará las restricciones a la libertad de prensa y al pluralismo que busca fomentar, además de entrometerse en los contenidos de los medios de comunicación, a pesar de que reconoce ciertos avances en la polémica general que despertó la discusión pública del proyecto, que entrará en los próximos días a su primer debate parlamentario.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, calificó de “positivas y preocupantes” las observaciones críticas al proyecto de Ley de Comunicación hechas por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgadas hoy por la prensa ecuatoriana.
“Consideramos oportuno y positivo - dijo Aguirre – que se haya consultado a la Relatoría, porque siempre sostuvimos que este proyecto contravenía estándares interamericanos señalados en el Art. 13 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, así como los Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA que están inspirados en la Declaración de Chapultepec”. Agregó que “los derechos y garantías inherentes al ser humano, no pueden ser concedidos por autoridad alguna, sino reconocidos como tales”.
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas con sede en Miami, dijo asimismo que sería “preocupante” que la Asamblea Nacional no tenga en cuenta “estas críticas de la Relatoría, que coinciden en general con nuestra posición expresada a través de la delegación internacional que enviamos a Quito hace un mes atrás y luego del análisis que hicimos en Buenos Aires durante nuestra reciente asamblea”.
En ese sentido, Aguirre recordó que la SIP viene reclamando como disposiciones contrarias a la libertad de prensa y de expresión la configuración de un órgano de control supraestatal que la probable futura ley creará; las regulaciones y sanciones similares que se aplicará a medios de comunicación diferentes, como los escritos y radioeléctricos; la obligación de inscripción de medios escritos en un registro anual especial; la distribución en porcentajes iguales de medios privados, públicos y comunitarios y, entre otros factores, la intromisión en la líneas editoriales en lo que se pudiera incurrir al obligar a los medios a seguir ciertas pautas éticas obligatorias.
En Carta al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero - quien días pasados afirmó que si la ley restringía las libertades debería tirarse “a la basura” – la relatora especial de la CIDH, Catalina Botero, señaló críticas sobre los siguientes puntos del proyecto: imposición de colegiación obligatoria para periodistas; sistema de registro y sanciones para todo tipo de medios; intervención en los contenidos; censura previa; violación del secreto profesional y obligación legal de conductas éticas.
“Consideramos – dijo Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y director editorial del diario San Antonio Express-News – que los legisladores deben dejar de lado esta ley, ya que bajo la excusa de un ordenamiento administrativo de los medios, lo que se está creando es un sistema de censura que ataca el principio más elemental de un democracia: el derecho del público a la información, a disentir, a opinar, a criticar”.
En la misión de la SIP efectuada a Ecuador a fines de octubre, liderada por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la institución y director del diario guatemalteco Prensa Libre, se insistió en que los proyectos de ley de entonces, violaban principios constitucionales, siendo que las leyes existentes y las normas de los códigos procesales “ya protegen en todas las dimensiones a la persona humana por cualquier abuso que pudiera cometer un medio de comunicación”, por lo que “no es necesario seguir creando regulaciones o una nueva ley de prensa”.
La delegación de la SIP concluyó que se trata de “una ley restrictiva, que generará censura gubernamental, que incentivará la autocensura y limitará el periodismo investigativo y sus denuncias sobre corrupción, desnaturalizando la función que le cabe a la prensa en una democracia”.
Tras el debate profundo sobre la ley a principios de noviembre en Buenos Aires, la asamblea de la SIP emitió una resolución insistiendo a los “miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador que en las nuevas leyes que se expidan, cumpliendo lo establecido en la Constitución Política, prevalezca el respeto irrestricto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de acceso a la información pública en concordancia con lo establecido en la propia Constitución Política, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de los que Ecuador es país signatario”.
FUENTE: nota.texto7
