Miami (22 de julio de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cumpla con su tarea de monitorear la grave situación de libertad de prensa y libertad de expresión en Ecuador, exhortándole a que insista ante los poderes públicos para que se reformen las leyes penales que criminalizan la crítica y la opinión, además de desistir en la sanción de leyes que limitarán la labor de los medios de comunicación.
En una carta enviada al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón y a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, Catalina Botero, el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, manifestó la preocupación de la institución tras el fallo del 20 de julio que condenó al ex editor de Opiniones del diario El Universo, Emilio Palacio, y a los directivos del periódico, Carlos, César y Nicolás Pérez, a tres años de prisión y a pagar una indemnización de 40 millones de dólares a favor del presidente Rafael Correa Delgado.
Marroquín, presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, consideró que este hecho no es aislado ya que “forma parte de una campaña sistemática de parte del poder público contra el derecho de opinión y el derecho del público a la información”, lo que constató una delegación internacional de la SIP que viajó a principios de esta semana a Quito.
Explicó que en las reuniones sostenidas con asambleístas y otras fuerzas diversas de la sociedad ecuatoriana “quedó claro que la libertad de prensa y la independencia de los poderes públicos, el acceso a una justicia independiente y equitativa, derechos individuales y sociales contemplados en la Carta Democrática Interamericana, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, son principios que vienen sufriendo un franco deterioro en el país, debido a actitudes y acciones directas adoptadas por el Presidente de la Nación”.
En ese sentido agregó que pese al marco de pesimismo, “existe una gran dosis de confianza en la atención que a estos casos pueden dar los organismos internacionales, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en la búsqueda de mecanismos y remedios que puedan contrarrestar esta situación y hacer recapacitar a un gobierno sobre la necesidad de garantizar las formas e instituciones democráticas”.
Marroquín también se refirió al proyecto de Ley de Comunicación en segundo debate en la Asamblea Nacional, sobre el que la SIP coincidió con las observaciones de la Relatora Especial en una carta enviada en agosto de 2010 al Presidente del Poder Legislativo. Sin embargo, el presidente de la SIP aclaró que “esta legislación no debe existir, al tratarse de una regulación que restringirá la libertad de prensa y de expresión, en contraposición a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH y a la Declaración de Chapultepec”.
Finalmente, Marroquín pidió a los funcionarios de la CIDH que “cumplan con su tarea de monitorear la situación en Ecuador, insistan ante los poderes públicos para que se reformen las leyes penales que criminalizan la crítica y la opinión, adaptando las normas a estándares jurídicos interamericanos, y que se desista de sancionar otras leyes que limitarán, no solo la libertad de los medios de comunicación, sino la de todos los ecuatorianos”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
FUENTE: nota.texto7
